Maggy Talavera
Hay, entre muchos, un rasgo común entre los gobiernos que se autocalifican como ‘refundacionales’, que dice respecto a los medios de comunicación y, particularmente, al ejercicio del periodismo: la sistemática campaña de desprestigio desplegada en contra de ambos. Una campaña de desprestigio a la que acompaña otra persistente estrategia de cooptación o compra de esos medios y de quienes trabajan en ellos. En ambas acciones, también como rasgo común, se perciben ataques verbales y físicos, muchos de ellos cometidos bajo el amparo de los órganos represivos del Estado o de los estrados judiciales. Las similitudes no son casuales. Obedecen también a un objetivo común: controlar los medios de comunicación y, a través de ello, el relato oficial de los hechos. Ese es, sin duda, el principal interés que se esconde tras la arremetida de estos gobiernos en contra de los medios. No es, en absoluto, una preocupación ‘sana’ y sincera por lograr mejor información o mejor periodismo. Todo lo contrario: quienes están al mando de estos gobiernos comparten rasgos autoritarios y el propósito de perpetuarse en el Poder, por lo que necesitan con urgencia legitimar sus acciones. Y esta legitimación les obliga, entre otras medidas, a imponer un relato oficial que así se los permita.Es precisamente esa necesidad -la de imponer un relato oficial controlado desde el Poder central para asegurar su legitimidad y permanencia ad infinitum- la que es cada vez más notoria en el Gobierno que preside Evo Morales. Por eso abrió y mantiene una batalla sin fin contra periodistas y medios de comunicación que no controla, y que deja al descubierto una dura disputa por el discurso, por la narrativa de los hechos que hace la prensa nacional, numerosa y diversa. Discurso y narrativa que contienen no solo la voz oficial, sino también las voces de la oposición; comparten miradas críticas, y no apenas la mirada oficial; difunden distintas versiones de los hechos, y no únicamente la que se origina desde Palacio Quemado.Una diversidad de relatos que describen una realidad distinta a la que quiere imponer como verdad única el Poder central, y por eso su afán de acabar con ella. Por eso también su preocupación por controlar las redes sociales, un espacio al que le resulta más difícil cooptar o copar, tal como lo demuestra un informe de Gobernabilidad Democrática, presentado por Eliana Quiroz, que señala una presencia minoritaria del relato oficial en Facebook y Twitter, por citar las más utilizadas por los bolivianos, frente a los otros relatos no oficiales. Por eso las arremetidas judiciales, como en la que persiste el Gobierno en llevar adelante contra ANF, El Diario y Página Siete. Por eso la campaña de amedrentamiento. Por eso, también, la compra de medios a través de empresarios nacionales y extranjeros que les son funcionales.Claro, “nada nuevo bajo el sol”, dirán muchos. Esta disputa por el relato oficial no la libra solo el actual gobierno boliviano, ni únicamente los gobiernos populistas de la región. Ya se ha dado en otros gobierno y en otros momentos históricos. Se libra ahora mismo en otros países, en otros continentes. Pero, ¿eso resta importancia a que en casa seamos capaces de señalar que hay detrás del discurso crítico a los medios que refuerza a diario el Poder central? No, por supuesto que no. Cada día se vuelve más urgente la tarea de insistir en este tema, de develar qué se oculta detrás de la campaña del MAS contra los medios de comunicación, aunque muchos de sus actuales propietarios prefieran no hacerlo, en la equivocada y peligrosa creencia de que así se librarán de los golpes certeros del Gobierno.No solo es necesario insistir en este tema, pensando en los desaciertos y falta de convicción de algunos dueños de medios de comunicación. También lo es, pensando en los propios colegas periodistas que, ilusos u oportunistas, prefieren soslayar el tema de fondo e irse por las ramas, hablando de generalidades para evitar señalar con puntos y coma quienes son los principales responsables de las agresiones que están padeciendo varios trabajadores de la prensa. Hay que dejar en claro que este no es un problema apenas de la prensa en Bolivia. La disputa por el relato de los hechos y el combate al periodismo libre no son males que afecten solo a quienes ejercen el oficio o a los eventuales dueños de los medios. Son males que dañan a todos los bolivianos que aspiran a una vida en libertad, con justicia, que tiene en los derechos a la libertad de información y de prensa sus principales aliados y garantes. Página Siete – La Paz