TIPNIS. Amnistía Internacional lamenta las ‘dilaciones’ en el caso Chaparina. A un año de la violenta represión a la VIII marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) en Chaparina (Beni), los indígenas, el Defensor y otros volvieron a denunciar la impunidad de los autores de estos hechos, mientras el jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, acusó directamente al Presidente Evo Morales y al Vicepresidente Álvaro Garcia.
A un año, el Gobierno gana la pulseta a indígenas
La represión de Chaparina queda como mal recuerdo, a un año, el proceso contra los responsables de agredir a la marcha indígena está estancado en la justicia.
EL DÍA, 25 de Septiembre, 2012
Ref. Fotografia: Represión. Esta es una de las escenas observadas durante la golpiza policial a los indígenas hace un año.
Aun año de la represión en Chaparina, no solo que el hecho está impune, sino que el Gobierno de Evo Morales parece ir ganando la pulseta a los indígenas que se han quedado sin la sede de la Confederación Indígena de Bolivia (Cidob) en la Villa Primero de Mayo de Santa Cruz y que están a punto de perder en la consulta previa que se desarrolla en el Tipnis y dejar que al final la carretera rompa el corazón de esa reserva natural.
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Los principales dirigentes indígenas que impulsaron la octava y novena marcha aparecen esporádicamente en Santa Cruz y su resistencia se reduce a protestar en una humilde carpa donde han instalado “sus oficinas”, mientras que Melva Bejarano, la representante de una Cidob paralela, acude a ciertas invitaciones oficiales custodiada por agentes policiales.
Esa situación fue reconocida por uno de los voceros de la marcha, Lázaro Tacóo, quien denunció que Bejarano estuvo en la primera fila de invitados de una sesión de honor de los parlamentarios masistas de Santa Cruz.
Tacóo señaló que el Gobierno se la lanzado con todo contra el Tipnis, llevando regalos de todo tipo, supuestas brigadas médicas y de carnetización e instalando el Ejército Ecológico con la finalidad de penetrar al territorio y de paso amedrentarlos.
La resistencia continúa. En el Beni, la dirigente Mirian Yubanure dijo que “tendrán que pasar por encima de sus cadáveres”, si quieren construir la carretera a tiempo de pedir que los organismos internacionales se hagan eco de sus denuncias.
“Tenemos toda la razón pero el Gobierno usa todo su poder para imponerse”, dijo a tiempo de protestar por la designación del exministro Sacha Llorentty como embajador ante la ONU, “seguramente para bloquear todo”, dijo.
Cómo ocurrieron los hechos. La periodista Helen Álvarez, de Mujeres Creando recordó haber llegado a San Miguel de Chaparina acompañada del ex viceministro Alejandro Almaraz, el exembajador en Estados Unidos Gustavo Guzmán y los dirigentes Óscar Olivera, Omar Fernández, Moisés Torres, entre otras personas.
La noche del 24 de septiembre, luego de que las indígenas obligaran a caminar al canciller David Choquehuanca, para romper el cerco policial fue de mucha tensión, ya que los colonizadores que bloqueaban el paso en Yucumo hicieron detonar cachorros de dinamita toda la noche hasta el amanecer. Eso hacía temer un ataque, de manera que nadie pudo descansar bien y menos la guardia indígena.
La represión llegó a las 4 de la tarde cuando camiones del Ejército se estacionaron y policías empezaron a jalonear a dirigentes mientras mujeres policías trataban de llevarse a los niños. Solo decían que los iban a llevar a sus regiones, pero no preguntaban de dónde eran.
Impunidad. La comisión de fiscales del caso, integrada por Patricia Santos y José Ponce, solamente determinó imputar al ex subcomandante nacional de la Policía, general Óscar Muñoz Colodro, y al ex viceministro de Régimen del Interior, Marcos Farfán.
En tanto, dejó fuera del proceso al exministro de Gobierno, Sacha Llorentty, a quien liberaron de culpa por la supuesta existencia de una "ruptura en la cadena de mando". Sacha Llorentty es señalado por los indígenas como principal responsable de la represión.
La fiscal Patricia Santos justificó la demora en la investigación porque las 60 víctimas no han sido notificadas. Pero el dirigente indígena Adolfo Chávez cree que eso es un pretexto orquestado y que el caso lo irán sepultando de a poco.
La cadena se cortó desde abajo
Evo y Álvaro. El dirigente indígena Lázaro Tacóo dijo que ambos se “lavaron las manos” y negaron haber dado la orden de reprimir a los indígenas y que instruyeron a los fiscales dejarlos afuera de la investigación, libres de polvo y paja.
En vez de castigarlo fue premiado. el indígena Adolfo Chávez dijo que el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorentty, en vez de ser castigado por la represión, terminó siendo premiado como embajador de Bolivia ante la ONU.
Mandos medios. La comisión de fiscales solamente determinó imputar al ex subcomandante nacional de la Policía, general Óscar Muñoz Colodro, y al ex viceministro de Régimen del Interior, Marcos Farfán y señalaron que ahí se rompió la cadena.
Punto de vista
"Hay condescendencia del Poder Judicial al político"
“Un año después de la represión policial en Chaparina, lo que vemos es que existe una natural condescendencia del Poder Judicial al poder político, lo hemos visto siempre, no solo en este caso o con este gobierno. Cuando el Poder Ejecutivo es el que está cuestionado en este tema, el Poder Judicial, llámese jueces, fiscales y policías, se hacen los de la vista gorda y deciden ignorar todo, fenómeno contrario cuando se trata de la oposición política, cuando entonces se agiliza todo, se detiene, aprehende o se aplica la rigurosidad de la ley. Todo esto ocurre cuando el derecho se subalterniza al poder político y entonces el Estado de Derecho, las garantías constitucionales y el debido proceso son ignorados
Lo que ha quedado claro también es que aquí, el Gobierno central ha hecho todo por romper la cadena de mando y quedar fuera de la investigación, cuando cualquier estudiante de Derecho sabe que un delito se comete por omisión o por comisión. Los mandos policiales y militares no actúan solos, porque su mismo estatuto o reglamento dice que son instituciones que obedecen órdenes jerárquicas superiores, de modo que la represión debió ser ordenado por alguno de los ministros del ramo. Por eso es que las autoridades ejecutivas no pueden quedar afuera porque por haber ordenado o por haber permitido que las fuerzas represivas actúen solas, les cae algún grado de responsabilidad.
Ángel Paz
Director del Colegio de Abogados de SC
Entrevista: Mirian Yubanure
"Todo quedó en nada y terminaron premiando a nuestros represores’
Mirian Yubanure, de 30 años, dirigente de la Central de Pueblos Étnicos del Beni, es oriunda de San Miguel de Velasco en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y aunque no sabe leer ni escribir parece haberse graduado después un gran examen que el destino le preparó: fue una de las mujeres brutalmente reprimidas por la Policía en Yucumo, cerca de Chaparina, el 25 de septiembre del 2011, durante la octava marcha en la que pretendían que la carretera San Ignacio de Velasco y Villa Tunari no atraviese el corazón de esa reserva natural.
El viernes en la mañana la hemos encontrado en una reunión en Trinidad, Beni, según dijo cuando habló por teléfono, para recordar cómo ocurrieron los hechos.
P. ¿Qué recuerda del 25 de septiembre en Chaparina?
M.Y.: Lo recuerdo todo como si hubiera ocurrido ayer, me sueño en las noches, me dan pesadillas y me despierto sobresaltada porque pienso que me van a volver a apalear como ese día. Ese hecho marcó para siempre mi vida.
Me arrastraron, me amarraron, me patearon, estaba tirada en el suelo indefensa sin poder hacer nada, me pusieron cinta masquin en la boca, me ataron de pies y manos. Esas son imágenes que no se van a borrar nunca de mi mente.
P. ¿Y cómo empezó todo?
M.Y.: Bueno. Ese día domingo nos levantamos y participamos en misa, todos los marchistas somos católicos y estamos acostumbrados a esa práctica y como siempre nos encomendamos a Jesucristo. Fue después del almuerzo que escuchamos rumores que estábamos siendo rodeados por policías, por eso nos alarmamos y fuimos a averiguar qué estaba pasando.
¿Por qué cree que apresuraron la represión?
M.Y.: Al mediodía no pasó nada. Nosotros nos fuimos a coordinar en cada una de nuestras organizaciones sobre cuál debería ser la estrategia para pasar el cerco policial por un lado y el de los leales del Gobierno que nos esperaban en Yucumo y estábamos pensando que la columna principal pueda meterse al monte y salir más adelante de Yucumo, ya en territorio paceño, pero parece que entre nosotros habían infiltrados porque a las 4 de la tarde aparecieron por todos lados.
P. ¿Qué les decían?
M.Y.: Los policías nos insultaban de todo en forma irónica mientras nos obligaban a subir. Yo quise escapar al monte pero entre unos diez policías me agarraron y me arrastraron hasta un vehículo policial. Es lamentable, pero es más lamentable que todo ha quedado en nada y que Sacha Llorentty quien ordenó la represión lo premien como embajador ante la ONU.
El secuestro fue un invento. El exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, defensa de los procesados por supuesto secuestro e intento de asesinato del canciller David Choquehuanca, dijo que todo fue invento del Gobierno por contrarrestar la represión de Chaparina.
Señaló que Choquehuanca todo el tiempo estuvo custodiado por los policías, de modo que no pudo haber sido secuestrado y peor agredido, el 24 de septiembre en Chaparina, durante la octava marcha que defendía al Territorio Indígena del Parque Isiboro Sécure.
Amedrentaron a dirigentes. Por su parte el dirigente Adolfo Chávez dijo que a pesar de la confesión pública del canciller en el sentido que no fue plagiado, el Gobierno utilizó el hecho para corretear a una veintena de dirigentes indígenas a quienes inclusive les libraron mandamiento de apremio y eso sirvió para chantajearlos que no apoyen la novena marcha.
"Lamentablemente la justicia se prestó para magnificar el caso y para olvidarse de la brutal represión en Chaparina", dijo.
Amnistía Internacional lamenta las ‘dilaciones’ en el caso Chaparina
El Deber
La organización Amnistía Internacional, mediante un comunicado emitido ayer, lamentó que al cumplirse hoy un año de los ‘abusos policiales’ contra los indígenas de la octava marcha en defensa del Tipnis, los responsables del hecho no hayan comparecido ante la justicia. La organización presente en más de 150 países que trabaja por el respeto a los derechos humanos espera que los responsables sean llevados a la justicia sin ‘más dilaciones’.
"Es alarmante que a un año del operativo policial contra los manifestantes no se vean avances sustanciales en las investigaciones," dijo María José Eva Parada, investigadora sobre Bolivia de Amnistía Internacional. "Hasta el momento nadie ha sido acusado formalmente por los abusos y la investigación de la Fiscalía de La Paz no ha mostrado avances significativos”, agregó.
Amnistía recuerda además que los fiscales que llevan el caso excluyeron del proceso penal al entonces ministro Sacha Llorenti, argumentando que durante el operativo se habría roto la cadena de mando. El ministro renunció a su puesto poco después de la intervención policial.
La Defensoría del Pueblo no descarta acudir ante las instancias internacionales para denunciar las acciones violentas cometidas contra los indígenas. “No vamos a dejar que este hecho quede en la impunidad”, dice parte de un documento.
Por otro lado, el jefe del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, afirmó que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García son los principales responsables de la violenta intervención policial.
La ministra de Justicia Cecilia Ayllón y el titular del Tribunal Supremo electoral, Jorge von Borries, acusaron a la Fiscalía por la retardación en este caso. /Agencias
Chaparina: un año y no hay sanción
DESAGRAVIAN A INDÍGENAS.
Los Tiempos – 25/09/2012
A un año de la violenta represión a la VIII marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) en Chaparina (Beni), los indígenas, el Defensor y otros volvieron a denunciar la impunidad de los autores de estos hechos, mientras el jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, acusó directamente al Presidente y Vicepresidente.
“Hoy el MSM afirma que Evo Morales y Álvaro García Linera fueron quienes dieron la orden, que este manto de impunidad inexplicable sólo se explica porque los responsables directos de la orden, de la represión, del plan, de la consumación de la represión se llaman Evo Morales y Álvaro García Linera”, afirmó el líder del MSM durante una rueda de prensa.
Amnistía Internacional (AI) volvió a condenar lo sucedido en Chaparina e instó a las autoridades bolivianas a asegurar que los responsables de los abusos contra indígenas sean llevados a la justicia sin dilaciones.
El 25 de septiembre de 2011 oficiales de la Policía boliviana dispararon gases lacrimógenos de forma indiscriminada, golpearon y detuvieron arbitrariamente a hombres, mujeres y niños que participaban en una marcha indígena pacífica hacia La Paz contra la construcción de una carretera a través del Tipnis.
“Es alarmante que a un año del operativo policial no se vean avances sustanciales en las investigaciones”, dijo María José Eva Parada, investigadora sobre Bolivia de AI.
El Defensor del Pueblo, a través de un comunicado, también denunció impunidad sobre los sucesos de Chaparina pese a existir reportes, testimonios e informes de investigación que evidencian la brutal agresión.
“Ha pasado un año desde entonces y la justicia sigue pendiente. Un año en que los culpables materiales e intelectuales de este criminal suceso continúan en la impunidad”, señala el comunicado.
Retardación de justicia
La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, admitió la retardación de justicia en el caso. “Es importante que ustedes conozcan que no sólo es el caso de Chaparina, sino muchos otros casos que están completamente retrasados porque este sistema (…) no ha funcionado”, dijo.
Para el decano del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge Von Borries, el responsable de esa retardación es el Ministerio Público, que “no está cumpliendo con su función”. “Es un caso complejo que puede demorar más de seis meses, pero ya es un año y por lo menos, los indicios, formas de investigación no está haciendo cumplir (…). Este es un caso importante (…), por eso debían dejar otras causas y dedicarse a esto”, expresó el magistrado a la red Erbol.
La comisión de fiscales sólo tomó declaraciones a presuntos implicados. Únicamente el exsubcomandante nacional de la Policía Óscar Muñoz ha sido imputado y se halla con detención domiciliaria.
El exministro de Gobierno Sacha Llorenti, identificado como el principal autor de la represión por los indígenas y políticos opositores, fue liberado por los fiscales de toda culpa en este proceso. Posteriormente, el presidente Evo Morales lo nombró embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas.
El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, señala que en este caso la “justicia está mal dirigida, es selectiva, de privilegio, por eso no hay las personas responsables de la flagrante violación como para que nos digan en la cara nunca más vuelvan a marchar”.
El MSM no “desistirá”
El jefe nacional del MSM, Juan del Granado, aseguró ayer que esa tienda política persistirá en la investigación de los hechos en Chaparina dentro y fuera del país, para que no se consuma la impunidad de los responsables de la represión y de la construcción de la carretera a “como dé lugar”.
“Que le queda claro al país que tenemos un Presidente y un Vicepresidente encubridores de los hechos delictivos de Chaparina, pero sobre todo tenemos un Presidente y un Vicepresidente que son los directos responsables de los hechos delictivos que hace un año se produjeron”, precisó el líder político.
Agregó que la investigación está paralizada y en 12 meses los fiscales sólo han tomado ocho declaraciones y han excluido de la investigación al exministro Llorenti, decisión que fue impugnada hace 50 días y a la fecha no se ha resuelto.
En cuanto a la carretera que rechazan los indígenas, Del Granado dijo que el Gobierno, en lugar de acatar la sentencia constitucional, “ha dividido a los pueblos indígenas, prebendalizado a varios dirigentes, difamado al conjunto de la conducción indígena y finalmente, de la manera más grosera, está imponiendo una consulta, en violación flagrante de parte del Gobierno a la decisión del Tribunal Constitucional”, dijo.
ACTO DE DESAGRAVIO
Al recordarse un año de los sucesos violentos de Chaparina, los indígenas realizarán hoy un acto de desagravio a los pueblos indígenas y de repudio a la impunidad.
• Este acto debió realizarse en Gundonovia, actual centro de resistencia de las comunidades del Tipnis contra la consulta, pero se suspendió el acto allí por la falta de combustible y las últimas lluvias, que impidieron la salida de los indígenas de sus comunidades.
• Hoy se realizarán actos en las ciudades de Trinidad, de La Paz, en la plaza San Francisco a las 15:00; en Cochabamba en la plaza 14 de Septiembre a las 10:00, y en Santa Cruz en la plaza 24 de Septiembre.
Gobierno admite retardación de justicia en caso Chaparina
Un magistrado apunta a la Fiscalía por este hecho.
TIPNIS. A un año de la violenta intervención, sólo hay un jefe policial imputado y con detención domiciliaria.
Página Siete / La Paz – 25/09/2012
Los indígenas fueron reprimidos por la Policía hace un año. Archivo Página Siete
La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, admitió ayer que existe retardación de justicia en el esclarecimiento de la represión a los indígenas del TIPNIS ocurrida hace un año.
“Estamos frente a una retardación de justicia, es importante que ustedes conozcan que no solamente es el caso de Chaparina, sino son muchos otros casos que están completamente retrasados porque este sistema que ha costado a los bolivianos más de 11 millones de dólares no ha funcionado”, dijo ayer la ministra.
A un año de la violenta represión policial que dejó al menos 74 heridos, sólo el ex subcomandante de la Policía Óscar Muñoz tiene detención domiciliaria, mientras el ex ministro de Gobierno, entonces cabeza de la Policía, Sacha Llorenti, fue liberado de toda culpa en este proceso. El decano del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge Von Borries, también reconoció que existe retardación de justicia en la investigación de este hecho y responsabilizó a la Fiscalía.
“El Ministerio Publico no está cumpliendo con su función, claro que es un caso complejo que puede ser demorado más de seis meses, pero ya es un año (…), éste era un caso importante en el que hay que llegar a un conocimiento, por eso debían dejar otras causas y dedicarse a esto. Esperamos que con cambio de fiscal o alguna relación de ese género se pueda apresurar esa investigación”, dijo el magistrado en declaraciones a la red ERBOL.
Amnistía Internacional también se sumó al pedido de que en este caso se haga justicia sin más dilaciones. “Es alarmante que a un año del operativo policial contra los manifestantes no se vean avances sustanciales en las investigaciones”, dijo María José Eva Parada, investigadora sobre Bolivia de Amnistía.
Para los afectados, se trata de un año de humillación para los indígenas del oriente, Chaco y Amazonia, según dijo ayer el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez.
En esta jornada, las organizaciones indígenas repudiarán en diferentes actos la retardación de justicia sobre este hecho.
El dirigente culpó al Gobierno de influir en la administración de justicia y que lo único que hizo es favorecer al ex ministro Llorenti para que no sea juzgado por la represión a indígenas.
“Ahí está el reflejo inédito de la justicia que debería estar a favor de todos los bolivianos y que no debería tener categorías”, dijo.
El MSM culpa a Evo y García Linera
A un año de la represión policial a los indígenas de la VIII marcha en defensa del TIPNIS, el jefe del opositor MSM, Juan Del Granado, responsabilizó de la violenta represión al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera. “El MSM afirma que Evo Morales y Álvaro García Linera fueron quienes dieron la orden, que este manto de impunidad inexplicable solamente se explica porque los responsables directos de la orden, de la represión, del plan, de la consumación de la represión se llaman Evo Morales y Álvaro García Linera”.
Asimismo dijo que Morales y García Linera encubren los hechos delictivos de Chaparina. “¿Por qué no se investigan los hechos?, ¿por qué no se esclarece nada?, ¿por qué no se sabe hasta hoy quién dio la orden para reprimir a los indígenas?, ¿por qué no se sabe quién dispuso los aviones para el traslado de los indígenas (reprimidos)?, ¿por qué no se interrumpió desde Palacio de Gobierno la represión que duró varias horas? y ¿por qué se ha premiado al ex director de Inteligencia de la Policía, coronel Víctor Maldonado, y al ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti?”, cuestionó el líder de la oposición y anunció que seguirá pendiente de este caso.