Santa Cruz. Al menos en 78 colegios hay problemas de violencia y de presunta venta de alcaloides. Sin embargo, los gendarmes vigilarán diez con mayores dificultades.
Diez colegios serán vigilados por gendarmes
Hay denuncia de venta de droga en dichos centros. La Alcaldía indica que en 78 colegios hay problemas relacionados con el expendio y el consumo de alcaloides.
Control. Los gendarmes tendrán la función de vigilar internamente y externa de los centros de enseñanza. Reportarán a las autoridades a los sospechosos
El Deber, Santa Cruz, Bolivia
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En 10 unidades educativas fiscales de siete distritos de la capital cruceña existen denuncias que hacen presumir que allí se comercializa y se consume drogas. Las situaciones que suceden en estos colegios, similares a las que venían ocurriendo en el establecimiento Sor María Cristina Pérez, donde una banda de comercializadores de sicotrópicos actuaba, han hecho que las autoridades consideren que en estos centros los narcos asentaron sus negocios ilícitos.
El oficial mayor de Defensa Ciudadana, José Canudas, hizo conocer ayer que al menos en 78 colegios de la ciudad se presentan problemas de violencia y de presunta venta de alcaloides; sin embargo, de ese listado de colegios una decena tendría mayor incidencia en este tipo de problemas, por lo que desde hoy serán custodiados de forma permanente por 40 gendarmes municipales.
Se trata de los colegios José Miguel de Velasco, Humberto Vásquez, 6 de Junio, Cañada El Carmen, Félix Oroza, Julio Prado Montaño, Germán Busch, Clara Cuta, Rancho Nuevo y Nacional Florida.
Los gendarmes serán distribuidos en esos establecimientos de acuerdo con el número de estudiantes o con las dimensiones del centro educativo; esto significa que habrá colegios con cinco vigilantes y otros con tres.
“La tarea de los gendarmes es controlar de forma interna y externa las unidades educativas. Si observan situaciones extrañas o si encuentran personas o estudiantes consumiendo o vendiendo drogas, esas personas serán detenidas puestas a disposición de las autoridades”, explicó Canudas.
Por su parte, la directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Rossy Valencia, dijo que algunos padres de familia, profesores y directores de estos 10 colegios han hecho denuncias de posible venta de sustancias controladas.
“Estos vendedores estarían actuando de la misma manera en que consiguieron ingresar al colegio Sor María Cristina Pérez”, refirió la autoridad.
Según Canudas, en la mayoría de los 78 establecimientos, considerados ‘problemáticos’ la venta y el consumo de la marihuana son el común denominador.
Por otra parte, ayer fue presentada ante la justicia la banda de comercializadores de sicotrópicos detenida por la fuerza antidrogas.
En la audiencia cautelar, el fiscal José Luis Bravo, encargado de las pesquisas, solicitó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola para Kevin Carballo Párraga (17), Édgar Yuma Bravo (30) y Paola América Suárez Cortez (27), esta última conocida como ‘Tía Paola’, presunta proveedora de los sicotrópicos en los colegios.
La jueza Estrella Montaño aceptó el pedido fiscal y ordenó la remisión de los tres imputados a Palmasola.
Horas después el menor de 15 años, implicado en este grupo, se salvó de ser remitido al hogar Fortaleza y consiguió mantenerse en su casa bajo orientación sicológica, seguimiento y rehabilitación.
Otros detalles
Investigación. La Felcn y la Fiscalía están tras la pista de los comerciantes que venden fármacos prohibidos en la feria Barrio Lindo. Se indagan las denuncias que indican que este negocio ilegal existe.
Nexos. El joven de 17 años, identificado como Kevin Carballo Párraga sería uno de los jefes de la pandilla ‘La 21’, grupo irregular que opera en la zona del barrio Guaracachi, donde está ubicado el colegio Sor María Cristina Pérez.
Prevención. Para el 26 de octubre, la Defensoría de la Niñez prepara una cruzada estudiantil en contra del consumo de drogas. La actividad se llevará a cabo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.
Propuesta. El secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera, hizo conocer que ya se tiene un proyecto a diseño final para ejecutar un plan de prevención y de rehabilitación. Se invertirá Bs 30 millones en cinco años a partir de 2013.