Bolivia. El jurista Waldo Albarracín y la magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional Soraida Chánez, por separado, coincidieron en sostener que los delitos penales deben ser tratados mediante una ley antes que por un decreto, para que estos tengan eficacia jurídica.
El Gobierno aprobó este miércoles el Decreto Supremo 1359 que "prohibe la tenencia y uso de bombas, materiales explosivos en manifestaciones y movilizaciones sociales". La norma _promulgada por la presidente interina Gabriela Montaño_ no alcanza al uso de explosivos que tienen fines productivos, industriales y económicos, pero establece que #el incumplimiento a la prohibición establecida dará lugar a responsabilidad penal, debiendo la Policía Boliviana proceder a la aprehensión de las personas responsables de acuerdo al procedimiento penal"
El decreto supremo tiene el objetivo de resguardar la integridad física y la vida de las personas en las manifestaciones sociales,y evitar la muerte de cualquier boliviano, como ocurrió el martes de la semana pasada cuanto explosiones de cachorros de dinamitas en las puertas de la Federación de Trabajadores Mineros cegaron la vida del asalariado Héctor Choque.
Al respecto, Albarracín, ex Defensor del Pueblo, asegura que cuando una conducta se convierte en un delito amerita sanción penal, lo que debe ser sancionado por una ley "porque todas las normas que penalizan, en este momento, las conductas tienen el rango de ley”. El jurista dijo al periódico digital Oxígeno que de momento la norma que emitió el Ejecutivo carece de “eficacia jurídica” pues las normas penales en Bolivia están en vigencia a través de leyes, no a mediante decretos.
“Este decreto que ha sido emitido por el gobierno para que tenga eficacia jurídica, tendría que ser ratificado a rango de ley por la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que tenga la jerarquía necesaria”, dijo. Sugirió que la norma en cuestión sea remitida a la Asamblea Legislativa para que sea elevada a rango de ley.
“Quien tiene potestad legislativa es la Asamblea Legislativa y no el Gobierno. El Ejecutivo a través del Decreto se estaría arrogando una atribución que no le corresponde que es competencia de la Asamblea Legislativa para que tenga validez”, aseguró.
Por su lado, la magistrada Chánez sostuvo que lo correcto es que sea una ley que sancione estos casos. “Se estaría creando una figura penal, un tipo penal que necesariamente debería ser emitida mediante una ley”.
“Lo correcto es una ley; se estaría creando una tipo penal, si es una sanción, es una de tipo penal, eso definitivamente tendría que ser una ley”, aseguró Chánez y puntualizó que en su criterio un Decreto no penaliza.
La Paz, 27 de septiembre (Oxígeno).