Censo Bolivia 2012. Es un mandato de la Ley Marco de Autonomías que habla de la entrega de dinero de acuerdo a la cantidad de pobladores. Los más poblados lo exigirán y los menos densos resistirán.
EL DÍA, Santa Cruz
Ref. Fotografia: Ilustración de David Diez Canseco.
Escrito está. Seis meses después de realizado el Censo 2012, la Ley Marco de Autonomía (disposición transitoria séptima), señala que las gobernaciones y los municipios deben presentar sus propuestas de Pacto Fiscal, para iniciar el gran debate nacional. El propósito es consolidar dicho acuerdo entre todos los bolivianos referente a la distribución de los recursos por Coparticipación Tributaria, el IDH, entre otros.
Pero ¿qué significa Pacto Fiscal?, esa respuesta aún está en la nebulosa del imaginario colectivo: la población. Los tratadistas, definen como un nuevo concepto, cuyo instrumento permite generar un debate para encarar de manera equilibrada y consensuada entre todas las regiones autonómicas el desarrollo de un país con una visión y sostenibilidad de lo que se vaya a resolver por un periodo entre 10 y 15 años.
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Un pueblo que ignora los alcances. Para Martina Vilca, una vendedora de comidas del mercado Germán Moreno de Montero, es una palabra desconocida. Lo mismo para María Flores, una viviente de la Villa 1ro de Mayo. Y por si fuera poco, un dirigente vecinal del Plan Tres Mil comentó que "no conoce mucho del tema pero sí escuchó mencionar esas dos palabras". "Escuché hablar de eso a Rubén Costas (Gobernador), pero no lo entendí a qué se refirió", señaló. Desde ya, el "pacto fiscal" a decir de la población es concepto desconocido, nuevo y hasta extraño para la gran mayoría.
Y para los mismos entendidos en el tema. Unos dicen que Bolivia ya tuvo experiencias de Pacto Fiscal con la Participación Popular de 1994 y el Diálogo del Milenio (2000). Otros sencillamente consideran que de darse el próximo año, sería una decisión nueva para el país.
"Un Pacto Fiscal es un acuerdo basado en el diálogo, sobre la distribución y generación de los recursos económicos para el desarrollo del país, los departamentos, los municipios y las autonomías indígenas. Cuando hablamos de distribución y generación de recursos económicos hablamos de Política Fiscal, y por ello el nombre de Pacto Fiscal", describe, Carlos Laruta, docente y político.
Al margen del nombre que se le puede dar, dice Vicente Cuéllar, Decano de la Facultad de Economía de la "Gabriel", nosotros estamos acostumbrados a la Participación Popular como un sistema de distribución de recursos.
"Ahora el gobierno ha hablado que la distribución debe hacerse de acuerdo a la Ley Marco de Autonomía. Sin embargo, yo creo que ese pacto fiscal debe servir en todo caso para una distribución equitativa de los ingresos", fundamentó la autoridad académica.
Por su parte, Iván Arias, que en su momento fue gestor del Diálogo del Milenio 2000, confesó que evidentemente hubo intentos de llegar a un Pacto Fiscal, pero terminó siendo en breve tiempo un encuentro para redistribuir los recursos del "alivio a la pobreza HIPIC I y II, cuyos recursos fruto de la condonación de la deuda fenece el 2014.
"El pacto fiscal es una práctica que hacen los países intentando alinear el desarrollo en función de los objetivos nacionales, donde el gobierno central y los estamentos subnacionales acuerdan su estrategia hacia dónde va apuntar el país y en función de eso establecen sus competencias y de acuerdo a ello se distribuyen los recurso. Eso es la manera civilizada y moderna de hacer desarrollo", precisó Arias.
En ese contexto, el gobierno viene preparando silenciosamente, desde el Ministerio de Autonomía y otras instancias, lo que vendrá después del censo. "Supone mucho diálogo, muchas ganas de concertación y actitud que supone ceder, establecer acuerdos, alianzas, porque su impacto solo se puede ver de diez a quince años", informó Arias.
Lo previsible del Censo. Inevitablemente los resultados del Censo 2012, del próximo 21 de noviembre darán no solo qué hablar, sino que mostrarán un nuevo mapa poblacional del país, lo cual derivará en un replanteo de la distribución de los recursos que genera el Estado. Los tratadistas le asignan poco optimismo a este proceso del Pacto Fiscal.
"No tendría que haber ningún problema a la hora de discutir la redistribución de los recursos de acuerdo al nuevo resultado del Censo, ya que el país ha evolucionado a lo largo de estos años donde se ha creado un adecuado marco normativo. Es simplemente aplicar las leyes establecidas. Pero forzar un Pacto Fiscal, a partir de una discusión de cero, sería un grave error", sentenció Roberto Laserna, de la Fundación Milenio.
De hecho, una discusión que debió iniciarse a principio de este año quedó postergada hasta después del Censo. Unos dicen 60 días posteriores a los resultados de la consulta, pero la Ley Marco señala seis meses después.
Laserna, en un artículo de análisis, menciona que el tema clave del pacto fiscal es, naturalmente, el tributario, pero éste emerge de la definición de lo que se quiere hacer. "Por ejemplo, si se acuerda que toda la educación primaria sea pública, de inmediato habrá que calcular el costo de financiarla e identificar las fuentes para ello: ¿Qué impuestos? ¿Quiénes los pagan? ¿En qué proporción", formula como principios básicos.
En tanto, Laruta señala que el Censo al dar como resultado una nueva base numérica permitirá el cálculo del costo de las competencias que se han transferido a las autonomías departamental, municipal e indígena, con información fidedigna sobre el costo de servicios e inversiones económicas y sociales de las competencias que se encuentran en las 4 categorías competenciales: privativas, exclusivas, compartidas y concurrentes.
En las instancias gubernamentales: La discusión del Pacto Fiscal fue suspendida en marzo de este año luego del “Diálogo Lineamientos Estratégicos para la construcción de Pacto Fiscal”, evento organizado por la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM). A partir de entonces no se conoce si hubo avances y socialización de esta necesidad en las distintas instancias de gubernamentales de municipios y gobernaciones del país.
“Un Pacto Fiscal requerirá los acuerdos sobre la forma de cómo se financia el estado, y cómo deben ser utilizados los recursos públicos entre los niveles autonómicos, además deberá existir un acuerdo social, político e institucional”, decía Carlos Romero, Ministro de Gobierno.
Un temor latente. El acierto o fracaso de este proceso de consenso nacional e histórico depende solo de la discusión técnica, sin la injerencia política dicen los expertos en el tema. "Las diferencias socioculturales no son un obstáculo para llegar a un necesario Pacto Fiscal. Lo que sí puede ser un obstáculo son las visiones ideológicas y políticas intolerantes y antidemocráticas", dice Laruta. En tanto, Iván Arias dice que no habrá pacto fiscal por la actitud tajante del gobierno. Y Cuéllar dice que no se debe permitir que los criterios políticos se impongan a los criterios técnicos, "Sería lamentable", finalizó.
Los ejes temáticos de un posible Pacto Fiscal
Antecedentes. En base a los hechos empíricos y los estudios para Bolivia, surgen los posibles ejes temáticos que podrían ser relevantes para encaminar una negociación del Pacto Fiscal para nuestro país. El gobierno ha definido las siguientes:
Economía. Ajuste Fiscal y la estabilidad macroeconómica.
Recursos. Redistribución de los ingresos, a través de la modificación de los factores de distribución de las regalías mineras, hidrocarburíferas y participación popular, entre otras.
Control. Mayor productividad y transparencia del Gasto Fiscal.
Compensación. Corregir los desequilibrios verticales y horizontales, resguardar la equidad, a través de mecanismos de compensación a los departamentos desfavorecidos.
Participación. Fortalecimiento a la institucionalidad democráticas
Productividad. Promover los pactos productivos sociales.
La plata puede cambiar de bolsillo
Santa Cruz. Tanto la ciudad y sus 15 provincias se constituirán en los actores principales de la redistribución de los recursos, su autonomía y los desafíos coyunturales y futuros para, sobre todo enfatizar necesidades en salud, educación y productividad.
La Paz. Según los entendidos en el tema, la ciudad no tendrá mayor incidencia poblacional este año. El principal problema que se le viene es el conflicto limítrofe con los municipios aledaños que le originará una nueva redistribución de recursos.
El Alto. Es la ciudad que mostrará un crecimiento poblacional significativo. Por su carácter combativo, los especialistas anticipan que tiene mayores demandas y aspiraciones. Además cuenta que es la zona más industrial del occidente boliviano.
Pueblos Chicos. Los más desfavorecidos serían las poblaciones rurales del occidente donde la población en los últimos años ha tendido a disminuir. Potosí, Chuquisaca, Oruro entre otros pelearán en PF por una compensación de recursos.
Punto de vista
"Yo creo que ese consenso no se va a dar"
"En realidad un Pacto Fiscal no lo hemos tenido como tal. Nuestra gran tragedia es que tenemos solo políticas gubernamentales antes que estatales.
Un intento de pacto fiscal fue el año 1985 cuando partidos de diferente corrientes, unos apoyando directamente y otros de manera silenciosa, acordaron medidas necesarias para salir de la hiperinflación. Ese fue, donde los partidos del oficialismo y la oposición acuerdan un pacto diciendo que no quedaba otra que aplicar medidas muy duras y dolorosas como fue el 21060.
Pero al final, tampoco participó la oposición y terminó siendo un acuerdo entre pocos.
El resto, como el Diálogo 2000 y la Participación Popular, fueron intentos que se redujeron a la forma de distribución de recursos de coparticipación y del Hipic II. Pero las grandes políticas de desarrollo no se discutieron. Eso lamentablemente es algo típico en Bolivia, solo hablamos con cuánta plata se queda uno y cuánto le quitamos al otro. No somos consecuentes en aceptar acuerdos a largo plazo.
Los pactos fiscales implican muchos años de trabajo para concretar acuerdos y alianzas que no rompen de la noche a la mañana. Así lo ha hecho España, Chile, Colombia y Perú.
Entonces el Pacto Fiscal es una gran medida que permite identificar hacia dónde quiere ir el país. Qué es lo mejor para el país. Ahí se acuerdan grandes líneas.
Ahora, en el caso boliviano, nunca hubo Pacto Fiscal, tampoco creo que un proceso similar se dé puesto que hay un gobierno que tiene un punto de vista y no quiere ceder a otros puntos de vista.
Es un gobierno con una visión totalmente estatista donde su función no trata a la empresa privada de manera creativa sino de manera subordinada. Es un gobierno que basa su política en función a lo que creen ellos que es bueno y no en función a lo que el país necesita. Entonces yo creo que el pacto fiscal no se va a dar.
Debería ser obligatorio. A pesar de que la Ley Marco (de Autonomías) establece que a partir de los 60 días se debería trabajar en el marco de un pacto fiscal.
El Pacto Fiscal no solamente permite discutir de cuánta plata me das y con cuánto te quedas. Se trata de discutir los pocos ingresos que tiene el país en qué vamos a invertir y cuál el modelo de país que queremos ver de aquí a cinco, diez o quince años. Eso realmente está muy difícil con la política gubernamental reinante.
El gobierno tiene su esquema y cree que su gestión de siete años es la más correcta. En ese contexto, el Presupuesto General del 2013 nos va mostrando que el gobierno va a insistir en su política, creando más empresas estatales, sin sentar bases con el sector privado.
Iván Arias
Experto en Descentralización