El Deber estuvo en la propiedad del empresario judío-estadounidense Jacob Ostreicher. Tiene $us 10 millones en bienes y trabajadores impagos. Sus propiedades le fueron incautadas en 2011 por el supuesto delito de lavado de activos del narcotráfico.
ACTIVIDAD. Toneladas de arroz que se echan a perder, mientras sigue el proceso
Ruy D’Alencar. San Pablo, El Deber, Bolivia
Luce como una enorme tienda de maquinaria agrícola en medio del monte. A las puertas de Beni, todavía en el lado cruceño de la ruta Santa Cruz-Trinidad, se puede ver tractores, cosechadoras, retroexcavadoras y orugas apiladas dentro de la alambrada de Cruce 1, una de las cinco propiedades que el empresario judío-estadounidense Jacob Ostreicher reclama como suyas y que le fueron incautadas en 2011 por el supuesto delito de lavado de activos del narcotráfico.
Allí, entre los fierros y los barbechos, hay 86 obreros medio adormecidos porque hace más de un año que la empresa no trabaja y porque han quedado sin salario, pues sus contratistas están entre rejas. Luego del arresto de Ostreicher y de que la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) tomó el control de sus activos, los bienes fueron encargados en custodia de los trabajadores. Así lo asegura Antonio Suárez, encargado de maquinaria y propiedades incautadas de Coliagro, que antes era administrativo de la empresa.
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Una vez dentro del Cruce 1, los obreros lanzan duros reclamos contra los contratistas. Se alborotan. Pese a ello, se han quedado en los predios, distribuidos en cinco campamentos, y han hecho un inventario de activos fijos de la empresa, que consta de 227 ítems, donde la mayoría son máquinas agrícolas, repuestos y herramientas, cuyo valor estiman en $us 10 millones, además de 300 cabezas de ganado brahman y nelore y algo más de 5.000 toneladas de arroz, grano que ya está malogrado, cuentan.
En estas tierras de Guarayos, en Cruce 1, Cruce 2, Los Tucanes, San Bartolo y Los Cusis, el sindicato de empleados de Ostreicher ha gestionado un convenio con Dircabi Santa Cruz, que fue aprobado en agosto y que les ha permitido disponer de los bienes incautados, de la maquinaria y de las tierras para la producción arrocera, para gestionarse ingresos mientras se esclarece la situación de Ostreicher.
Los empleados aseguran haber firmado el convenio con Ivette Álvarez, directora de Dircabi Santa Cruz. El miércoles se buscó conocer la versión de Álvarez, pero funcionarios de ese despacho dieron a conocer que la directora no iba a dar declaraciones a la prensa por órdenes del Ministerio de Gobierno. “Nos abocamos al proceso penal contra los extorsionadores, no tenemos detalle de los bienes que le quedan a Ostreicher”, admite al teléfono Jorge Pérez, viceministro de Régimen Interior, consultado sobre el convenio con Dircabi Santa Cruz del que plantearon los trabajadores de Coliagro.
Se buscó hablar con Yimy Montaño, abogado del estadounidense, para consultar su criterio sobre el convenio con Dircabi, pero se excusó por teléfono.
“Preparamos este terreno para empezar a sembrar arroz”, explica Charles Conde, un ingeniero encargado de la producción agrícola, que ahora es directivo del sindicato de Coliagro. Conde señala la tierra preparada para la siembra en Los Tucanes, cerca de un almacén donde guardan miles de toneladas de arroz.
Las autoridades no responden sobre los bienes, pero este grupo de empleados dice que guarda al detalle las planillas de inventario de piezas incautadas, al menos de aquellas que se salvaron de perderse en remates y traslados. Según Suárez, la importadora Saci revirtió 14 tractores y una retroexcavadora por deudas sobre esas máquinas. También, el sindicato asegura que el Ministerio de Gobierno, a través de Dircabi, se llevó a La Paz un camión Volvo y dos camionetas Nissan Patrol, además de varias toneladas de arroz rematadas y que han implicado a funcionarios del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Gobierno.
“A nosotros nos contrató Claudia Liliana Rodríguez, una abogada colombiana que nos dijo que era la dueña”, relata Conde, que recuerda que el emprendimiento se fundó en 2008 como Lagro Agrocol, bajo administración de Rodríguez, y que cambió de razón social a Coliagro cuando llegó Ostreicher, quien les dijo que él y otro socio eran los verdaderos dueños.
En las cinco propiedades, según Suárez, hay alrededor de 15.000 hectáreas, de las cuales 5.000 se destinan a la agricultura, sobre todo de arroz. La producción por cada campaña fue de 20.000 toneladas de grano.
Desde que los trabajadores quedaron como custodia, ha habido intentos de avasallamiento de tierras y han intentado llevarse maquinaria un grupo de personas que se identificaba como funcionarios de Dircabi, pero que luego la Policía de Beni detuvo por intento de estafa.
Pese a todo, la dirección de su sindicato asegura que ha conseguido subsistir con donaciones de alimentos de vecinos. Que han debido organizarse en grupos para trabajar en tierras vecinas y usar la paga para mantener a todos los obreros parados, además ha habido vecinos que les han cooperado con combustible que deberán pagar cuando empiecen a producir arroz.
En San Pablo, el pueblito beniano que marca el límite con Santa Cruz, todo el mundo habla de que esa propiedad la compró la abogada colombiana, hoy detenida; que luego vino, se la disputó Ostreicher y que en marzo de 2011 derivó en la intervención de los bienes y en junio, en el arresto del estadounidense. Así se vive este lío legal ocurrido en este rincón lejano de Bolivia.
TESTIMONIOS
Emilio Angüela (44) | Operador de maquinaria
Ya son 13 meses sin dinero. Mi familia está abandonada en Santa Cruz y mis hijos han tenido que salir a pedir limosna a las calles. Yo pido al ‘míster’ Ostreicher que nos arregle lo que nos debe. Por ahora yo me gano la vida trabajando para los vecinos de su propiedad, pero no alcanza para mandar a mi familia. Pido al Ministerio de Trabajo que haga algo.
Magy Villarroel (36) | Cocinera
Estoy viviendo en la propiedad Cruce 1 con mi familia. Exigimos que nos paguen nuestra liquidación porque tenemos gastos. No entiendo bien qué pasó, la doctora (Liliana) Rodríguez nos contrató pero luego la empresa pasó al señor Ostreicher. No importa, lo que queremos es que entiendan que tenemos necesidades. Nadie se acuerda de nosotros.
Donald Yaube (30) | Almacenero
Vivir en esta propiedad es tan difícil que tuvimos que recibir la ayuda de los vecinos para sobrevivir. Nos dieron comida y trabajo. No podemos movernos de acá hasta que nos paguen nuestros beneficios sociales como nos prometieron. Si abandonamos este predio capaz que no nos paguen y lo peor, capaz que se pierda la maquinaria y el ganado.
Una demanda laboral por Bs 4,6 millones
La última vez que les pagaron fue en octubre de 2011, dicen los trabajadores en medio de la desolación. Son 86 obreros de Coliagro los que reclaman el pago de salarios atrasados de más de un año y sus beneficios sociales. Antonio Suárez, encargado de los bienes incautados de Jacob Ostreicher, asegura que hay una demanda laboral en el Ministerio de Trabajo contra la empresa por más Bs 4.600.000 y que no avanza.
Se intentó consultar a Yimmy Montaño, el abogado del empresario detenido hace 18 meses, pero no fue posible, dado que se encontraba en la capital cruceña siguiendo los incidentes de la audiencia cautelar de la presunta red delictiva de exfuncionarios de Gobierno que chantajearon a su cliente.
Sin embargo, los empleados aseguran que son custodios de los bienes de la empresa y que intentaron conciliar con Claudia Liliana Rodríguez, la colombiana que administró la compañía en un inicio (antes de Ostreicher) y que está detenida por una supuesta vinculación con el narco brasileño Maximiliano Dorado, a quien le compró tierras, según la justicia.
Los empleados aguardan que se solucione el caso de Ostreicher y que el empresario arregle cuentas con ellos, tal como se los prometió en 2011. “No es sostenible nuestra situación, quiero que me paguen y si se puede, me quiero quedar a trabajar”, confiesa Benito Ushimoto (31), almacenero.