Juan Francisco Gonzales Urgel
Durante los siete años que lleva en ejercicio, el actual gobierno del Estado Plurinacional nos ha demostrado hasta la saciedad que sus principales actores privilegian los criterios políticos por encima de la planificación y el uso racional de técnicas de administración y de gestión. Baste con examinar el estado de nuestras relaciones internacionales, la inseguridad jurídica y ciudadana, la presencia del narcotráfico, o las políticas gubernamentales de inversión pública, y otros rubros de servicios a los que no tiene acceso la mayoría de la población boliviana.
Las prioridades del gobierno se inclinan por comprar satélites; construir Casas del Pueblo; adquirir costosos aviones y helicópteros para uso presidencial, o mantener la lealtad de sus sectores afines (cocaleros) con inversiones sin retorno y, a resguardo de la lucha contra el narcotráfico con la cual nos apremian la comunidad internacional y nuestros vecinos más cercanos. En materia de distribuciones presupuestarias el 47,5% del PGE del año 2013 ha sido asignado a las carteras de Defensa y Gobierno -sustentos del régimen – un escuálido 9,8% para Educación y Salud, y 0,13 % para el Poder Judicial. La inversión productiva flota en el Limbo mientras se pretende aumentar y hasta inventar nuevos bonos destinados al clientelismo político.
Por lo demás, estos siete años no han sido otra cosa que una sostenida campaña electoral sustentada en millonarias propaganda y promoción gubernamentales destinadas a recordarnos que el “proceso de cambio” nunca duerme. El censo no podría ser considerado entonces, como una herramienta ascética y puramente técnica de planificación, sino como otro instrumento de diseño del escenario político en vista a los años electorales que se avecinan.
Proyecciones preliminares indicaban que los índices de población habían sufrido grandes variaciones, en vista de lo cual, aún en etapa de empadronamiento, autoridades de Santa Cruz y El Alto exigieron al Gobierno se proceda con la redistribución de recursos y la reasignación de escaños a la Asamblea Legislativa en 2013. El líder cívico Celestino Condori afirmó que Potosí rechazará el recorte de escaños y de recursos económicos. Declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera y de la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, sostenían que esto era materia que “habrá que debatir más adelante”. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, explicó que para configurar el presupuesto con base a los datos del censo, se necesitaba analizar los resultados finales que publicará el Ministerio de Planificación entre junio y octubre de 2013, echando “sin querer, queriendo” más leña a una fogata que probablemente explica por qué éste se realizó un año después de lo que indicaba el cronograma censal, y un año antes de las elecciones nacionales.
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A estas alturas del partido muchos considerarán que presumir un escenario de confrontación Oriente-Occidente por recursos, o curules más o curules menos (objetivo político del gobierno para generar espacios donde ha demostrado moverse como pez en el agua) es hilar demasiado fino.
Pero la primera puntada proviene precisamente de boca del Vicepresidente, quien el pasado 16 de noviembre, en ocasión de entregar una cancha de pasto sintético –al parecer otra prioridad gubernamental- en la localidad de San Pedro de Buena Vista (Potosí) expresó: “… si algún día regresan los k’aras, los ricachones y patrones, ¡pobre Bolivia!; hasta a las guaguas le van a quitar el bono Juancito Pinto; a los abuelos, la renta dignidad. Porque así son ellos, solamente piensan en sus familias, no piensan en el pueblo”. No sería ejercicio de “mala leche” –sin restar un ápice al derecho de unos y otros de reclamar lo que consideran justo- transpolar tales argumentos vicepresidenciales en contra de los cambas oligarcas, neo liberales, vende patria y separatistas, para recuperar la votación perdida por el gobierno en Oruro, Potosí, La Paz y otras regiones, solidarias entre sí, ante la pérdida de recursos y escaños en favor de tan viles destinatarios.
Al parecer, los sastres gubernamentales, afanados en confeccionar un traje a la medida de sus ambiciones de poder, no dan puntada sin hilo, pues ¿qué perspectivas quedarían para lograr una oposición unificada? Ya los busca votos, opositores y gobiernistas, están intentando aumentar los curules vía modificación de la Constitución –un boquete abierto para otras modificaciones constitucionales de profundización del proceso de cambio- y la Ley de Régimen electoral. Por conducto de la última pueden incorporarse factores como las poblaciones flotantes y la relación urbana-rural derivada de las consignas sindicales que obligaron a censarse en sus aldeas de origen, a quienes habían cambiado de residencia, con la amenaza de expropiar casas y tierras. “Los del INE –relataba una empadronadora- nos han capacitado un día entero, sabemos qué hay que hacer…. Lo que haremos sí o sí será informar a los señores del Censo. Pero después, también tenemos que avisarles a los de la Junta de Vecinos en cuántas casas no había nadie”. Su mamá complementó que todas esas personas “serán expulsadas, por decisión de todos”, continúa la nota periodística.
Pero el censo ha abierto una caja de Pandora cuyas fuerzas pueden ser devastadoras. Tendrán una titánica tarea los Gobernadores y Alcaldes masistas para explicar a sus ciudadanos el por qué contemplaron genuflexos cómo el gobierno traspasaba los recursos del IDH a las arcas centrales, concentraba más del 85% de los recursos, y condenaba sus regiones a convertirse en zonas de expulsión de bolivianos y bolivianas que emigraban en busca de mejores condiciones de vida.
El propio gobierno deberá reflexionar seriamente su falta de credibilidad ante la ciudadanía, habida cuenta de que un evento de importancia suprema, pero de ejecución rutinaria, haya despertado tanta aprehensión y descrédito antes, durante y después de su realización. De igual manera le será cuesta arriba explicar el por qué, los ayoreos fueron censados sin la presencia de traductores en este Estado Plurinacional indígena originario que exige el aprendizaje de idiomas nativos para todos los funcionarios públicos. Otra cuenta deberá rendir ante el pueblo Weenhayek, en la provincia Gran Chaco, que hasta dos días después de haber concluido la jornada censal, no había sido empadronado, según reportes de Radio Pilcomayo de Erbol.
Nunca estará demás recordar que el gobierno del Estado Plurinacional contó para la realización del censo 2012, con 7 años –incluido un año de retraso- de gestión ininterrumpida desde 2006 hasta 2012. Durante todo este tiempo, se diseñaron las boletas censales sin la participación de personas con experiencia previa en tales avatares, ni representantes de la sociedad civil capaz de realizar controles, fiscalización y garantías de confiabilidad. Nadie conoce la identidad ni calificación técnica o académica de quienes fungen como miembros del Comité Impulsor del Censo. Las boletas censales fueron publicadas e impresas sin lugar a modificaciones, casi en forma secreta, pocas horas antes de su distribución.
Todo este cóctel improvisado, al costo de 20 millones de dólares de un total de 50 otorgados por el Banco Mundial.
En contraste, cada empadronador recibió el magro estipendio de 20 Bs. La organización logística se realizó con instrumentos cartográficos obsoletos. Una consultora en el INE, quien rehusó ser identificada, denunció que “todo el proceso del censo fue perjudicado por la improvisación y la falta de coordinación en la entrega de materiales… “Estaban los lápices pésimos… nos han reclamado los mismos empadronadores…”. La jornada censal tropezó con la insuficiencia y falta de boletas, y la ausencia de empadronadores. En varios lugares se fotocopiaron credenciales, boletas censales y acreditaciones sobre cuya validez nadie ha respondido hasta el momento. Imágenes de televisión mostraron a empadronadores borrando y rellenando boletas sin ningún control.
Para cualquier gobierno serio, el censo constituye un instrumento que permite conocer el total de la población y su composición etaria, su distribución geográfica; el empleo y sus características; la vivienda, y el estado de situación de los servicios públicos, además de otros datos de importancia capital. También los gobiernos serios y responsables utilizan estos datos con el objetivo de redimensionar metas, dar cambios de timón a las políticas públicas y comprobar los resultados de determinadas líneas de gestión tanto a nivel del Estado central, cuanto departamental y municipal, y en general, contar con indicadores confiables para la planificación estratégica.
Sin embargo, en opinión de muchos ciudadanos, los resultados del censo 2012 no modificarán en nada las conductas ni el rumbo del gobierno enfrascado como está en el “Socialismo del Siglo XXI” que tiene su propia ruta, cualesquiera sean sus resultados. El censo tal y como marcha hasta ahora, servirá para confrontar una vez más a los bolivianos y bolivianas con propósitos electorales.
Ojalá y no seamos MAS durante la próxima re reelección de Evo Morales.
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