Agente del FBI siguió el proceso al estadounidense en Bolivia. ‘Jugoso’ negocio: Un exdirector de Dircabi vendió el ganado de Ostreicher por $us 125.500. Los exasesores del Ministerio de Gobierno Rivera y Rodas extorsionaron y dilataron al menos ocho casos.
EEUU montó estrategia en torno a Jacob
INVESTIGACIÓN. Carlos Romero dijo que el actor Sean Penn fue importante para agilizar el desarrollo del proceso y en la defensa de la salud de Ostreicher. Hubo tres reuniones clave.
El Deber
Estados Unidos estableció una estrategia para lograr la liberación del ciudadano Jacob Ostreicher. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló primero en La Paz y luego lo ratificó en Santa Cruz, que conversaciones con representantes del Gobierno estadounidense y con el actor estadounidense Sean Penn alertaron y permitieron el desarrollo de la investigación de la red de exfuncionarios del Poder Ejecutivo involucrados en casos de corrupción y extorsión, como el de Jacob Ostreicher.
Anoche Romero, en conferencia de prensa en la capital cruceña, manifestó que su ministerio desde hace tres meses ya venía realizando un seguimiento minucioso a los movimientos de la red. Explicó que para conocer el caso de Ostreicher se realizaron tres reuniones consideradas vitales. Una con el senador de Estados Unidos, Christopher Smith, que denunció vulneración a los derechos humanos en una campaña de solidaridad. Romero le aseguró que se iba a trabajar en busca de la transparencia. La segunda reunión fue con el representante de negocios de la Embajada de Estados Unidos Larry Memmot que también expresó su preocupación por el estadounidense Ostreicher. La tercera reunión fue el 31 de octubre con el actor Sean Penn después de que ese día visitara a su compatriota en la cárcel de Palmasola. Romero reveló que Penn le expresó que era preocupante la situación de Ostreicher por su grave estado de salud y que se hizo una valoración del desarrollo del proceso en su contra y se pudo verificar que en muchas audiencias no fue escuchado. “Se le garantizó a Sean Penn que se iba a trabajar y se procedió de inmediato. Por la noche, se ingresó a la cárcel con el médico forense y se trabajó en la valoración hasta la madrugada del otro día”, dijo. Poco después Ostreicher fue internado en la clínica Incor. Le prometimos al señor Penn que no íbamos a permitir irregularidades”; dijo.
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Romero también informó que en este proceso hay siete detenidos y que existen citaciones por parte de la Fiscalía incluso contra el presidente del tribunal Departamental de Justicia Ariel Rocha, el exfiscal de Distrito Isabelino Gómez, así como otras personas. Anoche ya declararon Ariel Rocha y el vocal Zenón Rodríguez. También lo hizo el exjuez Fernando Orellana, que negó su participación en la red.
Ostreicher seguirá internado
Una junta médica, bajo la di rección del forense Celso Cuéllar, realizó una nueva evaluación al estadounidense Jacob Ostreicher que permanece internado en la clínica Incor.
Cerca de las 21:30 de ayer los médicos forenses Celso Cuéllar, Hugo Cuéllar y otros especialistas de la Incor examinaron al paciente.
Al final la junta determinó que en Ostreicher persisten los temblores en los miembros superiores del cuerpo y que el peligro de la enfermedad de parkinson “es probable”. Por esa situación y para no correr riesgos los médicos determinaron ampliar por 10 días su permanencia en la clínica.
Celso Cuéllar manifestó que Ostreicher ha mejorado durante su internación e incluso subió de peso por la alimentación que recibe.
En la cárcel llevó un ayuno voluntario a raíz del cual bajó de 86 a 47 kilos lo que causó preocupación en sus abogados defensores.
Médicos especialistas de la clícina Incor realizan estudios a Ostreicher después de la evaluación forense practicada en horas de la noche del martes.
Los abogados Yimmy Montaño y Jerjes Justiniano afirmaron que lo más importante es que su cliente tuvo el valor de enfrentarse a una red de corrupción y al final se lo escuchó.
MÁS DATOS
– Imputados. Para las 10:00 de hoy fue fijada la audiencia cautelar del ex funcionario del Ministerio de la Presidencia José Manuel Antezana Pinaya y de Gustavo Dagner Céspedes Rosales exasistente del fiscal José Tarqui. En la misma audiencia serán presentados los otrora hombres fuertes del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera y Denis Rodas Limachi.
– Ampliatoria. El detenido Gustavo Dagner Céspedes Rosales prestó anoche su declaración ampliatoria en Santa Cruz. Según se conoció su declaración fue de manera espontánea. En la misma compromete a numerosas personas que ejercen cargos públicos y que serán investigados.
Agente del FBI siguió el proceso
El periodista Terry Moran de ABC News difundió en Estados Unidos un reportaje contando la historia del estadounidense Jacob Ostreicher y en el que revela que el agente del FBI, Steve Moore, seguía su caso.
Las imágenes del video de mayo de este año muestran a Ostreicher con el periodista haciendo un recorrido por diferentes partes del pabellón de régimen abierto de la cárcel de Palmasola. También desnuda la triste realidad por las condiciones en que vive la población penal.
El periodista en su investigación muestra pasos importantes de la historia judicial de Ostreicher, su vida, su llegada a Bolivia, su detención y la incautación de sus bienes. También difunde la imagen de la esposa de Jacob que cuenta la historia familiar.
En una de las facetas más importantes del reportaje se observa al periodista norteamericano en la planta baja del Palacio de Justicia acompañado de un agente del FBI.
Las imágenes evidencian que el FBI, agencia estadounidense de investigación, estuvo rastreando la historia judicial y familiar de Ostreicher, que hasta ahora permanece detenido durante casi 18 meses en Palmasola.
Después de las imágenes difundidas en Estados Unidos, la Gobernación de la cárcel de Palmasola mediante una resolución prohibió a Ostreicher todas las visitas y el contacto con periodistas nacionales y del extranjero. Incluso su esposa fue privada de libertad por horas y echada, de lugar, por lo que tuvo que regresar a su país y hasta hoy no puede volver a ver a su esposo.
La resolución fue firmada por el entonces gobernador Hans Carreño pero por instructivas del director de la Unidad Jurídica del Ministerio de Gobierno, Fernando Ribera. En esa oportunidad, el asesor jurídico declaró que no se podía realizar reportajes vulnerando las normas del penal de Palmasola.
Informe policial devela ‘jugosa’ venta de ganado
INVESTIGACIÓN. Un informe de la Policía asegura que un exdirector de Dircabi vendió el ganado de Ostreicher por $us 125.500. El Ministerio anticorrupción dice que investiga el caso
EL DEBER.- Un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) al que tuvo acceso EL DEBER, señala que el 8 de noviembre de 2011, el exjefe departamental de la Dirección de Registro, Control Administración de Bienes Incautados (Dircabi) de Santa Cruz, Moisés Aguilera López, junto a un abogado y un subteniente de la Policía, vendieron 273 cabezas de ganado de propiedad de Jacob Ostreicher, a $us 125.500.
“En fecha 8 de noviembre del 2011, en la propiedad Cruce 1 de la provincia Guarayos, el Lic. Moisés Aguilera López, jefe departamental de Dircabi, el Dr. Juan Ríos Ocampo y el subteniente Ariel Prado, procedieron a la venta de 273 cabezas de ganado, con precio base de 410 dólares, haciendo un total de 125.500 dólares”, señala el documento.
El reporte complementa que en enero de 2012, Aguilera presentó una denuncia “en contra de Miguel Angel Gutiérrez Soliz, Jorge Vaca Justiniano y Jorge Henry Chávez Medina (los tres prófugos e implicados en el escándalo que estalló esta semana) por la desaparición del arroz secuestrado.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló ayer que esa red de corrupción que se incrustó en el Gobierno vendió “arroz, ganado y maquinaria” incautada a Ostreicher. Sin embargo, un día antes, denunció solamente que el director nacional de gestión pública del Ministerio de la Presidencia, José Manuel Antezana, fue detenido porque se confirmó que recaudó en su cuenta bancaria $us 10.000 por la venta irregular de esas 20.000 toneladas de arroz incautadas al empresario estadounidense. Están implicados otros seis exfuncionarios de Dircabi (tres detenidos, tres prófugos), además de tres funcionarios de ingenios arroceros implicados en la compra de la mercadería.
Mientras tanto, en un comunicado oficial emitido ayer por el Ministerio de Transparencia, se informa que esa repartición conoció en septiembre una denuncia relacionada a que funcionarios de Dircabi en Santa Cruz habrían dispuesto “de manera aparentemente arbitraria e irregular bienes que se encontraban bajo su custodia”.
Ante esto, el comunicado señala que “esta cartera efectuó el apersonamiento en el caso que era investigado por el Ministerio Público, el 18 de septiembre de 2012” y deja establecido que “en cumplimiento al mandato presidencial de cero tolerancia a la corrupción se realizan las acciones pertinentes para procesar y buscar la sanción ante los presuntos hechos de corrupción como en cualquier otro caso que se dé conocimiento del Ministerio”. El martes un periodista de este diario habló telefónicamente con Aguilera, quien dijo estar dispuesto a declarar y propuso un sitio de la ciudad, pero no acudió a la cita. Desde ese momento, no contestó su celular.
Rivera y Rodas extorsionaron y dilataron al menos ocho casos
INVESTIGACIÓN. Los exasesores del Ministerio de Gobierno trabajaron durante cuatro gestiones ministeriales. Tenían “superpoderes”. Aparecieron más víctimas de extorsión y presiones.
UNA RED QUE INTERVINO EN VARIOS CASOS
El Deber, La Paz.- Los ex asesores legales del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Dennis Rodas, trabajaron cinco años en esa repartición estatal, sortearon las gestiones ministeriales de Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez y Carlos Romero, y según la indagación y las denuncias de implicados en otros ocho casos, con el poder absoluto que les otorgaron, extorsionaron o dilataron procesos contra opositores, autoridades y hasta presuntos delincuentes.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, no descartó ayer la posibilidad de que estos profesionales contratados por el Ejecutivo hubieran formado parte de un consorcio y que junto a jueces y fiscales se dedicaban a dilatar procesos en algunos casos, a extorsionar a los implicados en otros. “No lo puedo descartar, se está investigando”, dijo.
El reporte de la indagación de la Policía cruceña, que conoció este medio, marca ese camino. El documento señala que Gustavo Céspedes, abogado de confianza de los dos exasesores, detenido el martes y que según Romero se hacía pasar por funcionario del Ministerio de Gobierno, admitió en su declaración que es pariente de un fiscal (se guarda en reserva su nombre), trabajó como su asistente y que ambos llevaron adelante el proceso investigativo contra el ciudadano alemán Dirk Schmidt, “donde supuestamente hicieron desaparecer varios documentos”, señala textualmente el reporte.
El alemán fue acusado de alzamiento armado y sedición porque lo encontraron con armas en su casa. El abogado de Schmidt, Otto Ritter, denunció que en mayo de este año un juez determinó la cesación de la detención preventiva, pero como ocurrió con el caso del estadounidense Jacob Ostreicher, esa determinación se revirtió 24 horas después, “luego de que Rivera y Rodas ejercieron presión sobre el magistrado”, dijo Ritter.
El ministro Romero también se refirió al caso. “Vamos a investigar”, aseveró y reiteró la convocatoria a los afectados, para que denuncien, “les daremos todas las garantías”.
La tarde de ayer, el diputado oficialista Edwin Tupa, adelantó que alcaldes y concejales de dos municipios de Santa Cruz, que no quiso identificar, denunciarán en las próximas horas que “personas investigadas en este caso, han influido en el Órgano Judicial, y han hecho tráfico de influencias, pero serán ellas las que proporcionen los datos completos”, manifestó.
Durante la jornada de ayer, aparecieron tres nuevas denuncias de extorsión cometidas por los dos juristas y su colaborador. Familiares y el informe sobre el caso presentado por la Felcc reseñan el exteniente Julio Navía y el ex coronel René Navía, implicados en un caso de narcotráfico y sindicados como cómplices del exjefe antidrogas René Sanabria, sentenciado en EEUU por ese delito, denunciaron la desaparición de bienes que les incautaron y que les habrían pedido $us 40.000 para trasladar a uno de los acusados de Chonchocoro a Palmasola. Una denuncia similar, pero por un monto de $us 10.000, realizó el abogado del fallecido Reynaldo Gonzales, alias “El Vinchita”.
Mientras, implicados en el caso de presunto terrorismo, sin mencionar montos, aseguraron que los asesores cobraron dineros para dejar al margen del caso a una persona que tenía “indicios” de haber entregado al grupo de Rózsa un vehículo que fue el usado para poner un explosivo en la puerta del domicilio del cardenal Julio Terrazas.
Alcides Mendoza, uno de los imputados en este caso, declaró en Tarija que el abogado Rivera era “un calumniado y su detención es la consecuencia. Que pague y ojalá se haga justicia, porque a nosotros se nos está inventando cosas y solo hemos trabajado por el proceso autonómico”.
Otros, como el exviceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, implicado en un presunto intento de extorsión a menonita en Santa Cruz, y la diputada opositora Marcela Revollo, denunciaron que sus procesos fueron dilatados o manipulados (ver recuadro de la página 4).
El último poder “amplio y suficiente”, otorgado el 27 de enero de 2011 por el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, al que tuvo acceso EL DEBER les facultaba a ambos abogados “gestionar, agilizar, insistir y llevar a cabo cuanta acción jurídica sea necesaria en beneficio de y para el Ministerio”. Además, les permitía apersonarse y obtener información y colaboración, sin restricción, a todas las instancias del Ministerio Público en todo el territorio, del Tribunal Supremo de Justicia, como a los juzgados y tribunales civiles y penales del país, y a las instancias policiales como la Felcc y la Felcn.
A asumir defensa del Ministerio de Gobierno o para procesar a quienes “resultaren autores, cómplices, encubridores. El documento les daba poder para interponer recursos, responder a incidentes, pedir careos, declaraciones, testimonios, solicitar información a Derechos Reales como a registro de vehículos o de teléfonos, inspecciones oculares, reconstrucciones, mandamientos de aprehensión, congelamiento de cuentas; plantear todo tipo de recursos legales, entre muchas otras facultades”.