El Gobierno de Evo Morales realiza un intenso seguimiento a los medios de comunicación, para identificar ideas racistas y “tergiversadas”. Mientras el gobiernista MAS estudia la posibilidad de procesarlos bajo la figura de “calumnia agravada” que sustituiría al desacato.
Medios independientes se encuentran bajo la lupa observadora del Ejecutivo
El Diario, La Paz
La viceministra de Comunicación entrevistada en los medios estatales.
La viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, afirmó a que el Gobierno realiza un intenso seguimiento a todos los medios de comunicación, para identificar ideas racistas y “tergiversadas”. Mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS), aunque reconoce la vigencia de la Ley de Imprenta, no descarta estudiar la posibilidad de procesar a los medios de comunicación bajo la figura de “calumnia agravada” que sustituiría al desacato.
“Algunos medios de comunicación a título de interpretación incurren en una mentira y en un engaño al pueblo boliviano o por decir a la opinión pública, como les gusta hablar a los medios de comunicación”, citó Espinoza a los medios estatales.
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Según la autoridad, el Ministerio de Comunicación realiza un intenso seguimiento a los medios de prensa escrita, radiales y televisivos, a raíz de denuncias que llegan a esta entidad estatal, que advierten una presunta falta de ética en el manejo de información, mala interpretación de las declaraciones, “que van con una segunda mala intención para afectar la imagen del Gobierno”.
“Lo que hacen estos medios de comunicación es política, no periodismo. Obligan a las autoridades a constantemente salir a desmentir, pedir rectificación y derecho a réplica”, puntualizó.
En tanto, el senador por Eugenio Rojas (MAS), admitió la vigencia de la actual Ley de Imprenta y señaló que todo proceso debe adecuarse a esta norma. Sin embargo, no descartó la posibilidad de procesar a la prensa mediante la figura que sustituya al desacato dentro del Código de Penal.
“Si se ha propuesto la calumnia agravada, hay que estudiar esa posibilidad porque aunque la calumnia es una figura que sanciona un delito de orden privado, los medios de comunicación son públicos”, afirmó.
Por otro lado, el diputado Irineo Condori (MAS) ratificó la postura gubernamental, que advierte que supuestos intereses políticos partidarios estarían detrás del contenido de las notas periodísticas con la finalidad de desprestigiar al Ejecutivo.
“Es difícil mantener el equilibrio, pero tampoco se puede desmentir el interés político y económico que tienen algunos medios. Utilizan calificativos muy fuertes, relacionando a nuestro país con el narcotráfico, por ejemplo”, señaló.
Asimismo, el legislador sostuvo que la prensa debe tener límites y que se analizará el modo consolidar procesos y sanciones a través de la “calumnia agravada”, figura que podría sustituir al desacato.
“Tendría que verse la magnitud, hay que especificar con mayor claridad hasta donde vaya a llegar. Quizá los medios piensen que utilizaremos recursos legales en contra de ellos pero no es así. Hay que buscar la forma de controlar, de precautelar la integridad del país, de los temas y de las autoridades”, aclaró.
MAS sigue buscando regular redes sociales
Hablan de acuerdo bilateral
(Erbol).- El jefe de la Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Roberto Rojas, informó que oficialmente se analiza dentro de la Cámara de Baja la elaboración de una norma que regule las redes sociales, razón por la cual, en las próximas horas, se sostendrá una segunda reunión con técnicos de la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) para evaluar el contenido de la Ley.
Los criterios vertidos por el oficialista indican que este trabajo busca propiciar un “acuerdo bilateral” con Estados Unidos para regular estas vías de comunicación, toda vez que muchas de las empresas que administran estos espacios tienen su sede u operan desde ese país.
“Estamos trabajando con los técnicos de Entel para que podamos proponer, porque algunas propuestas existen. Son empresas de Estados Unidos que necesariamente tiene que haber un acuerdo bilateral con ese gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores”, aseveró el legislador.
Según Rojas, es un poco difícil, pero se está analizando algún mecanismo para poder “regularizar” los contenidos en las redes sociales. Asimismo, señaló que estos instrumentos deben servir para hacer comunicación adecuada y no un mal uso, agrediendo.
Esta situación contrasta lo afirmado por el vicepresidente Álvaro García Linera, quien reconoció que no se pueden controlar o sancionar las redes sociales porque estas constituyen una “estructura planetaria inmaterial”, desestimando la posibilidad de algún tipo de fiscalización a los contenidos.
Sin embargo, el diputado adelanto algunos aspectos que contendría la norma, manifestando que se conformaría un “Concejo de Socialización y Concientización”, ente gubernamental que garantizaría el adecuado uso de estas herramientas, evitando actitudes racistas o discriminadoras.