VIII Marcha indígena: La oposición pide a ex ministra Chacón identificar a quien autorizó salida de aviones para la represion en Chaparina; entretanto el Gobierno afirma tener pruebas contra extranjeros ‘agitadores’ contra la consulta en el TIPNIS.
Piden a Chacón identificar a quien autorizó salida de aviones
Posición de partidos políticos de oposición. TIPNIS. Dos representantes políticos señalan que las declaraciones de la ex ministra de Defensa ante la Fiscalía pueden ayudar a dar con los autores intelectuales del hecho.
Página Siete / La Paz
Una de las naves movilizadas en Rurrenabaque en 2011.Archivo Página Siete
Una de las preguntas clave que deberá responder la ex ministra de Defensa Cecilia Chacón, si es convocada por la Fiscalía, es quién ordenó la movilización de aviones hasta Chaparina, según parlamentarios de la oposición.
El martes, el Ministerio Público abrió la posibilidad de convocar a declarar como testigo a la ex autoridad gubernamental después de que ésta publicó una carta en la que hace referencia a la represión a la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS.
El secretario político del MSM, Edwin Herrera, afirmó ayer que Chacón debería responder “si conoce quién urdió el plan de represión a los indígenas, quién o quiénes elaboraron el plan TIPNIS, cómo se elaboró y cómo fue finalmente ejecutado, y cuál fue su papel en la gestión de aviones, incluso de aviones que estaban bajo administración de Estados Unidos”.
Tomás Monasterio, de Convergencia Nacional (CN), afirmó que la ex autoridad gubernamental deberá responder “quién ordenó el despliegue de aviones y si hubo una orden superior. Sus respuestas pueden ser determinantes para conocer quiénes fueron los autores intelectuales de la represión”.
Chacón, en su carta colgada en su cuenta de Facebook, afirmó que se siente “agredida” por el nombramiento del ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti como embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas. “Son más de 11 meses que veo pasar días tristes. Porque los errores no se rectifican, sino que se reafirman. Porque los compañeros que están dentro del Gobierno y son testigos de cómo estos pasos nos alejan del rumbo callan. Porque con dolor los veo defender lo indefendible”, escribió Chacón.
El 25 de septiembre de 2011, indígenas que marcharon en defensa del TIPNIS fueron violentamente reprimidos por la Policía, entonces Llorenti era el ministro de Gobierno y Chacón de Defensa. El operativo policial, que tenía el objetivo de dispersar a la columna y devolver a sus regiones a los marchistas, fracasó debido a la oposición de organizaciones civiles que respaldaban la caminata de los indígenas. Realizaron bloqueos en San Borja y en Rurrenabaque para evitar el paso de los buses policiales que transportaban a los indígenas detenidos, y también bloquearon los aeropuertos para evitar la llegada de aviones que debían llevar a los nativos hasta sus regiones.
Tras el fracaso, la VIII marcha se rearticuló y fortalecida con el apoyo ciudadano llegó a la ciudad de La Paz y arrancó del Gobierno la Ley 180, de protección del parque Isiboro Sécure.
A un año de ese hecho violento, la Fiscalía no avanzó en las investigaciones para dar con los autores intelectuales de la represión. En julio de 2012, la Fiscalía de La Paz excluyó a Llorenti del caso Chaparina y luego fue designado como embajador ante la ONU.
Gobierno afirma tener pruebas contra extranjeros ‘agitadores’
TIPNIS. Ministro Romero les acusa de querer boicotear la consulta.
Reunión. Asamblea de consulta efectuada en la comunidad de Oromomo, al norte del TIPNIS (Beni), cuando inició el proceso, el 29 de julio.
La Razón / La Paz
El ministro Carlos Romero dijo que ya tiene pruebas de que dos ciudadanos extranjeros, uno argentino y otro chileno, pretenden ‘boicotear’ la consulta en el TIPNIS; esto es injerencia en asuntos internos del país y, de verificarse la irregularidad, se los expulsará, adelantó la autoridad.
“De los que tenemos certeza, inclusive algunos instrumentos probatorios de que están operando en el TIPNIS, son de un chileno y de un argentino. Están realizando agitación política para boicotear la consulta y generar acciones de confrontación contra las brigadas. Tenemos registros y declaraciones testificales”, aseguró Romero.
Estos ciudadanos extranjeros cometen el delito de “injerencia en asuntos internos del Estado”, acusó Romero: “Ellos han ingresado para visitar el país, pero no pueden verse involucrados en actividades políticas; entonces, no se justifica su permanencia (en el territorio nacional)”.
Desde hace dos semanas, la Fiscalía de Distrito del Beni investiga a diez extranjeros acusados de interferir en la consulta. El proceso fue instaurado a raíz de una denuncia que hizo la Gobernación de ese departamento. La Dirección General de Migración, en La Paz, debe enviar informes al Beni sobre la situación legal y la actividad de estas personas en Bolivia.
Proceso. Romero reveló a La Razón que el chileno y el argentino están en la nómina que maneja el Ministerio Público del Beni. Los ciudadanos extranjeros son renuentes a aclarar su situación, según el ministro, pues ellos no asistieron a una citación de la Fiscalía.
“Ellos no pueden incursionar en actividades de agitación política; se los tiene identificados, se los ha convocado al Ministerio Público, donde no se han hecho presentes y se hará una segunda convocatoria”, señaló Romero.
Asimismo, el Ministro de Gobierno agregó que Migración ya está procesando la información sobre otros cinco extranjeros y así conocer su situación legal y de permanencia en el país.
Al respecto, el dirigente indígena Adolfo Moye negó que hayan extranjeros organizando movilizaciones contra la consulta y aseguró que son los pueblos del TIPNIS, junto a sus corregidores y otras autoridades, los que llevan adelante la resistencia.
Moye añadió que “más bien los extranjeros son aquellos que introdujo el Gobierno” para desprestigiar la resistencia indígena: “Dicen que hay extranjeros agitando las protestas; quiero denunciar que es el Gobierno que ha infiltrado a extranjeros para hacer quedar mal al movimiento indígena”. Una vez que se decidió ampliar el plazo de la consulta, los indígenas anuncian una “resistencia indefinida”.
Ciudadanos de al menos 4 países
Dato
El fiscal de Distrito del Beni, Alejandro Cruz, dijo que, según los primeros informes, en la lista de extranjeros que son investigados figuran ciudadanos de procedencia argentina, española y holandesa. Además, el ministro Romero habla de un chileno.