El expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio, se encuentra refugiado en Estados Unidos desde hace casi 10 años. El abogado de las víctimas del caso Octubre se reunió anoche con el canciller David Choquehuanca y anunció que el gobierno hará conocer hoy su posición sobre el caso. Para el MNR es una acción distractiva del Gobierno de Evo Morales.
Gonzalo Sánchez de Lozada, en un acto popular cuando ejercía la presidencia de Bolivia. Foto archivo APG.
Rechazo de EEUU a extradición de Goni a Bolivia causa molestia
Octubre. La Cancillería ofrecerá hoy su posición, según el abogado de las víctimas
La Razón / La Paz
Estados Unidos negó el pedido de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada a Bolivia, según reveló ayer una autoridad del Ejecutivo, de manera primicial, a la edición digital de La Razón. Esa decisión ocasionó molestia en el país.
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Sin embargo, las autoridades del Gobierno boliviano y fuentes de la Embajada de Estados Unidos en La Paz no proporcionaron información oficial al respecto. En la Cancillería anunciaron ayer la emisión de un comunicado sobre el caso, que será conocido hoy. La fuente consultada dijo haber recibido el reporte directamente desde Estados Unidos.
La Justicia boliviana demandó la extradición de Sánchez de Lozada para que asuma su defensa en el país por la acusación de genocidio que pesa en su contra, dentro de un juicio de responsabilidades que se le sigue por la muerte de más de 60 persones en octubre de 2003, en el caso que después fue denominado Octubre.
Tras difundirse la decisión de Estados Unidos, las reacciones de rechazo y molestia salieron a la luz en el país. Por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, declaró a este diario que la Cancillería boliviana debe reiterar el pedido de extradición de Sánchez de Lozada a Estados Unidos. El Movimiento Sin Miedo (MSM), a través de su secretario político, Edwin Herrera, repudió la decisión de Washington porque, señaló, alimenta la impunidad.
Respecto a este tema, Rogelio Mayta, abogado de las víctimas del caso Octubre, afirmó que esta decisión pone en duda el compromiso real que propugna Estados Unidos acerca de la defensa de los derechos humanos.
“Hemos conocido que Gonzalo Sánchez de Lozada, a través de varios opositores, ha estado haciendo gestiones en Estados Unidos. Nos indignaría muchísimo (esta decisión), pero no nos sorprendería. Sería una muestra más de la doble moral con que actúa el Gobierno de Estados Unidos”.
Mayta se reunió anoche con el canciller David Choquehuanca y al salir de la cita indicó que la Cancillería del Estado hará conocer hoy su posición sobre la información adelantada por La Razón. Cuestionó que Washington, por una parte, se declare defensor de los derechos humanos y, por otra, proteja a los violadores de los derechos humanos, como al expresidente y su entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.
El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Lucio Marca también expresó su molestia por la decisión de EEUU y sostuvo que esto no provocará que se levante las manos en los esfuerzos para lograr que Sánchez de Lozada retorne al país para ser juzgado.
El asambleísta departamental Roberto de la Cruz (MAS) igualmente se pronunció sobre este tema. Lamentó la determinación del Gobierno de Estados Unidos y luego reprochó que la diplomacia boliviana no haya logrado el retorno de la exautoridad, según un reporte de la Agencia de Noticias Fides.
“El Gobierno tiene que explicar por qué durante más de seis años nunca fue su prioridad extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada. Si el Gobierno tiene dignidad, debe expulsar a los diplomáticos de Estados Unidos (que se encuentran en el país) para mostrar la indignación de Bolivia al mundo entero”, afirmó el exdirigente. Sánchez de Lozada renunció el 17 de octubre de 2003, tras semanas de conflictos que terminaron con más de 60 fallecidos.
Expresidente. Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2003, antes de renunciar a la presidencia de la República.
Militares buscan el indulto
Sucre
A fines de agosto, antes de cumplir un año de prisión, el general Juan Véliz, excomandante del Ejército (2003), pidió al presidente Evo Morales indulto para él y cuatro exjefes militares más que fueron sentenciados a 11 y 15 años de cárcel en el juicio del caso Octubre. Dijo que pagan errores políticos y que los verdaderos responsables de los hechos estaban libres.
Caso octubre: nueve están con juicio pendiente
En octubre de 2003, la Fiscalía General conoció la proposición acusatoria por los hechos sangrientos ocurridos ese mes durante la “guerra del gas”, en la que murieron más de 60 personas, en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y parte de su gabinete.
Tras cumplir el trámite de antejuicio, promovido por la Fiscalía General ante la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional de ese entonces, el 14 de octubre de 2004, autorizó un juicio de responsabilidades.
El 30 de agosto de 2011, tras casi ocho años, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en contra de siete acusados que permanecieron en Bolivia y que no huyeron del país. Entre ellos recibieron sentencia cinco exjefes militares con penas de 11 a 15 años de prisión.
Falta el juicio contra Sánchez de Lozada y sus entonces ministros Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague, Hugo Carvajal, Guido Áñez, Javier Torres Goitia, Dante Pino, Mirtha Quevedo, Jorge Torres Obleas, que residen en Estados Unidos, España y Perú.
Reacción en el país ante la decisión
Gonzalo Hurtado: Presidente del Tribunal Supremo de Justicia
“No olvidemos que es una persona que es procesada y que debe responder por los delitos de acción penal. La Cancillería debe reiterar la solicitud para que se acepte la extradición”.
Bernardo Huarachi: Presidente del Tribunal Agroambiental
“Sabemos que la política de Estados Unidos es ésa, intervenir y manejar a los países de América Latina y África. No nos sorprende porque, por lo menos, presumíamos eso”.
Lucio Marca: Diputado del Movimiento Al Socialismo
“Lamentamos que Estados Unidos, con una clara intención política de ir contra la corriente del proceso de cambio, no quiera colaborar. Así alienta la impunidad”.
EEUU niega extradición de Sánchez de Lozada
El expresidente se encuentra viviendo en el país del norte. La Cancillería no se pronunció. Políticos cuestionan. Para el MNR es una acción distractiva del Gobierno.
Marco Chuquimia. La Paz, El Deber
Estados Unidos rechazó la solicitud boliviana de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, según confirmaron fuentes gubernamentales. La Cancillería anunció un comunicado oficial sobre el tema, pero hasta anoche no dio a conocer ningún reporte.
El abogado de las víctimas de ‘octubre negro’ de 2003, Rogelio Mayta, denunció anoche que el exhorto suplicatorio enviado a EEUU en 2008 nunca fue remitido al Poder Judicial y por tanto la decisión de negar la extradición del ex- presidente Sánchez de Lozada fue de la Casa Blanca.
“El Gobierno de EEUU asumió una posición política, lo que sabemos del seguimiento que hacemos a este trámite es que nunca fue pasado a una autoridad judicial, por tanto la decisión de negar la extradición fue en la esfera del Poder Ejecutivo”, dijo el abogado.
Informó también de que hoy el Gobierno emitirá una posición oficial respecto de este caso y que las autoridades de la Cancillería boliviana accedieron a adelantarle “cierta información”, sobre la negativa de EEUU para expulsar de su territorio al exmandatario.
Los principales afectados, que son las víctimas del denominado ‘octubre negro’, reaccionaron airados, relató Mayta y dijo que esta decisión de EEUU no puede menguar el proceso ni los recursos judiciales que pueden emplear para traer a Bolivia a los que fueron parte del régimen de Sánchez de Lozada.
La decisión estadounidense repercutió rápidamente en el país y los partidos oficialistas y opositores no demoraron en expresar su posición. El diputado Lucio Marca (MAS), que representa a El Alto, calificó también como ‘político’ el anuncio.
En su criterio, EEUU jamás acompañará el proceso político que viven muchos países de América Latina y evitará la salida de todos los acusados que eran autoridades cuando se produjeron los hechos en octubre de 2003.
Los opositores, en cambio, responsabilizaron al Gobierno por esta negativa. La senadora Centa Reck dijo que este hecho demuestra que EEUU considera que en Bolivia no existen las condiciones judiciales adecuadas para procesar a los perseguidos.
Reck afirmó que la persecución que desató el Gobierno en contra de los opositores llevó a autoridades de otros países a tomar medidas para proteger a los que huyen de los procesos considerados “políticos”.
El MSM, a través de su vocero, Edwin Herrera, exhortó al Gobierno de EEUU a reconsiderar esta decisión y dijo que se trata de una pésima señal de la justicia internacional, porque se deja un precedente para que otros autores de los hechos de octubre busquen refugio, principalmente, en el país del norte.
En octubre de 2003, la Fiscalía conoció la proposición acusatoria por los hechos ocurridos en ese entonces y que fue presentada contra el hoy ex-presidente refugiado en EEUU y contra otras exautoridades.
Después de cumplir el trámite de antejuicio, promovido por la Fiscalía General ante la Corte Suprema de Justicia, finalmente el Congreso Nacional de ese entonces, el 14 de octubre de 2004, otorgó la autorización congresal para su procesamiento penal en juicio de responsabilidades.
El 30 de agosto de 2011, después de casi ocho años de los sucesos luctuosos de octubre de 2003, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en contra de siete acusados que permanecieron en Bolivia y que no huyeron del país como otras exautoridades.
Las sentencias van de los 10 a 15 años en el caso de los ex jefes militares y de 3 años para los dos exministros de Gonzalo Sánchez de Lozada.
LA HISTORIA
El proceso contra Gonzalo Sánchez de Lozada y contra ocho de sus excolaboradores está paralizado, por su ausencia del país.
En junio de 2008, la Corte Suprema emitió el pedido de extradición contra el exmandatario y los exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague.
La Cancillería, en abril del 2009, tramitó el exhorto suplicatorio ante el Departamento de Estado.
Sánchez de Lozada huyó el 17 de octubre de 2003. El exministro Dante Pino fue el último en irse del país.
Otros tres ministros de Goni, Javier Comboni, Carlos Saavedra Bruno y José Guillermo Justiniano (fallecido), no están procesados.
Según las versiones, estos tres ministros no firmaron el decreto que disponía la movilización de las tropas militares en la ciudad de El Alto, que encabezaron la masacre.
El exministro Yerko Kukoc falleció en Miami. Estaba acusado por la tenencia ilegal de gastos reservados.
Los que huyeron del país son el expresidente Sánchez de Lozada y los exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague.
También los exministros Hugo Carvajal; Guido Áñez y Javier Torres Goitia.
Por último los ex ministros Dante Pino, Mirtha Quevedo y Jorge Torres Obleas.
El jefe del MNR, Jhonny Torres aseguró anoche que esta es una acción distractiva del Gobierno.
Sectores exigen una movilización
El que fuera dirigente de la COR alteña en 2003 y actual Asambleísta del MAS en La Paz, Roberto de la Cruz, afirmó que de confirmarse esa información “el Gobierno de EEUU está demostrando que protege y encubre a los asesinos. Al margen de eso, el Gobierno boliviano jamás explicó el trámite de extradición de Sánchez de Lozada y ahora hay este nefasto resultado”, agregó.
Felipe Quispe “Mallku”, otro artífice de esas jornadas, dijo que es “una realidad que Sánchez de Lozada no va a ser enjuiciado en Bolivia, porque el actual Gobierno tiene un compromiso con el MNR, porque son siete años de juicio y no pasa nada en este país”.
Luego exhortó a las organizaciones sociales de El Alto, principalmente para preparar movilizaciones “y desde aquí, por el honor y dignidad el pueblo boliviano, quemar y dejar en cenizas la embajada de EEUU”, alentó. Finalmente Abel Mamani, que ocupaba el cargo de presidente de la Fejuve alteña, dijo sentirse “preocupado” por la manipulación de la justicia en el país del norte.
En su criterio, el Gobierno debe empezar una campaña internacional en las diferentes instancias del mundo sobre la protección que da EEUU a Sánchez de Lozada.