El fiscal propone que el juicio sea continuo en Tarija. El fiscal Marcelo Soza, que investiga el caso terrorismo I, admitió ayer que el Estado gasta demasiado dinero en este proceso y propuso que el juicio se lleve adelante de manera continua en Tarija, donde se reinstalará el próximo lunes. Con esto, se pretende cerrar el caso hasta enero de 2013 y abaratar los costos del traslado a la capital tarijeña de los acusados de formar parte de una supuesta célula terrorista liderada por el croata-boliviano Eduardo Rósza Flores, que murió, junto a otras dos personas, en abril de 2008 en el hotel Las Américas de Santa Cruz. Soza dijo que el juicio está en la fase de presentación de excepciones e incidentes. “Quisiera que termine lo más pronto posible, hasta enero, como máximo. Y es posible, si es como propongo, se eliminen las interrupciones. Todo depende de los jueces”.
EL DEBER informó la semana pasada de que el proceso vacía los bolsillos de los 10 acusados que están detenidos en cárceles de La Paz (8), Cochabamba (1) y Trinidad (1), porque deben pagar los traslados y viáticos de sus abogados; mientras que el Ministerio de Gobierno confirmó el gasto de $us 9.500 por cada uno de los tres viajes a Tarija, donde radica el juicio.
Anteriormente, el Ejecutivo había financiado tres viajes de los acusados a Cochabamba. Si bien el proceso es continuo, los jueces trabajan cuatro o cinco días y luego suspenden las audiencias por un lapso que nunca fue menor a diez días. Con ese ritmo, se requiere un operativo que demanda al menos dos traslados al mes, lo que dispara los costos. El Consejo de la Magistratura cubre los costos de pasajes, transporte, alimentación y viáticos de dos jueces ciudadanos, dos técnicos, una secretaria o secretario y dos asistentes, mientras que la Fiscalía General cubre los mismos gastos para Soza, para su oficial de seguridad personal, para su colega Sergio Céspedes y un asistente. Mario Tádic, uno de los ocho procesados por el caso Rósza y que está recluido en la sección La Posta del penal de San Pedro, en La Paz, dijo la pasada semana que “este juicio ya no se denomina caso Terrorismo I. Ahora es el caso turismo I, porque nos la pasamos viajando”.
En Sucre exigen juicio por muertes en La Calancha
Cinco años después de los sucesos de ‘La Calancha’, los familiares y opositores al Gobierno reclaman por el esclarecimiento de las tres muertes y el castigo a los culpables de los violentos hechos ocurridos en Sucre durante las protestas contra la Asamblea Constituyente.
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El 24 y 25 de noviembre de 2007, los disturbios que se produjeron en los alrededores del cuartel de La Glorieta, a 5 kilómetros de Sucre, dejaron un saldo de tres manifestantes muertos y centenares de heridos, cuando miles de personas movilizadas intentaban impedir las sesiones de la Asamblea para aprobar el cambio de sede a Oruro.
El dirigente universitario Cristian Copa afirmó que entre una de las actividades destinadas a recordar la violenta represión policial contra la capitalidad figura la presentación de un memorial al fiscal general, solicitando celeridad en el juzgamiento de las exautoridades y jefes policiales incluidos en una primera imputación.
Fuente: El Deber