Sólo en el último tiempo se destapó más de 40 casos de extorsión, soborno, presión y secuestro. Solicitudes de dinero a procesados, presión a jueces, persecución a políticos, negociación de bienes incautados, tráfico de influencias, venta de sentencias, etcétera.
Bolivia es uno de los 3 países donde se paga soborno
Estudio fue presentado en Washington.
CASO. En Ecuador, Bolivia y Haití los encuestados señalan que pagaron algún soborno.
Agencias / Washington, Página Siete
Bolivia está entre los tres países de la región donde más ciudadanos dicen haber pagado algún soborno. Haití (67% de los encuestados), Bolivia (44,8%) y Ecuador (40,9%), según un estudio del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), realizado en 26 países del continente y presentado ayer en Washington, en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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De hecho, Honduras, Ecuador, Bolivia y Haití son los que más retrocedieron en transparencia y recrudecieron la corrupción entre 2010 y 2012, según el director de LAPOP, Mitchell Seligson.
Contrariamente, Jamaica y El Salvador son los países con las más destacadas mejoras en los últimos años, apuntó el experto.
Casi ocho de cada diez americanos ve la corrupción como algo “común” o “muy común” en la realidad de donde viven. De media, la corrupción es el tercer asunto más citado por los americanos cuando se les pregunta por el principal problema de su país y, paradójicamente, cuantos más casos de corrupción se declaran, más aceptación tienen las malas prácticas. O al revés: Colombia, Trinidad y Tobago, Argentina y Guyana son los países donde los ciudadanos denuncian más corrupción, pero no es donde más se sufren las malas prácticas.
Como autor del informe, Seligson también apuntó que el 11,1 % ha vivido sobornos en las escuelas y un 9,4 % por parte de policías. Y hasta un 20,5 % ha sufrido corrupción policial en el tercer país más poblado del continente, México. En paralelo al informe, el seminario sobre corrupción en Latinoamérica organizado por el BID también reflexionó sobre cómo combatir estas cifras y mejorar su investigación.
“Mejorar la transparencia institucional es lo más importante para implantar la integridad y luchar contra la corrupción”, dijo a EFE la directora de Prevención de la Corrupción de la Contraloría General de Brasil, Vania Vieira.
El caso de Brasil, que fue presentado como un ejemplo a seguir, se basa en no sólo luchar contra las malas prácticas, sino en “invertir en medidas para mejorar la transparencia y concienciar a la población”. Por eso, Vieira apuesta por exportar la fórmula brasileña a otros países del continente, tanto mediante relaciones bilaterales como a través de instituciones panamericanas.
Por su parte, la gerenta del Sector de Instituciones para el Desarrollo del BID, Ana María Rodríguez, advirtió que “las leyes no son suficientes si no se aplican, ni las instituciones son suficientes si no son efectivas”.
Un 19,5% de los ciudadanos del continente americano dice haber sido víctima de la corrupción en alguna institución de su país, según un barómetro presentado ayer en Washington.
Del 17,7% de los ciudadanos que aseguraron en 2010 haber sido víctima de algún soborno por parte de un funcionario público, la Policía, el Ejército, la escuela u otra institución, se pasó al 19,5% que lo declararon este año.
Más de 40 casos de extorsión, soborno, presión y secuestro
¿Cómo operaba la estructura de corrupción?
LA articulación de fiscales, jueces, abogados particulares y funcionarios de Estado permitió la creación de una red que operó fallos en juzgados y se enriqueció con ello.
Página Siete, La Paz, Bolivia, 12/12/2012
Policías que protagonizaron el primer operativo contra la red en Tarija. APG
Existen más de 40 denuncias por extorsión, sobornos, cobros ilegales, secuestro, tráfico de influencias, cohecho y organización criminal.
Ésas eran algunas de las actividades en las que incurría la estructura de corrupción que se destapó en las últimas semanas y que todavía es investigada por una parte del Órgano Ejecutivo y por el Ministerio Público.
Pasan los días y los casos suman. Ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio cuenta de 40 nuevas denuncias que se registraron en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La lista de fiscales sospechosos de haberse prestado a las acciones de la red no ha dejado de crecer.
¿Cómo funcionaba?
El núcleo de funcionamiento nace a partir de una alianza entre abogados particulares, jueces, fiscales y asesores jurídicos de despachos del Ejecutivo.
Es por eso que se encuentran detenidos en Palmasola, Santa Cruz, dos funcionarios del Ministerio de Gobierno, Denis Rodas y Fernando Rivera; uno de Presidencia, José Manuel Antezana, y dos fiscales, Jenny Velarde e Isabelino Gómez.
También guarda detención el jurista particular Gustavo Céspedes. Sospechoso de la venta irregular de arroz incautado al estadounidense Jacob Ostreicher y quien fue asesor de un fiscal en La Paz. El sospechoso se hacía pasar por funcionario del Ministerio de Gobierno.
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, explicó a Página Siete que los alcances aún no son conocidos del todo.
En esta etapa de la investigación se investiga a representantes de la Fiscalía y en adelante podrán ser citadas autoridades políticas y jueces.
“La red de extorsión y corrupción la investiga el Ministerio Público y la Policía. Hay otras personas que tienen que declarar, entre ellas fiscales de materia. Cuando esto termine tendremos una panorámica completa. Después el Ministerio Público trabajará en la preparación del juicio oral”, explicó Pérez.
La participación de funcionarios públicos, fiscales, jueces y abogados permitió operaciones alrededor de varios casos con distintas características. Solicitudes de dinero a procesados, presión a jueces, persecución a políticos, negociación de bienes incautados, tráfico de influencias, venta de sentencias, etcétera.
La hija del extinto político adenista Guillermo Fortún denunció que le cobraron 20.000 dólares para que su padre, indagado por manejo de gastos reservados, deje el penal de San Pedro. Según ella, después de pagar no cumplieron.
El abogado de Gustavo Torrico afirmó que se le planteó a su defendido un proceso abreviado por un caso de supuesta extorsión a menonitas. El ex diputado masista, hoy en la disidencia, se declaraba culpable, le otorgaban tres años de pena y quedaba libre por la leve condena.
Al alemán Dirk Schmidt le retiraron la detención domiciliaria en Palmasola a mediados de este año. Sin embargo, personeros a nombre del Ministerio de Gobierno indicaron que se trataba de un “asunto de Estado” y se revirtió la decisión.
Similar presión se ejecutó en casos como el del peruano refugiado José Cantoral, quien estuvo a horas de perder su condición en el país. Hace unos días se supo que Denis Rodas era el responsable de presionar a la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) para que sea expulsado del país rumbo a Perú.
“Los casos que están saliendo a la luz son los mediáticos, en los que existía un trasfondo político o un gran caso de corrupción. Sin embargo, nunca sabremos en cuántos casos particulares actuaron con éxito, en cuántas sentencias influyeron. Es realmente una estructura de una magnitud incalculable”, afirmó la socióloga Karina Saucedo.
La invitación del Ministerio de Gobierno a las víctimas de la red sigue abierta. Es casi un hecho que los casos aumentarán.
Solicitudes de dinero a procesados, presión a jueces, persecución a políticos, negociación de bienes incautados, tráfico de influencias, venta de sentencias, etcétera.
Punto de vista
Es una red en el corazón del Gobierno
Ilya Fortún, Analista político
La trampa en la que no se debe caer es seguir la estrategia del Gobierno de convertir esto en un problema judicial solamente. Yo no creo que esto sea así. Ésta es una crisis política.
Es un problema político porque se trata de una red de corrupción en el corazón político del Gobierno. Se trata de un equipo que ha manejado los temas más sensibles del Ejecutivo. Por eso hay que darle una lectura política al conflicto. Por eso hay que preguntarse quién contrató a esta gente, quién toleró que actúen de ese modo. Es una acción inteligente del Gobierno llevar todo al área del Ministerio Público.
Tiene que seguir la investigación. Pero de manera paralela, el Gobierno tiene que asumir responsabilidad política de este hecho. Establecer responsabilidades políticas internas. Se deben asignar responsabilidades a las cabezas de las instancias en las que se registró corrupción.
También me parece inaudito que se explique que esto sería obra de infiltrados. Raya en la falta de sentido común y ofende a la opinión pública. Lo mismo sucede con pretender escenificar una situación que los convierte en los paladines de la lucha contra la corrupción. No fue una iniciativa del Gobierno. Este tema se destapó a partir de la visita del señor Sean Penn. Si no lo hacía el Gobierno, lo iba a hacer nuestro “embajador de la buena voluntad”, que se convertiría en acusador.
Se requiere una acción política, no sólo una investigación judicial. En ese camino se ha avanzado muy poco.