Ministros y exautoridades buscan desvincularse de la red de extorsión cuyos miembros eran parte del Gobierno de Evo Morales. Cinco fiscales antidroga y un juez, nuevos implicados. Ministro Romero y viceministro Pérez sintieron presión de extorsionadores. Venezuela fue clave para descubrir la corrupción.
Audiencia. Fernando Rivera (izq.), exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno, ayer en el juzgado 7° de Instrucción. AFKA (La Razón)
Investigan a más jueces y fiscales por Ostreicher
EL DEBER.- El Ministerio Público amplió la indagación a dos jueces y a cinco fiscales que actuaron en el proceso contra el estadounidense. Un aprehendido reveló la presión directa que ejercían sobre la justicia Fernando Rivera y Denis Rodas, exasesores del Gobierno, que están detenidos por comandar una red de extorsión. El exfiscal Isabelino Gómez pasó de testigo a denunciado y hoy, a las 18.00, debe declarar. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, espera más detenciones por el caso.
Situación de bienes
En Guarayos, trabajadores y Dircabi reactivaron una empresa (f) de Ostreicher con bienes valuados en al menos $us 10 millones.
Rol de Venezuela
La embajada venezolana se contactó con el presidente Evo Morales para advertir sobre la red mafiosa, según fuentes del Gobierno.
Cinco fiscales antidroga y un juez, nuevos implicados
Un imputado revela que el exfiscal de Distrito Isabelino Gómez operaba con los del Ministerio de Gobierno para cambiar fallos con amenazas a los jueces. Gómez declara hoy.
Medida. El exfuncionario del Ministerio de la Presidencia José Manuel Antezana y Gustavo Céspedes fueron remitidos a la cárcel
El Deber, Santa Cruz
Ocho personas, entre ellos cinco fiscales y un juez, fueron incluidas como denunciadas la tarde de ayer en las investigaciones del caso Ostreicher. Se trata del exfiscal de Distrito Isabelino Gómez, de los fiscales Roberto Achá Arandia, Janeth Velarde Luna, Álvaro La Torre, Javier Cordero, además de Lumia Acho Pinto, Angelo Céspedes y el juez Wilson Arévalo.
La investigación fue ampliada para todas las personas nombradas en calidad de denunciadas por delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, peculado, uso indebido de influencias y otros.
La decisión surgió después de la información reveladora en una declaración ampliatoria del imputado, exasistente fiscal y que se hacía pasar por funcionario del Ministerio de Gobierno, Gustavo Dagner Céspedes, que involucra a jueces y vocales de actuar hasta por llamados telefónicos y presiones de parte de los responsables de la Unidad Jurídica del Ministerio de Gobierno.
Céspedes dijo que en septiembre del pasado año, cuando Zenón Rodríguez era juez, le comentó que a él lo habían denunciado la fiscal Janeth Velarde y el fiscal Roberto Achá, asignados al caso de Jacob Ostreicher. Señaló que el juez le dijo que la amenaza consistía en hacerlo detener utilizando la influencia del fiscal de Distrito Isabelino Gómez al advertirle: “Zenón cómo le vas a desvirtuar el numeral 1 del artículo 233 (al darle medidas sustitutivas al estadounidense) porque quién se va a ser cargo de la devolución de más de $us 27 millones que tenía Jacob Ostreicher en bienes”. Según le había confirmado Rodríguez, Velarde cumplió con la amenaza y lo denunció después de haberle otorgado medidas sustitutivas a Ostreicher. Después el juez Rodríguez revocó el fallo contra el estadounidense por orden del fiscal Isabelino Gómez.
Céspedes asegura que Rodríguez le dijo que los fiscales Achá, Javier Cordero y Velarde gozaban de la confianza de Isabelino Gómez. Asimismo, que el asesor legal del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera ordenó a Zenón Rodríguez para que revoque el fallo. “Gustavo, tuve que revocarlo nomás con mucho miedo”, le expresó a Céspedes.
Después, Céspedes confiesa que en otra conversación Rodríguez le dijo que Fernando Rivera vino a Santa Cruz y mediante llamada telefónica a Isabelino Gómez le ordenó que rechace la denuncia que se había formulado en su contra por haber revocado el fallo. Fue así que el fiscal Javier Cordero emitió una resolución a favor de Rodríguez.
También menciona a los jueces Fernando Orellana y Wilson Arévalo de obedecer las instructivas del asesor Fernando Rivera, incluso vía teléfono, para que emitan fallos de acuerdo a su conveniencia.
El exasistente Céspedes señala a Fernando Rivera de haberle dejado la realización de trámites como, por ejemplo, en el caso de Ostreicher, de Navía y del ciudadano alemán Dirck Schmidt, que permanece detenido durante más de casi dos años. “Quiero aclarar que el exfiscal de Distrito Isabelino Gómez tenía una afinidad estrecha con los asesores del Ministerio de Gobienro Fernando Rivera y Denis Rodas Limachi. El exfiscal Gómez hacía todo lo que le pedían, inclusive se reunían en su despacho y eso a mí me consta porque yo los traía en mi vehículo e ingresábamos al parqueo de la Fiscalía de Distrito y me subía y me quedaba en la antesala del despacho de Isabelino. Ellos, Isabelino Gomez y Fernando Rivera, se quedaban en su despacho hablando. Me acuerdo que Fernando Rivera me decía que tenía mucha influencia en el Gobierno porque él estaba en el poder y prueba de ello es que en una de las audiencias de solicitudes de cesación a la detención en el caso Navía me enteré de que el fiscal José Parra había sido cambiado de unidad”.
Céspedes también reveló que José Parra se le humilló a Isabelino Gómez frente a Fernando Rivera y le pidió que no lo cambie. Entonces Rivera le pidió a Gómez que no lo cambie y este dijo que llamaría a la ministra Nardy Suxo para que deje sin efecto el memorándum de cambio.
En su declaración el asistente Céspedes también dijo que Fernando Rivera y Denis Rodas Limachi tenían poder para acudir a todos los juzgados y presionar. Confesó que escuchó decir a Dennis Rodas que alguien le ofreció $us 100.000 por acelerar la libertad de Jacob Ostreicher.
La Fiscalía citó para las 18:00 de hoy a Isabelino Gómez y al exdirector de Bienes Incautados Moisés Aguilera para que declaren, pero en calidad de denunciados por varios delitos y no de testigo, como en un inicio. Gómez se negó ayer a firmar la citación, cuando se presentó en la Fiscalía de Distrito.
Dos fueron enviados a la cárcel
Después de una maratónica audiencia de casi 15 horas el juez José Subieta ordenó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola de dos involucrados en la red de corrupción que operaba desde el Ministerio de Gobierno. Se trata del exdirector general de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia José Manuel Antezana Pinaya y del asistente fiscal Gustavo Céspedes Rosales. Los exfuncionarios de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) Erland Bellido y Franklin Pedraza fueron favorecidos con medidas sustitutivas
La audiencia se instaló a las 10:00 en medio de protestas y agresiones de familiares de las víctimas de los exasesores legales del Ministerio de Gobierno, Dennis Rodas Limachi y Fernando Rivera. Los detenidos fueron imputados por delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias. Seis fiscales acudieron a la audiencia y junto a los abogados de Ostreicher fundamentaron que la red dispuso de los bienes y cambiaba fallos bajo amenaza. Los imputados negaron este hecho.
Audiencia de hoy
Asesores. En horas de la mañana de hoy se instalará la audiencia cautelar contra los exhombres fuertes del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera y Denis Rodas Limachi, además del exfuncionario de Bienes Incautados Ramiro Ordóñez López. Estos dos pidieron garantías y denunciaron que durante 36 horas se los mantuvo incomunicados sin acceso a sus familiares ni abogados.
Delitos. La Fiscalía incluyó en la investigación a todos los involucrados como denunciados por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y otros. Una comisión de seis fiscales encabezada por el fiscal de Distrito, Henry Herrera, lleva adelante la investigación.
Nadie sabe quién avaló a funcionarios corruptos
Ministros y exautoridades buscan desvincularse de la red de extorsión cuyos miembros eran parte del Gobierno.
Los Tiempos – 30/11/2012
Evitan la agresión al exabogado del Ministerio de Gobierno Dennis Rodas a la salida de los juzgados de Santa Cruz, ayer. – El Deber | Agencia
Ministros y exautoridades del Órgano Ejecutivo salieron ayer a deslindar cualquier relación y conocimiento sobre la actividad de los dos asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno que dirigían la presunta red de corrupción y extorsión, en la que además están implicados funcionarios judiciales y del Ministerio Público.
Entretanto, el titular de Gobierno, Carlos Romero, anunció anoche más aprehensiones en las siguientes horas, de otros involucrados con este grupo.
Mientras, el ahora exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera, identificado como el autor de las extorsiones y quien definía las decisiones judiciales en los juicios contra acusados en casos clave, aseguró ser inocente de esas acusaciones y pidió la conformación de una comisión para que audite los procesos que llevó adelante.
El diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS) Héctor Arce Zaconeta negó ayer tener una relación directa de parentesco con José Manuel Antezana Pinaya, uno de los implicados en la red de extorsión conformada por exfuncionarios públicos y negó que su contratación se trate de un caso de nepotismo.
El expresidente de la Cámara Baja admitió que Pinaya es su concuñado, por la relación entre sus esposas (hermanas). “No tengo ningún parentesco (legalmente) con él, y aunque lo tuviera, ustedes saben muy bien, los delitos y las acciones criminales son absolutamente intuito persona, como llaman los abogados, son personalísimas”, alegó en declaraciones a la prensa.
Dijo que por la información que tiene, Antezana fue funcionario durante muchos años en el Ministerio de la Presidencia y que en octubre de 2008 fue nombrado como Director de Gestión Pública. “Yo fui Viceministro, pero yo no lo contraté, él era ya funcionario del Ministerio de la Presidencia, y como Director de Gestión Pública no fue contratado en ningún sentido por mi persona, tengo entendido que fue el viceministro (Wilfredo) Chávez quien lo nombró siendo él ya funcionario en esa institución. El 6 de junio de 2008 fui nombrado por el presidente Morales como Ministro de Defensa Legal del Estado y él nunca trabajó bajo una dependencia mía”, dijo.
El exministro de Gobierno Wilfredo Chávez aseguró que entre septiembre de 2011 y enero de 2012, cuando era titular de Gobierno, no recibió informes sobre actos de corrupción gestados dentro de esta cartera.
Dijo que Rivera y Dennis Rodas, asesores jurídicos desde la gestión de Alfredo Rada, trabajaban en la unidad que se encargaba de los temas legales del Ministerio y ellos reportaban sobre su trabajo a su director.
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo se limitó ayer a convocar a las personas que fueron víctimas de chantajes, solicitud de sobornos, daños económicos o cualquier hecho de corrupción dentro del caso Ostreicher u otros
“Esperamos que los investigados, denunciantes como cualquier otra persona que tuviera algún indicio o prueba sobre ese caso lo haga conocer y lo presente al Ministerio Público. Es un tema que no puede quedar en la nebulosa, todo lo contrario, tiene que aclararse y llegarse hasta las últimas consecuencias”, sostuvo. Suxo.
Informó que con el afán de poner al descubierto la corrupción en instituciones públicas su Ministerio trabaja para insertar agentes encubiertos al interior de las mismas. “Eso tiene que incluirse en una nueva normativa penal”, dijo.
Investigación
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer más detenciones de implicados en el caso de corrupción que ha sacudido a las altas esferas gubernamentales.
Hasta el cierre de esta edición seguía la audiencia cautelar de un grupo de los detenidos.
Romero: dar con toda la red
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió ayer que “si no damos con toda la red, se rearticula fácilmente”
En entrevista con El Deber, Romero dio detalles sobre el caso Ostreicher y como se inicio la investigación de llegó hasta la red de corrupciòn integrada por funcionarios de su despacho.
Confirmó que hace más de tres semanas había manifestado al presidente Evo Morales que había movimientos raros por parte de abogados del Ministerio de Gobierno. “Nosotros mandamos mensajes a los abogados de (Jacob) Ostreicher para que denunciaran esta situación”.
Romero explicó que este año se reunió con un senador republicano (EEUU), quien le señaló que existía un caso de retardación de justicia con un compatriota suyo. “Yo empecé a preocuparme y les dije que no iba permitir ninguna injusticia. Fue allí que pedí informes. Después los hice cruzar con otros abogados”.
Investigaciones
Entre el lunes y miercoles han sido aprehendiso los abogados Fernando Rivera y Dennis Rodas, José Manuel Antezana que era funcionario del Ministerio de la Presidencia, Gustavo Dagner Céspedes Rosales. Hugo Franklin Pedraza Suárez, Eduard Stephane Bellido y Ramiro Ordoñez López, de DIRCABI Santa Cruz y Montero.
El empresario estadounidense Jacob Ostreicher llegó a Bolivia hace cuatro años para invertir 26 millones de dólares en la producción de arroz en Santa Cruz, pero fue detenido el 3 de junio de 2011 acusado de presunta legitimación de ganancias ilícitas, después de que dos empleados suyos fueran arrestados por su supuesta relación con el narcotráfico. La extorsión que sufrió para ser liberado y la venta irregular del arroz que le incuataron, permitió descubrir red de extorsión.
Venezuela fue clave para descubrir la corrupción
El ministro de Gobierno reconoce que hay muchos más implicados . La embajada de Venezuela agilizó el desarrollo de la investigación. El cabecilla de la red tenía mucha confianza.
EL DEBER. La Paz / Santa Cruz
El Gobierno de Venezuela fue determinante para que el presidente Evo Morales y sus ministros desbarataran la red de corrupción que se había montado para extorsionar al ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, confirmaron a EL DEBER fuentes gubernamentales y diplomáticas.
El actor Sean Penn, en primera instancia, recurrió a su amigo, el presidente venezolano Hugo Chávez, cuyo Gobierno gestionó ante Evo Morales la visita de Penn a La Paz, pero también a Palmasola, donde estaba detenido su otro amigo, Jacob Ostreicher, acusado de narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas.
De hecho, el actor estuvo acompañado durante ese periplo por funcionarios de la embajada de Venezuela en La Paz. El miércoles, el presidente Evo Morales en entrevista con este medio dijo que una embajada le envió el mensaje de que había irregularidades en el caso y por eso ordenó la investigación, los operativos y las detenciones. No precisó de qué embajada llegaron los mensajes, pero ayer fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron que fue la de Venezuela.
Por otro lado, ayer surgieron cuestionamientos sobre por qué el Poder Ejecutivo no detectó y desbarató mucho antes la red encabezada por abogados que trabajaban desde hace cinco años en el Ministerio de Gobierno. La bancada opositora de Convergencia recordó ayer que el senador Róger Pinto presentó el 15 de abril de 2011 un audio en el que se escuchaban las voces del abogado Dennis Rodas y “posiblemente”, de Fernando Rivera, en las que junto a un fiscal y una abogada que posteriormente le iniciaron procesos penales “tramaban de manera descarada la conducción judicial de los casos terrorismo y Porvenir, así como la forma de controlar la Corte Suprema de Justicia”, se lee en un comunicado.
El diputado del MAS, Héctor Arce, argumentó en defensa del Gobierno que “estas organizaciones criminales se forman con extremado sigilo y reserva, es difícil detectarlas”.
El diputado oficialista Edwin Tupa reconoció que el sistema de control “no ha funcionado” en los ministerios de Gobierno y de la Presidencia. Hay que apretar clavijas”. La oposición cuestionó que la ministra Nardi Suxo no haya informado de la red. Esta última salió al frente y defendió su gestión.
Fernando Rivera
Sigiloso, no se hacía sentir en el ministerio, pero era ostentoso cuando salía a la calle, y solamente aparecía cuando necesitaba algo. Fueron los tres conceptos que se recogió en la oficina en la que se desempeñó durante cuatro gestiones ministeriales.
Ingresó a trabajar en esa repartición de Estado el 20 de julio de 2007. Previamente, había pasado por la Contraloría y por la Caja Nacional de Salud, de donde no habría salido muy bien parado, porque se vio implicado en un caso de presunta corrupción que quedó archivado.
En poco más de dos meses pasó de abogado de la Dirección de Asuntos Jurídicos a director de Análisis Jurídico de esa oficina. Sorpresivamente, el 2009 fue derivado a la Dirección de Migración, como director de Extranjería.
El 2010, el ministro Sacha Llorenti lo nombró director de Asuntos Jurídicos, pero apenas días después fue nombrado asesor legal, cargo en el que se mantuvo desde entonces, pasando por las gestiones de Wilfredo Chávez y Carlos Romero, hasta que fue detenido el lunes en Tarija. Antes de ello había obtenido un poder que no le ponía freno alguno y, a criterio de personas consultadas en el mismo Gobierno, le otorgó una especie de “licencia para matar”.
Su declaración jurada de bienes, presentada el 29 de junio de 2012, reportó cero (0) en Bienes, Deudas y Patrimonio Neto; mientras que sus rentas alcanzaron a 156 mil bolivianos, lo que significa que tenía un ingreso mensual de 12 mil bolivianos.
También tenía afinidad con el fiscal Isabelino Gómez.
Más víctimas denuncian extorsión
La colombiana Claudia Rodríguez, socia del estadounidense Jacob Ostreicher, también fue víctima de esta red de extorsionadores. Le pidieron $us 30.000 para que no sea trasladada del penal de Palmasola al Centro de Orientación Femenina de Miraflores, denunció su abogado defensor, Fabio Jofre.
“Mi clienta también ha sido extorsionada en su momento para no ser trasladada de Santa Cruz a La Paz. Si ella hubiese pagado, se habría quedado en Palmasola tranquilita, el hecho de no acceder a esas pretensiones ilícitas hizo que la trajeran a La Paz”, afirmó a la red Erbol.
María Esther Gorena, esposa del excoronel René Navía, tambén dijo que vivió en carne propia la extorsión de esta red, porque tiene fotografías de que hasta uno de sus vehículos que le fue incautado era usado por Fernando Rivera y sus aliados.
Por su lado, Karina Flores, esposa del alemán Dirk Schmidt, acusado de alzamiento armado y sedición, dijo que en el caso de su marido ha habido manipulación política y jurídica por parte de los ahora implicados.
Romero y Pérez temieron que la red de extorsión los inculpara
El Ministro de Gobierno reveló que el viceministro Jorge Pérez quiso alejarse del cargo porque el grupo delictivo investigó a su familia y lanzó un rumor de narcotráfico.
La Razón / Santa Cruz
Las labores de la red de extorsión que fue desarticulada en los ministerios de Gobierno y la Presidencia causaron temor en las dos principales autoridades de la primera cartera estatal, debido a que creían que el grupo ilegal podía volcar la acusación en su contra.
Tres días después de haber desarticulado la red que se incrustó en los dos ministerios, el titular de Gobierno, Carlos Romero, reveló en la ciudad de Santa Cruz algunos detalles de la investigación que llevó para descubrir a la organización delictiva, después de más de medio año de trabajo.
Una de las revelaciones, por ejemplo, tiene que ver con la posición que asumió el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, quien estaba a un paso de alejarse del cargo por la peligrosidad que representaba la organización investigada que contaba con una estructura consolidada. Incluso dijo que había, de por medio, seguimiento a familiares y un rumor de vínculo con el narcotráfico en contra del viceministro.
“La verdad, se trataba de una banda muy peligrosa, incluso el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, quería renunciar al cargo por temor a que esta gente era peligrosa y que en cualquier momento podía armar evidencias en su contra y la mía, para involucrarnos en otros hechos y hacernos parecer como culpables”, declaró la autoridad de Estado.
Grupo. Entre el lunes y el miércoles, seis personas fueron detenidas por ser parte de la red de extorsión y corrupción en el caso Jacob Ostreicher, un estadounidense acusado de legitimación de ganancias ilícitas que está detenido desde hace más de 16 meses. Entre los aprehendidos están José Antezana Pinaya, exfuncionario del Ministerio de la Presidencia, y Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas, exempleados jurídicos de la cartera de Gobierno.
La red de corrupción, según la denuncia, habría vendido irregularmente el arroz que le confiscaron a Ostreicher. El afectado dijo que le decomisaron 20 toneladas del producto, además de maquinaria y ganado. La extorsión la habría ejercido ante el estadounidense para exigirle $us 50 mil a cambio de su libertad condicional.
El martes, Romero oficializó la desarticulación de esta red. La punta de lanza para la desarticulación de la banda fue la denuncia interpuesta por los abogados de Ostreicher, sobre venta irregular de arroz incautado.
El Ministro de Gobierno manifestó que no fue nada sencillo desbaratar a este grupo. “Cada vez que se intentaba dar el golpe, la investigación se caía porque la información había sido filtrada”. Hizo referencia a que, en al menos dos oportunidades, quedaron sin efecto los operativos preparados para desbaratar la banda de extorsionadores.
Investigación. Romero no dio detalles de la investigación, pero dejó abierta la posibilidad de que haya mayores resultados de su trabajo para este fin de semana. “Es importante este caso, creo que tiene una historia muy larga hacia adelante, espero que toda la red caiga y el día que eso suceda nos sentiremos orgullosos”, acotó. La autoridad no descartó la posibilidad de que exfuncionarios de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) estén implicados en esta acción ilegal.
En La Paz, Fabio Jofre, abogado de Claudia Liliana Rodríguez Espitia, coimputada en el caso Ostreicher, denunció que la red de corrupción habría tratado de extorsionar a su clienta, tratando de cobrarle $us 30 mil dólares para que no sea trasladada de la cárcel de Palmasola a la ciudad de La Paz y al no haberse concretado este pago, se la derivó al centro penitenciario de Miraflores en la sede de gobierno, reportó ANF.
La misma agencia informó que el exviceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, pidió que se incluya en las investigaciones de esta red de extorsión al exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno Boris Villegas. Ante el destape de este caso, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, planteó la necesidad de mejorar los niveles de control de funcionarios públicos, con el objetivo de evitar actos irregulares que se puedan dar en el interior del aparato estatal.
Golpiza a Fernando Rivera
Cuando el exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera asistió a los juzgados para su audiencia cautelar, familiares de Dirk Smith y de otros afectados en otros casos agredieron físicamente al acusado de ser parte de la red de extorsión y corrupción que fue desarticulada el martes.
Dos de cuatro detenidos van a la cárcel
En una maratónica audiencia de medidas cautelares en contra de cuatro de los seis detenidos en el caso de la red de extorsión, el juez 7° de Instrucción en lo Penal, Juan José Zubieta, ordenó la detención preventiva en el penal de Palmasola para dos acusados y medidas sustitutivas para otros dos.
El Ministerio Público presentó la imputación por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, beneficio en razón de cargo y uso de influencias, en la audiencia que empezó a las 10.30 y terminó cerca de las 23.45.
Zubieta determinó dictar la privación de libertad para José Manuel Antezana Pinaya, exdirector general de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia y Gustavo Dagner Céspedes Rosales, hombre de confianza del exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera.
El juez también determinó otorgar medidas sustitutivas para Hugo Franklin Pedraza Suárez, exinspector de Dircabi; y Edward Stefane Bellido, exinspector de Dircabi Santa Cruz. Para cada uno de ellos fijó una fianza de Bs 30 mil, arraigo y la presentación periódica ante la Fiscalía. Esta madrugada se informó que la audiencia de medidas cautelares para los aprehendidos Fernando Rivera Tardío y Dennis Efraín Rodas Limachi, exabogado apoderado del Ministerio de Gobierno, fue suspendida para hoy, a partir de las 08.30.
Durante la mañana, Rivera y Rodas fueron retirados bajo estrictas medidas de seguridad de las oficinas de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, ante la amenaza de agresión por parte de los familiares del alemán Dirk Schmidt y de Julio y René Navía, encarcelados preventivamente.
Acusado dice ser inocente y rechaza los cargos
El exasesor legal del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío pidió al presidente Evo Morales realizar una evaluación procesal de cada uno de los procesos en los que participó en representación del Estado, para determinar si actuó mal. Rivera indicó que para esa evaluación puede convocar a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, al Procurador General del Estado y a las ministras de Justicia y de Transparencia.
“La finalidad es que vean que todas las actuaciones procesales son netamente jurisdiccionales, en el marco de las autoridades judiciales, hay actos que son de fiscales y actos de apoderados”, explicó. El exasesor fue detenido el martes, acusado de ser parte de una red de extorsión a litigantes en diferentes casos judiciales.
“Ahora resulta que todos los procesos son de extorsión, somos inocentes (con los otros cuatro detenidos). Con absoluta seguridad, solvencia y con la frente en alta le digo al pueblo que mi persona es inocente de todos los cargos que se le imputa, lo único que he hecho es trabajar y responder a los intereses del Ministerio de Gobierno como apoderados”, afirmó. Aseguró que nunca ejerció presión a nadie. “Todas las autoridades jurisdiccionales tienen una independencia”, acotó.