Los cocaleros del Chapare constituyen, de manera evidente, el sector social más privilegiado por la administración de Evo Morales.
Como ninguna otra región del país, el feudo presidencial en el Trópico de Cochabamba recibe dádivas gubernamentales, incluyendo la construcción de un aeropuerto o la implementación de una planta de urea y amoníaco (que debería hacerse en Puerto Suárez por racionalidad económica).
Ahora, las bases cocaleras recibirán también el negocio de la construcción de la carretera por el TIPNIS, o al menos del tramo I, lo que sin duda les facilitará la tarea de colonizar esas tierras indígenas.
Si en otras épocas el país estuvo en manos de los Barones de la minería, está claro que cada vez más Bolivia se pone bajo la égida y los intereses de la emergente lumpen-burguesía conformada por los Barones de la Coca.
Desde el régimen se argumentará quizás que la masiva inversión pública en El Chapare es una forma de sacar a sus habitantes del circuito coca-cocaína, pero lo cierto es que, mientras estas inversiones no vayan acompañadas de una clara política de sustitución de cultivos cocaleros, no se estará haciendo otra cosa que reforzar ese circuito, dotándolo de una mayor infraestructura.
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Habría que pensar, por ejemplo, en un plan de sustitución de coca por cultivos para biocombustibles, como el que sugirió Dilma Rousseff en el 2006 al embajador norteamericano, cuando se desempeñaba como ministra de la Casa Civil en el gobierno de Lula.
Dudamos que el régimen evista tenga la capacidad ni las manos libres para acometer ese desafío, que probablemente tenga que esperar a la instalación de otro gobierno…