El presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia, Óscar Montes, advierte que todo está penalizado, cualquier acción puede ser daño al Estado. Incumplimiento de deberes y malversación son acusaciones recurrentes.
En dos años, 15 alcaldes fueron suspendidos en el país
recuento En Santa Cruz se registra la mayoría de los casos. Hay tres acusados que siguen en sus cargos.
Página Siete / La Paz
En dos años, 15 alcaldes fueron suspendidos en el país debido a acusaciones formales que van desde racismo, pasando por incumplimiento de deberes, malversación de fondos, tráfico de carburantes y hasta violación.
Según datos del Ministerio de Autonomías -complementados con una revisión hemerográfica- desde que entró en vigencia la Ley Andrés Ibáñez, el 19 de julio de 2010, el Ministerio Público emitió acusaciones formales en contra de al menos 19 autoridades (ver infografía).
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No obstante, en tres casos no se dio curso a la suspensión que prevé la regla; y en otro, se restituyó al munícipe procesado.
El artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías establece que estas autoridades podrán ser alejadas de su cargo, de forma temporal, cuando se dicte una “acusación formal” en su contra.
El mecanismo debe empezar con la acusación formal de un fiscal, quien luego informa de su acción al Concejo Municipal, instancia que debe disponer “de manera sumaria y sin mayor trámite” la separación de la autoridad.
Carlos Hugo Molina, quien fue secretario nacional de Participación Popular entre 1994 y 1997, cree que esta situación debilita “la gobernabilidad democrática” en los municipios afectados, además de la paralización de la ejecución de inversión pública, debido al temor que provoca la situación en las autoridades electas.
Desde el oficialismo, la senadora Mirtha da Costa señala que más perjudicial para la gente es tener un alcalde que por atender los procesos en su contra descuide sus labores ediles.
Casos
De los ediles suspendidos, 11 pertenecen a partidos o siglas que en su mayoría actuaron en el ámbito local, y cuatro corresponden al partido gobernante. Mientras que de los 15 concejales que asumieron tras la suspensión de los alcaldes , nueve son del MAS.
La mayoría de las suspensiones fue en contra de ediles electos en Santa Cruz (seis). Siguen Cochabamba (tres), La Paz (dos) y Tarija, Beni, Sucre y Potosí (uno en cada municipio). “Incumplimientos de deberes” y “malversación de fondos” fueron las faltas que más se denunciaron.
En porcentaje, Santa Cruz concentra el 40% de los municipios en los que sus alcaldes fueron suspendidos por acusación formal. Le siguen Cochabamba con el 20% y La Paz con el 13%.
Además, según el Ministerio de Autonomías, en Camiri (Santa Cruz), Sapahaqui y Chacarilla (La Paz) pese a existir una acusación formal en contra de sus alcaldes, éstos siguen pues los concejos no se pronunciaron.
En el caso del alcalde de Mecapaca, de La Paz, sí fue marginado, pero fue restituido diez meses después, tras apelar a un juez, quien anuló la acusación formal por presunta corrupción.
Ante este panorama, Molina sostiene que la suspensión, “corresponde a una arbitrariedad legal boliviana”, que no tiene parangón en otros países.
La lectura de la oposición se centra en que el partido gobernante, en un afán de conseguir hegemonía en todos los niveles, avanza en una “actitud persecutoria”, según el senador Germán Antelo (CN).
El Ejecutivo “lleva a que decenas de autoridades electas sean destituidas por acusación formal de un fiscal, y no por sentencia ejecutoriada como dice la Constitución”, agrega.
La mirada del oficialismo se afinca en destacar el procedimiento por sus bondades para la población.
“Me parece que estas previsiones normativas son saludables. Las autoridades por ética no deberían continuar ejerciendo funciones”, sostiene la senadora Da Costa.
Óscar Montes, titular de la Asociación de Municipios de Bolivia, sostiene que si bien al principio los “más vulnerables” con este procedimiento fueron las autoridades desvinculadas al MAS, con el paso del tiempo hay una “lucha sin cuartel”, y ahora se vislumbran pugnas intrapartidarias del bando oficialista, lidias entre partidos que no son afines al Movimiento Al Socialismo y en sí son rencillas inmersas “en luchas de liderazgos personales”.
Todo está penalizado, cualquier acción puede ser daño al Estado
Óscar Montes, presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia.
Entrevista. El munícipe sugiere que se reglamenten los artículos que suspenden autoridades para que, por ejemplo, una falta administrativa sea sancionada en ese ámbito.
Óscar Montes, alcalde de Tarija. Foto Erbol.
Óscar Montes, alcalde de Tarija y presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia, asegura que “la administración pública se ha penalizado” y propone que se reglamenten los artículos de la Ley Marco de Autonomía sobre la suspensión de autoridades, con el fin de sancionar las faltas por su naturaleza: administrativas, civiles y penales.
-Desde 2010, al menos 15 alcaldes del país fueron suspendidos. ¿Qué postura tiene al respecto?
-Todo se ha penalizado. Antes había diversos tipo de faltas, las administrativas, que podían ser por una actuación mal realizada o una demora en el cumplimiento del plazo (entre otras) se resolvían con llamadas de atención. En el peor de los casos con descuentos, que era pena máxima.
Hoy, cualquier decisión, incluso de tipo administrativa, puede considerarse como una acción contraria a la ley o puede ser tipificada como daño al Estado.
Lo mismo pasa con temas, el civil (del ámbito civil), por cualquier decisión que se haya tomado: se hubiera causado algún daño económico al Estado, por más mínimo que fuera. Antes, lo que se hacía era que la persona dé un resarcimiento del daño, que devuelva los recursos. Hoy no, no sólo que se debe devolver los recursos, sino también el caso tiene vía penal.
Así que ése es el primer problema que hay, que todo se ha penalizado. La administración pública se ha penalizado.
Segundo tema es que cuando va a un tema penal, la autoridad ni siquiera puede defenderse con las personas o el equipo con el que ha tomado la decisión, sino que lo tiene que hacer por su cuenta y con abogados particulares. Eso pone en una desventaja a la autoridad, porque muchas veces las cosas que acusan son decisiones que se han tomado por lo general todos los temas en beneficio de la población. En Bolivia, hay la costumbre de la presión social. A veces viene un grupo, hace un cerco a la institución y obliga a las autoridades a tomar decisiones de manera rápida. En ese momento, y muchas veces las decisiones no necesariamente siguen un procedimiento administrativo. Y eso ahora ya puede tomarse como una falta grave y penal (‘).
– Como AMB, ¿qué tipo de seguimiento hacen a estos casos?
-No podemos actuar porque el fiscal lo puede interpretar como si fuese un intento de entorpecer la investigación.
-El oficialismo dice que esta figura estaba presente en anteriores marcos legales ¿Esto es así?
-Estaba prevista la suspensión del alcalde, pero cuando había el tema que ameritaba una denuncia de carácter penal. Las faltas administrativas se resolvían en el estrado administrativo; las civiles lo mismo, pero como hoy se ha penalizado todo, ha cambiado sustancialmente el marco (‘).
-¿El MAS recurre a este mecanismo para ganar hegemonía?
-(La suspensión) es un instrumento que se está mal utilizando. Si bien en principio hubo una arremetida contra algunas autoridades que eran notoriamente diferentes al MAS, hoy esto lo están usando todos contra todos; por lo tanto, es importante que se revise, porque está claro que el objetivo era luchar contra la corrupción, pero hoy de la manera en que se está utilizando, es para fines políticos partidarios, y ya ni siquiera de un partido contra otro, sino de una persona contra otra. Evidentemente hay gente del MAS contra las que no son del MAS, pero también vemos que ocurre entre masistas, y entre gente que no es del MAS.
Ha trascendido el tema partidario y está inmerso en luchas de liderazgos personales.
-¿Se debe cambiar la norma?
Hay que reglamentarla, primero despenalizar lo que es administrativo, lo que es civil, y lo penal. Con eso se lograría un gran avance: Todo lo que es administrativo, tenga sanción administrativa, lo que es civil, tenga sanción civil, y lo que es penal tenga sanción penal.