El deceso jurídico del desacato ocurrió hace más de un mes, el pasado 20 de septiembre, pero, en una sintomática muestra de hermetismo poco democrático, la noticia fue retenida por el poder hasta el momento oportuno. Es decir, hasta la posesión del nuevo Fiscal General, tratando de mostrar que sí hay independencia en la administración de justicia, con el objeto de aplacar las críticas suscitadas por la designación de un ex constituyente oficialista para el cargo mencionado.Pero si el desacato ha muerto, promete resucitar al tercer día, vistas las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera, quien desde la Universidad de Córdoba en Argentina -donde recibió uno de esos doctorados “honoris causa” que suelen entregarse por afinidades ideológicas-, dijo que no se permitirá que se difame a los funcionarios de gobierno, por lo cual se creará una figura sustitutiva que permita penalizar a quienes “injurien a una autoridad”.En el mismo sentido se manifestó la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebecca Delgado, quien adelantó que los procesos pendientes por desacato no finalizarán en archivo de obrados, sino que migrarán a otras figuras como la difamación, injuria o calumnia.Decisión que en un sistema genuinamente republicano debería ser competencia de una justicia autónoma, pero que en el Estado Plurinacional, por lo visto, ya ha sido tomada desde el monopoder del MAS.Adicionalmente, Delgado señaló que “no es lo mismo estar como servidor público a estar como ciudadano de a pie”, dejando entrever la mentalidad retrógrada que alimenta a los partidarios del desacato, instrumento jurídico obsoleto, propio de regímenes autoritarios, que ha sido condenado por las Naciones Unidas.¿Fue el fallo del Tribunal Constitucional una muestra de independencia?Es posible que el control del oficialismo sobre ciertas instancias judiciales no sea aún total, dadas las peleas -incluso físicas- que se registran entre los magistrados, a pesar de la sistemática acción desde el gobierno para asegurarse la hegemonía sobre la justicia.De lo que no cabe dudar, ante el proyecto declarado de reinstalar el desacato bajo otro nombre, es de las intenciones represivas de una administración liberticida…[email protected]