¿En qué queda el mal llamado caso de terrorismo, luego del escándalo de corrupción que manchó a la parte querellante del gobierno?Si el proceso contra los supuestos vinculados al grupo Rozsa fue desde sus inicios un ejemplo de arbitrariedad jurídica, ahora el caso parece quedar definitivamente en el limbo.Debe tenerse en cuenta que los asesores gubernamentales actualmente caídos en desgracia y que comandaban una red de extorsión a encausados por el Ministerio de Gobierno, también habrían interpuesto sus “malos oficios” ante varios de los acusados de terrorismo o separatismo, a los que es vox populi que habrían cobrado importantes sumas de dinero.Queda claro que la maquinaria persecutoria del régimen no sólo se movía por objetivos políticos, con miras a neutralizar la oposición autonomista del oriente boliviano, sino que también fue puesta en marcha pensando en el vil metal.¿Será investigado por este tema el fiscal Sosa?Vistas las aberraciones cometidas, debería exigirse la realización de una auditoría judicial a cargo del Alto Comisionado de Naciones Unidas con sede en Ginebra.Los eventuales auditores tendrían entre los aspectos a revisar el peritaje húngaro que indica que los fallecidos en el Hotel Las Américas murieron en una ejecución extrajudicial; así como las denuncias del ex testigo estrella del gobierno, Ignacio Villa Vargas, sobre el soborno que recibió para declarar en función de lo preparado por la Fiscalía, además de su afirmación de que fueron agentes gubernamentales los que efectuaron los atentados explosivos investigados en el caso…[email protected]