El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas manifestó en contacto directo con Radio FIDES que la normativa que otorga un seguro de vida a los trabajadores de la prensa podría a futuro generar una serie de despidos. Además manifestó que la promulgación de la ley 315, es inconstitucional y demagógica.
“Quiero colocar como marco que el presidente Evo Morales ha dicho de manera muy clara que a él no le hablen y no le pidan libertad de expresión, con ese marco naturalmente la norma que acaba de promulgarse es una norma más bien demagógica”, consideró el dirigente.
Asimismo, señaló que “a muy corto plazo” el aporte de los medios de comunicación del 1 y 0.25 por ciento afectará la estructura de funcionamiento de medios, en ese marco, señaló “al cargarlos con un impuesto que del 1 por ciento sobre el impuesto que ya vienen pagando, vale decir el IVA, el ITE, en el ámbito contable se conoce como un impuesto en cascada que terminan liquidando al contribuyente en este acaso al medio de comunicación, lo cual nos permite suponer que el medio (…) tendrá que construirse en materia laboral y estamos hablando de despidos para los compañeros de la prensa”, puntualizó.
En ese marco, Vargas señaló que el gobierno, aferrado a su poder absoluto comete “equivocaciones que son también son absolutas”, por que la norma promulgada no va en beneficio de los trabajadores de la prensa, sino en desmedro de ellos, toda vez que se prevé una serie de despidos “los medios no van a poder aguantar esta carga impositiva”.
Además, el dirigente cuestionó que la Ley 315, por poseer un nivel impositivo ya que sin saber el numero exacto del universo de beneficiarios del Seguro de vida, es un misterio la metodología que se implementó para calcular el 1 por ciento y 0.25 por ciento que debe aportar el medio de comunicación para el fondo de financiamiento, “esto para mi me imagino que para mucha gente es un completo misterio que en algún momento vamos a develar”, dijo.
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Por otro lado, consideró como política la designación del directorio encargado de la consideración y distribución de este “beneficio”, por estar conformado por representantes del gobierno nacional.
“En la mayoría está compuesto por representantes del Gobierno, solamente hay un representante de los trabajadores y un representante de los medios de comunicación, frente a tres representantes del Órgano Ejecutivo”, manifestó a tiempo de señalar que se puede suponer que dicha determinación generaría una aplicación prebendal del seguro, “favoreciendo a aquellos periodistas y aquellos medios de comunicación que estén alineados con el proceso de cambio, lo cual estaría desnaturalizando el beneficio de la norma”.
Además, según la percepción de Vargas estaría en contra de la propia Constitución Política del Estado (CPE), “piden que los beneficiarios estén necesariamente sindicalizados y nuestra CPE establece que nadie tiene la obligación de sindicalizarse u asociarse”.
Fuente: Fides