La detención de funcionarios de los Ministerios de Gobierno y de la Presidencia, involucrados en la extorsión al empresario judío-americano Jacob Ostreicher, detonó el descubrimiento de toda una red de corrupción al interior de las mencionadas carteras.El que denomináramos tiempo atrás como el caso Dreyfus de Evo Morales acabó estallándole en las manos al Órgano Ejecutivo, que ahora intenta hacer control de daños cargándole todas las culpas a los detenidos, varios de los cuales fungían como asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno (Dennis Efraín Rodas Limachi era jefe de la Unidad de Gestión Jurídica y Fernando Rivera Tardío se desempeñaba como asesor de Asuntos Legales).Ahora, ellos son inculpados por el ministro Carlos Romero de haber sido quienes presentaron la denuncia contra los dirigentes del TIPNIS por el “secuestro” del canciller Choquehuanca. El ministro acotó que los funcionarios caídos en desgracia eran quienes “torcían procesos” en la justicia.También se divulgó que constituían la parte querellante en el proceso del caso Rozsa.Así que los detenidos podrían terminar siendo los chivos expiatorios que el gobierno necesita para lavarse las manos en varios temas.Pero, si puede creerse que los asesores jurídicos puedan haber actuado de manera autónoma en el caso Ostreicher, esto es muy poco probable en asuntos como el conflicto del TIPNIS y los juicios persecutorios bajo el rótulo de “terrorismo”.Lo cierto es que los titulares de las carteras citadas no pueden eludir su responsabilidad -por acción u omisión- en la corrupción, teniendo en cuenta que no se trata de casos aislados, sino de delitos que vienen a sumarse a muchos otros escándalos, como la detención en Miami del director de inteligencia del Ministerio de Gobierno, el narco-general Sanabria; el soborno de testigos (Ignacio Villa Vargas) y las acusaciones contra el Ministro de la Presidencia lanzadas por la revista Veja y el periódico Sol de Pando, sobre presuntos vínculos con narcotraficantes (Max Dorado y Mauro Vásquez)… [email protected]