Choferes, gremialistas y el Gobierno acordaron ayer sentarse a debatir la ley de extinción de dominio de bienes el próximo 16, después de la violenta jornada vivida en varios puntos de Santa Cruz y otras regiones de Bolivia. Más de 30 personas fueron detenidas por bloquear rutas y avenidas. El proyecto de ley de extinción de bienes en favor del Estado está en Sucre.
El Gobierno decide abrir diálogo tras la violencia
El ministro Romero convocó para este viernes 16 a los comerciantes y transportistas para debatir sobre el proyecto de ley de extinción de bienes.
Tras la violencia se abre el diálogo
El Deber, Santa Cruz
El Gobierno abrió las puertas del diálogo con los transportistas y los dirigentes del sector gremial para debatir sobre el proyecto de ley de extinción de bienes en favor del Estado, después de la jornada violenta que se vivió ayer en Santa Cruz durante el paro de transporte, los bloqueos de vías públicas y el cierre de mercados que provocaron acciones de violencia.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Romero anunció que el encuentro se realizará el viernes, porque hoy viajará a Perú para sostener una reunión con las autoridades de ese país. Los gremialistas y los transportistas confirmaron que asistirán al encuentro, previsto en la capital cruceña. La Central Obrera Departamental también estará presente. Hoy sostendrán una reunión para evaluar los alcances del paro y alistarán sus posiciones para la cita prevista.
El ministro reiteró que el proyecto no afectará los intereses de los comerciantes ni de los transportistas, por lo tanto “esta iniciativa se va a consolidar más temprano que tarde, porque se enmarca en dos convenciones de Naciones Unidas, que configuran el marco jurídico internacional que respalda esa iniciativa", dijo ante los medios de comunicación.
Por su lado, el viceministro de Gobierno, Jaime Pérez, dijo que continuarán con la campaña informativa sobre el proyecto de ley, y que cualquier determinación se tomará después de que se pronuncie el Tribunal Constitucional, donde se encuentra en consulta.
Mientras tanto los sectores se mantienen en alerta y anuncian un paro nacional para un día antes del Censo, aunque eso depende de las negociaciones.
De igual forma, el sector transporte anunció una vigilia en Sucre, donde pretenden seguir de cerca el destino del proyecto de ley.
Durante el paro de actividades, los transportistas y gremiales bloquearon varias avenidas, situación que ameritó la intervención de la Policía. Según el Gobierno, hubo 29 personas arrestadas, para la Fiscalía 30 y los sectores movilizados aseguran que fueron 33. También hubo gente lastimadas en los forcejeos y cientos de vecinos perjudicados que no pudieron desplazarse con normalidad.
Por las calles solo circularon trufis, vehículos particulares y los que dispuso la municipalidad y las Fuerzas Armadas. Los transportistas calificaron como exitoso el paro, porque no hubo micros en las calles. Los dirigentes del gremio, Róger Gonzáles y Mario Guerrero, declararon, por separado, que el Gobierno debe escuchar su pedido. Los gremiales fueron afectados con la represión policial en el desbloqueo de la carretera al norte, pero el cierre de mercados fue a media fuerza. El dirigente del sector gremial, Jesús Cahuana, cree que se consiguió hacer conocer el problema a la ciudadanía.
Posiciones
Lo que dice el Gobierno
Continuará con la campaña de información del contenido de este proyecto de ley y esperará el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Mantiene la línea de que solo afecta a los narcotraficantes, contrabandistas y funcionarios públicos corruptos que hayan obtenido ganancia ilícita.
Los sectores movilizados
Los gremialistas y transportistas advierten que continuarán con las medidas, porque piden que se archive este proyecto de ley. La próxima semana seguirán con las presiones y alrededor de 3.000 llegarán a Sucre para hacer una vigilia hasta que se conozca el fallo de los tribunos respecto a la norma.
El proyecto de ley de extinción está en Sucre
Movilización. El Tribunal lo revisa desde hace seis días.
Denuncia. Desde el Gobierno acusan a los dirigentes del transporte y de los comerciantes de movilizarse por intereses oscuros
El Deber, La Paz
El proyecto de ley de extinción de dominio de bienes en favor del Estado fue remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional el 6 de noviembre, confirmaron ayer en el Ministerio de la Presidencia. Eso significa que esta instancia judicial tiene 24 días, hasta el martes 18 de diciembre, para pronunciarse.
Diversos sectores del oficialismo criticaron que, pese a ello, se movilizaron ayer los gremialistas y transportistas en Santa Cruz y Cochabamba.
El 5 de noviembre, el diputado Héctor Arce, del MAS, declaró que el Tribunal tiene el plazo de 30 días hábiles, desde que recibió el proyecto de ley en consulta, para pronunciarse sobre la constitucionalidad o para hacer conocer las observaciones que tenga. “Luego de ese tiempo, el Tribunal Constitucional se pronunciará y conoceremos su criterio. Entonces, recién se reanudará el trámite del procedimiento legislativo al interior de la Asamblea”.
En el Ministerio de la Presidencia informaron ayer que el viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldivieso, y un equipo de abogados del Gobierno viajaron a Sucre y entregaron oficialmente al Tribunal el proyecto de ley en consulta el martes 6 de noviembre, al día siguiente del anuncio realizado por el presidente Evo Morales.
Desde el oficialismo, el diputado Juan Carlos Cejas, del MAS, advirtió que “para todos es de conocimiento que esta norma está en consulta. En mi opinión, la protesta no tiene sentido y pone en evidencia la intolerancia. Muestra también que detrás de los bloqueos y la protesta está el oscuro interés de generar conflictos”.
La agencia estatal de noticias ABI reportó que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, criticó a los sectores que se movilizaron y ratificó que la norma irá adelante. "Seguramente es la pulseta de algunos dirigentes que están intentando evitar que esta iniciativa se consolide, pero se va a consolidar más temprano que tarde, porque se enmarca en dos convenciones de Naciones Unidas que configuran el marco jurídico internacional que respalda esa iniciativa", dijo.
LOS PUNTOS
Esto dice el proyecto
1.- La acción de extinción de dominio de bienes a favor del Estado será declarada procedente o improcedente por la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado contra el titular del derecho propietario, poseedor del bien sujeto a extinción de dominio, conforme causales en el artículo 5 de la presente ley.
2.- La Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, con la participación de la Fiscalía y con la fuerza pública procederán con el decomiso e incautación de los bienes que hayan sido empleados y sean producto del narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.
3.- Habrá cinco días hábiles administrativos para que se presenten los descargos.
Se atenta contra la legalidad
Fabio Joffré / Constitucionalista
Después del fiasco normativo presentado por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, a propósito de la retroactividad de su aplicación, el nuevo proyecto de ley de extinción de dominio de bienes se enfrasca en subvertir elementales bases del sistema democrático, constitucional y de los derechos humanos.
Los proyectistas prefieren llamar el proyecto de ley de extinción de dominio de bienes a favor del Estado, como pretendiendo suavizar el impacto sicológico que genera el vocablo ‘confiscación’, olvidando que en realidad estos son sinónimos.
En los hechos, este proyecto otorga al Ejecutivo y no al Órgano Judicial la potestad de confiscar bienes de supuesta procedencia delictiva, siendo la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado la autoridad que inicia la acción y a la vez confisca los bienes. En otras palabras, dicho organismo hace de juez y parte para la confiscación de los bienes.
Mientras el Código Penal contempla la confiscación o decomiso como una consecuencia sancionatoria emergente de un delito, el proyecto la contempla como una sanción administrativa nominal, que en los hechos reviste la misma esencia de una confiscación. En este sentido, la extinción de dominio de bienes a favor del Estado como sanción administrativa, se impone sin que la futura ley predetermine claramente cuál es la infracción administrativa cuya conducta punible sea acreedora de esa sanción, lo que atentaría contra un principio clave del Estado constitucional de Derecho, como es el principio de legalidad.
La ley se tiene que cumplir
Gustavo Pedraza / Abogado e invest. social
Este proyecto de ley está referido a la confiscación de bienes por la comisión de determinado delito, como el contrabando, el narcotráfico y la corrupción.
Es importante destacar que estos tipos penales figuran en las leyes actuales, como en la 1.008 y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que establecen sanciones penales. No puede haber leyes especiales por encima de la Constitución Política ni otras leyes vigentes. Creo que este proyecto de ley requiere de más debate de orden jurídico y constitucional, aunque es importante conocer el criterio del Tribunal Constitucional Plurinacional, porque hay legislación sobre esa materia.
Observo el riesgo importante que se violente el derecho de propiedad de algunas personas ante la imputación por la supuesta comisión de un delito, y que haya dificultad para demostrar que no se está actuando en contra del ordenamiento jurídico.
Aparentemente, el proyecto promueve la confiscación rápida de los bienes, y para demostrar la comisión de un delito se debe concluir con un proceso penal.
Hay procedimiento penal y para demostrar la culpabilidad de un individuo tiene que concluir un proceso judicial que está contemplado en la legislación actual, en particular en el Código Penal, en la Ley Anticorrupción. Me parece que la efectividad de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico no será mayor si hay más leyes, eso es un error; con la legislación actual y con su aplicación es suficiente. Lo que se requiere es efectividad del Órgano Judicial, del Ministerio Público para hacer cumplir las leyes que existen actualmente.