La diputada Sinda Romero reveló el miércoles que unas 200 urbanizaciones, la mayoría no autorizadas, ingresaron durante las últimas décadas por encima de la cota 2.750 del Parque Nacional Tunari (PNT) por los municipios de Cercado y Sacaba.
"En el Cercado hay 27 urbanizaciones y juntamente con Sacaba llegamos a más o menos unas 200 urbanizaciones", manifestó.
Se refirió al tema en el marco de una inspección en el lugar con representantes de la Dirección del Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Areas Protegidas (Sernap) y vecinos del Distrito 13 del municipio de Cercado.
Dijo que la tarea tuvo el objetivo de establecer cuántas casas fueron edificadas y hasta donde avanzaron, tomando en cuenta que existen viviendas que están por encima del área permitida. Mencionó que con los datos recogidos se tomó los recaudos para buscar una solución al problema de los asentamientos no autorizados. Dijo que es fundamental hallar una medida legal para regularizar su situación, puesto que unos 100.000 vecinos de Cercado y Sacaba e incluso Quillacollo y Tiquipaya no logran autorizaciones municipales para contar con servicios básicos y otros beneficios por carecer de títulos de derecho propietario reconocidos.
La legisladora dijo que como parte de las iniciativas iniciales se realizó una reunión con los dirigentes de los vecinos para considerar de un proyecto de reglamentación a la Ley 1262 que presentaron y que permitiría el reconocimiento legal de viviendas por encima de la cota 2.750 del Parque Nacional Tunari. El director jurídico del Sernap, Freddy Abastoflor, manifestó que es preciso buscar una solución integral al problema, puesto que recordó que hay asentamientos que fueron autorizados por algunas instituciones estatales y varios de los 11 municipios que están alrededor del área protegida.
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"Tenemos la voluntad de buscar una solución integral no sólo a lo que hace al Distrito 13 sino a todo lo que hace el Parque Nacional Tunari", sostuvo.
Expresó que entre las alternativas está la elaboración y la aprobación de un plan de manejo que permita visualizar las zonas núcleo, de amortiguación y de uso del PNT, con la posible finalidad de crear luego una zona especial y que los vecinos se encarguen en el futuro de proteger la reserva natural. El dirigente vecinal Simón Cayo explicó que es urgente dar una respuesta rápida al conflicto de los asentamientos, puesto que varias familias que hace 40, 30 y 20 años construyeron sus casas en el área aún no tienen agua, electricidad o recojo de basura.
Manifestó que la instalación de servicios no es autorizada por las autoridades municipales porque se niegan a reconocer la legalidad de títulos de derecho propietario que incluso fueron heredados por familiares que compraron los terrenos.
Fuente: El Deber