El decreto supremo 1359 firmado este miércoles por la presidenta en ejercicio, Gabriela Montaño y el gabinete ministerial prohíbe y sanciona la tenencia y uso de explosivos de cualquier tipo en las movilizaciones sociales que se realicen al interior del territorio nacional. La norma autoriza a la Policía al decomiso de bombas, materias explosivas, inflamables, tóxica u otros materiales relacionados que quieran ser utilizados en manifestaciones y movilizaciones sociales “por implicar un peligro común para la vida, la integridad corporal y la propiedad pública y privada”.
El uso de los explosivos estará prohibido para cualquier actividad que no “sea industrial, minera, petrolera, de construcción u otras con fines laborales o productivos”. El incumplimiento a la prohibición “dará lugar a responsabilidad penal, debiendo la Policía Boliviana proceder a la aprehensión de las personas responsables de acuerdo al Procedimiento Penal”. La norma garantiza “el ejercicio del derecho a la movilización pacífica” y conmina a los participantes de las manifestaciones “adoptar las medidas necesarias para evitar causar daños a terceros o a la propiedad pública o privada”. Esta norma se emite a ocho días de la muerte del minero Héctor Choque que falleció a causa de la explosión de un cartucho de dinamita que lo dejó gravemente herido durante las protesta de las cooperativas la semana pasada en La Paz.
Fuente: Red Uno, Fides.
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