Parte fundamental de la estrategia del MAS para rediseñar la CPE a su imagen y semejanza fue la suspensión del control de constitucionalidad, mediante la acefalía forzada del Tribunal Constitucional.
Desde entonces, Bolivia ha vivido en un limbo jurídico, funcional a un gobierno que ve allanado el camino para dictar medidas de dudosa legalidad.
Sin embargo, el nuevo tribunal parece estar recobrando la relevancia en los últimos tiempos, como espacio de arbitraje en temas álgidos como el desacato, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley Marco de Autonomías y los planes reeleccionistas de Evo Morales.
El reto es la independencia en el control de constitucionalidad, en un escenario contradictorio: por una parte, los magistrados que integran el TCP fueron postulados a los comicios judiciales por la bancada parlamentaria del oficialismo, pero al mismo tiempo su carácter electivo parece haberle dado a algunos de estos jueces cierta autonomía relativa.
El caso más sonado es el del magistrado Cusi, que pasó de ser una de las principales cartas del masismo en el Tribunal Constitucional a convertirse en una suerte de incómodo disidente.
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Si el TCP logra preservar una mínima independencia y esto se conjuga con las progresivas pérdidas de votos del MAS en la Cámara de Diputados, podríamos estar ante una incipiente fractura en la hasta ahora agobiante hegemonía institucional del partido de gobierno…