Al cumplirse 9 años de los trágicos sucesos del 17 de octubre de 2003, se impone un balance histórico-político, tanto de los acontecimientos de esa jornada como de sus consecuencias.En la génesis de Octubre Negro debe verse, primero, el resultado electoral de los comicios del 2002, cuando Evo Morales quedó a escasos puntos porcentuales de Gonzalo Sánchez de Lozada (20,9 y 22,5%).Era evidente que, en ese contexto, un Movimiento Al Socialismo con inclinaciones antisistémicas apostaría a la desestabilización del nuevo gobierno, con miras a precipitar elecciones adelantadas.El segundo punto a tener en cuenta es la crítica situación de las arcas fiscales, que Goni trató de subsanar mediante la universalización impositiva, que al afectar a los salarios se volvió impopular, construyendo el escenario para la primera gran convulsión de su administración, en febrero de 2003.De ahí en adelante, cualquier chispa podía hacer explotar el polvorín. Finalmente, fue la demagogia nacionalista la que desató la violencia, cuando el gobierno de Sánchez de Lozada dio señales de que la exportación de gas a California podía hacerse vía Chile.El levantamiento azuzado por líderes radicales comenzó con el secuestro de turistas en la población de Sorata, provocando la respuesta del gobierno, que envió efectivos militares al rescate, operativo que culminó con la muerte de varios de los alzados.Se había caído en la trampa de la violencia.Desde ese momento se produjo un efecto dominó, multiplicándose el número de los participantes del levantamiento, que según ciertas versiones contó con financiamiento venezolano.A medida que los enfrentamientos se intensificaban generando más muertes, el entonces vicepresidente Carlos Mesa comenzó a jugar la carta de la sucesión constitucional, pieza que terminó de armar el puzzle para la caída del gobierno.Es así como, el 17 de octubre de 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada presentaba su renuncia al Congreso, advirtiendo sobre “los peligros que se ciernen sobre la Patria: la desintegración nacional, el autoritarismo corporativista y sindical, y la violencia fraticida”, dibujando una “circunstancia histórica en que los fundamentos de la democracia han sido puestos en cuestión”.A continuación, Carlos Mesa asumió la presidencia, procediendo a firmar un indulto contra quienes participaron en la sublevación, instrumento jurídico que libró de toda culpa a Evo Morales, entre otros, habilitándolo para seguir en carrera política.Son varias las preguntas que cabe hacerse:¿Los culpables de las muertes deben buscarse sólo entre los efectivos que usaron armas de fuego o también entre los demagogos que instigaron un levantamiento armado con miras a la conquista del poder?¿Cuántos cayeron por balas castrenses y cuántos por los presuntos francotiradores de las FARC?Lo cierto, lo innegable -más allá del juicio histórico que cada uno pueda tener sobre Sánchez de Lozada-, es que varios de los peligros advertidos en su denuncia se han materializado en los últimos años, de la mano de un proyecto tan populista como autoritario…[email protected]