Bolivia. Juristas y analistas dan su posición. Obsoleto: La actual norma está desfasada en 30 años de nuestra realidad nacional. Otros temen injerencia política.
El Día, 28 de Octubre, 2012
Ref. Fotografia: Colas. La falta de justicia, retardación y la permisividad, entre otros, son problemas de la justicia boliviana.
De una y de muchas maneras, expertos analistas en el tema ven necesario modificar el Código Penal vigente. Si bien data de hace muchos años atrás, el mismo amerita cambiar por un nuevo instrumento legal acorde con nuestra realidad social, política y económica que vive el país, señalan unos. Sin embargo, otros observan que hay riesgos evidentes por la acción del actual Gobierno, que no garantiza la estructuración plena de un nuevo instrumento legal.
"Definitivamente es obsoleto. El Código no refleja la realidad que vive nuestra sociedad en muchos aspectos de la vida cotidiana del ciudadano. Los tipos penales que se encuentran en la norma no guarda relación con los tipos penales que se ha venido sucediendo como ser los casos de estafa: hay varios tipos como la financiera, comercial, informática, en fin el Código no establece con precisión", dice Óscar Canedo, abogado penalista.
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Pero Jorge Lazarte, analista del tema, arremete diciendo que extrañamente el Código actualmente vigente haya sido bien utilizado por este Gobierno cuando data del Gobierno de Banzer. "Es algo que debería haberse hecho hace muchísimo tiempo atrás. Es un Código banzerista y totalmente dictatorial. Entonces cómo es que un Gobierno de izquierda se sirve de esta norma. Extrañamente ha preservado este Código Penal", apuntó.
Peligro de injerencia. En cambio, para Norma Piérola, el anuncio del Gobierno de la necesidad de su modificación expresada durante estos días es para acrecentar las medidas coercitivas, pero contra los opositores políticos al Gobierno actual. "Es altamente peligroso esa intensión del Gobierno. Nosotros hace cuánto que tenemos nuestra propuesta de modificación, pero no nos escuchan y no nos toman en cuenta", sentenció la asambleísta.
Por su parte, Óscar Rojas, abogado y docente universitario, señala que todo cambio debería orientarse a los administradores de justicia. "No veo tanta urgencia en modificar la norma. Pensar cambiar todo y hacer uno nuevo es peligroso. La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, es uno de ellos, que por la retroactividad del delito viola muchos principios de la misma Constitución", señala.
Y Lazarte indica que le ha sido útil el "sesgo represivo" al Gobierno actual. "La prueba es la figura del desacato. Eso es lo peor que une esa dos posiciones supuestamente opuestas", argumentó.
Principales cambios. Y como para confirmar lo dicho por Lazarte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Lucio Marca (MAS), afirmó que cuando la Asamblea Legislativa redacte el nuevo Código Penal se podría incluir la figura de "calumnia o difamación agravada" para proteger la "honorabilidad" de las autoridades ante la ausencia del desacato, que fue eliminado por un fallo del Tribunal Constitucional.
El legislador aclaró que por el momento la Asamblea Legislativa no tiene ningún proyecto de ley para reemplazar a la figura del desacató.
"Existe la posibilidad de proteger la dignidad e imagen de las autoridades, cuando las difamaciones, las acusaciones no estén sustentados ante un hecho real", sustentó.
La expulsión de este delito del Código Penal se debe a que el mismo ha generado una "desproporción" entre el servidor público y la sociedad, la cual ha generado desigualdades respecto al honor de un servidor público y el honor de un ciudadano.
Visiones académicas. Desde la perspectiva legal y social, dice Canedo que el Código debe ser cambiado en su esencia. "Por ejemplo en temas de tránsito, un accidente que provoca muerte, de pronto va menos tiempo a la cárcel frente una persona que ha robado con arma blanca. Entonces este Código no especifica esos casos", argumentó.
El académico en este tema, Luis Rodolfo Luna, refiere que se tiene que hacer una análisis sobre la garantía del debido procesos, porque el sistema que tenemos si bien es garantista y prima todos los derechos fundamentales de la sociedad a la vez es caro y complejo. "Una mirada rápida son las cárceles del país. Existe una retardación de justicia de manera increíble, son más los detenidos preventivamente que los que tiene sentencia", enfatiza.
Rojas dice que no se trata de leyes, sino políticas efectivas que vayan a resolver problemas de fondo, como infraestructura, tecnología, etc. En materia de delitos informáticos, los últimos artículos del Código Penal hay que incorporar con suma urgencia otros tipos penales que en ese aspecto están muy retrasados. Tampoco la Internet es una herramienta legal en nuestro país.