Humberto Vacaflor Ganam
El gobierno tiene dificultades para resolver el problema de la mina Colquiri, así como el de otras minas del altiplano y el de las tierras del oriente, donde viven los que “si sufren hambre es por flojos”.
Lo que está viviendo ahora el gobierno boliviano es un tema que tiene ocupados a muchos estudiosos que analizan la retirada de los Estados y el avance de las fuerzas que los desafían.
El profesor Federico Varese (Harvard) es muy conocido en esa temática. Dice: “En una economía de mercado, la función principal del Estado es definir y proteger los derechos de propiedad y resolver conflictos entre los actores del mercado. En los mercados legales, cuanto más incapaz sea el Estado en proteger a sus ciudadanos y en resolver estos conflictos entre los actores de la economía, mayor será la demanda de fuentes de protección alternativas. Esta demanda surge por la incompetencia del Estado de actuar como un intermediario confiable para el cumplimiento de acuerdos.”
Este profesor se refiere a la ausencia de poder de los Estados y al surgimiento de poderes alternativos, como ser lo que se llaman mafias capaces de reemplazar ese poder, o de ofrecer alternativas.
El caso es conocido en muchos países. Si bien la palabra mafia es de propiedad de los sicilianos, sirve para definir todas las situaciones en las que surgen reglas de quienes manejan realmente los mercados cuando los Estados son débiles o están ausentes.
El expresidente Álvaro Uribe acaba de decir que la posibilidad de un acuerdo pacífico con las FARC en Colombia se da cuando el Estado colombiano está debilitado. Quizá esté celoso por la realidad creada por el presidente José Manuel Santos, pero alude al hecho de que el Estado colombiano acepta negociar porque está supuestamente debilitado. No puede imponer sus propias condiciones, sus leyes.
Esta situación que se da entre los Estados y sus rivales o sus competidores, o las fuerzas que quieren reemplazarlos, se da en todas las geografías donde los Estados son débiles.
El gobierno boliviano se ha negado a establecer las reglas claras para la industria minera. No ha aprobado el nuevo código de minería a pesar de que lo anunció hace seis años y medio. Si lo hubiera aprobado, en este momento podría aplicarlo sin titubear, diciendo, por ejemplo, que los asaltos de las minas son ilegales, porque así lo dice la ley. Pero como no hay ley, no lo puede decir y el presidente se ve en la necesidad de buscar soluciones, en persona. Y lo que hace es proponer fórmulas salomónicas entre el Estado y las cooperativas. Pero como las cooperativas se sienten tan o más fuertes que el Estado, quieren imponer sus reglas.
Si tú mismo has debilitado al Estado, combatiéndolo con guerrillas armadas o con “sindicatos” que imponen sus reglas en ciertos territorios, será más difícil que quieras imponer condiciones legales en esos territorios.
Las FARC no se atreven a proponerse como una alternativa política. Siempre serían desafiadas por grupos políticos que quieran imponer sus propias condiciones.