Rubén Darío Rojo*
Las resoluciones de la Cumbre de Naciones Unidas Rio+20, referidas a los países sin litoral, ofrecen la posibilidad de formular una estrategia alternativa de acceso marítimo para Bolivia.Si el gobierno quiere pasar de la infértil retórica de la confrontación a una visión pragmática y constructiva que viabilice progresos reales para el país en esa materia, debe enfocarse en modalidades de aplicación de los consensos alcanzados a nivel internacional y refrendados también por Chile en el documento de la ONU.En efecto, el compromiso surgido de Rio+20, titulado “El futuro que queremos”, insta a “los Estados miembros, incluidos los asociados para el desarrollo, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, regionales y subregionales” a coordinar acciones “para la construcción, mantenimiento y mejora de su transporte, almacenamiento y otras instalaciones relacionadas con el tránsito, incluyendo las rutas alternativas, completar las conexiones restantes y mejorar las comunicaciones y la infraestructura de energía” con el fin de apoyar el desarrollo sostenible de los países menos desarrollados sin litoral.Traducido a nuestra realidad, los acuerdos de la Cumbre servirían de base para un diálogo bilateral Bolivia-Chile en torno al desarrollo sostenible integrado de la zona costera del Pacífico, y para una estrategia multilateral de acompañamiento a ese proceso.“Los océanos, mares y zonas costeras constituyen un componente integrado y esencial del ecosistema de la Tierra y son fundamentales para el mantenimiento de la misma”, dice en otro de sus párrafos el documento de Rio+20, acotando que el derecho internacional, como se refleja en las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), establece el marco jurídico para la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos, la importancia de su conservación y uso para el desarrollo sostenible, incluso mediante las contribuciones a la erradicación de la pobreza, crecimiento económico sostenido, seguridad alimentaria, creación de medios de vida sostenibles y trabajo decente y al mismo tiempo de protección de la biodiversidad y el medio marino. La declaración señala que esto permitirá afrontar los impactos del cambio climático y “beneficiar a generaciones presentes y futuras, aplicando de manera efectiva un enfoque ecosistémico y el principio de precaución en la gestión, de conformidad con el derecho internacional, de las actividades que inciden en el medio marino, bajo el fin de cumplir con las tres dimensiones del desarrollo sostenible”.Al pedir a los Estados una mayor coordinación de esfuerzos regionales en favor de los países menos desarrollados sin litoral, el documento señala específicamente a la zona del Pacífico como una de las áreas de particular interés para el desarrollo sostenible mancomunado.En momentos en que una naciente “Alianza del Pacífico” se perfila como una de las regiones líderes de América Latina, la inclusión de Bolivia mediante la agenda verde de la ONU puede ser un primer paso hacia el anhelado acceso marítimo con soberanía.*Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados