Más de una vez el gobierno de Evo Morales ha demostrado su habilidad para hacer pasar gato por liebre, o para decirlo de otra forma, para camuflar sus verdaderas intenciones bajo una apariencia inofensiva y positiva.
El método vuelve a repetirse con un proyecto de ley que supuestamente busca “monetizar los bienes incautados al narcotráfico”, conjugando dos objetivos: 1) lavarle la cara a una administración que no se ha caracterizado por su eficiencia en la lucha antidrogas, y 2) sentar un precedente jurídico para una gran herramienta de expropiación, que el régimen pueda usar de manera discrecional.
La norma violará el principio básico de la presunción de inocencia, confiscando todos los bienes que no puedan demostrar su derecho propietario en el lapso sumarísimo de 5 días.
Se pone en marcha la política de que “todo es del Estado a menos que se compruebe lo contrario”, algo particularmente grave en un país con problemas de registro de la propiedad, donde se tropieza con importantes trabas burocráticas para garantizar ese derecho fundamental de los ciudadanos.
Para el analista Carlos Chalup, se trata de “la más grave de las leyes que se puedan aplicar, la guillotina económica del MAS”.
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“Si la ley marco atacó a los políticos opositores, ésta viene contra los ciudadanos, ésta los alcanza. El brazo del poder se extiende contra ellos”, dijo.
Chalup añade que “en una sociedad donde el 70% de los ciudadanos tienen economía informal, éstos quedarán sujetos a la disposición estatal de sus bienes”…