Las crecientes revelaciones sobre las finanzas personales del presidente Morales y el vicepresidente García Linera dibujan un panorama complicado para el régimen que usó la cobertura de la “lucha anticorrupción” para la persecución de opositores y disidentes ex oficialistas.
Ahora, ante los cuestionamientos públicos por el inexplicable enriquecimiento del mandatario y el presunto ocultamiento de algunas de sus propiedades en su declaración jurada de bienes, la cartera supuestamente encargada de combatir los malos manejos en la administración estatal, el Ministerio de Transparencia, se ocupa más bien de tratar de justificar la conducta del gobernante cocalero.
Se constata una vez más el sesgo o la parcialidad con que se realiza la pretendida lucha anticorrupción. Cabe recordar que, según confesara tiempo atrás la ministra Suxo, la gran mayoría de los procesos impulsados por su cartera contra funcionarios públicos están enfocados en opositores.
Evidentemente, hay corruptos en todas las tiendas políticas; los ha habido en gobiernos anteriores y los hay en el actual. Pero parece claro que el combate por la transparencia no podrá ser llevado a cabo eficientemente por un despacho dependiente del Órgano Ejecutivo, que podría hacer la vista gorda con sus mandantes.
En vez de esto, la gestión de la lucha anticorrupción debería estar a cargo de una oficina independiente, a la manera de la Defensoría del Pueblo, con un titular designado por 2/3 de votos del Congreso y con monitoreo de organizaciones como Transparencia Internacional.
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De lo contrario, se continuará con la transparencia hemipléjica, que sólo vigila a una mitad del arco político.
Este es uno de los debates más importantes que deberá asumir la sociedad boliviana…