Caso Ostreicher. La presidente de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, exige celeridad en las investigaciones. En días pasados dijo que la indagación llegó sólo a “mandos medios”. Ayer dijo que la red es un “consorcio” que involucra a jueces, fiscales y a ex autoridades. Atribuye la polémica sobre la inclusión de los “altos mandos”, en la indagación de la red de extorsionadores integrada por funcionarios de gobierno, al interés de algunos legisladores por cobrar protagonismo ante la proximidad de la renovación de las directivas en el Legislativo.
Búsqueda de réditos marca lío de extorsión
SEGÚN REBECA DELGADO
Rebeca Delgado, presidenta de Diputados. Apg Agencia
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La presidente de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, atribuyó ayer la polémica y reacciones sobre la inclusión de los “altos mandos”, en las indagaciones de la red de extorsionadores integrada por funcionarios públicos, al interés de algunos legisladores por cobrar protagonismo ante la proximidad de la renovación de las directivas en la Asamblea Legislativa, por lo que pidió celeridad y resultados a los fiscales.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reiteró que hay ”algunos políticos interesados en sacar rédito y delincuentes que pretenden victimizarse”.
Romero manifestó que asumía esa decisión “para evitar especulaciones” y “marcar un camino” en el proceso de investigación que debe enrumbarse “hacia el esclarecimiento del caso” destapado el 27 de noviembre pasado.
Informó que el sábado pasado, tenía la intención de prestar esas declaraciones pero por el tiempo que duró la interpelación en la Asamblea Legislativa y reuniones que tuvo con delegaciones internacionales, imposibilitaron su llegada a tiempo a Santa Cruz.
“Llegué a Santa Cruz en horas de la noche y los fiscales ya se habían retirado”, dijo, al manifestar que esperaba que esta semana le convoquen, después del viaje de dos días (lunes y martes) que debe realizar a Brasilia, Brasil, para cumplir con una misión internacional.
También solicitó a quienes tengan información o datos sobre el funcionamiento o alcances de la red delictiva que “se presenten ante el Ministerio Público para contribuir con el proceso” y no incurrir en la “manipulación política”.
“El mejor favor que le pueden hacer a los involucrados en la red de extorsión es que el proceso sea politizado”, insistió la autoridad.
Romero reiteró que su decisión de declarar voluntariamente pretende “contribuir a que el proceso establezca toda la verdad” y determine la composición de la “estructura de la red” de organización criminal que forzaba detenciones, revocaba y torcía fallos y sometía a litigantes a la extorsión de personas inescrupulosas.
Agilización
Con relación al rumbo de la investigación y el pedido que efectuó en días pasados de que ésta no se quede en los “mandos medios”, la presidenta de los Diputados, Rebeca Delgado, ayer manifestó que debe ser la comisión de fiscales que sigue el caso, la que debe evaluar y determinar si convoca o no a las altas autoridades.
No obstante, manifestó que por su experiencia en Defensa Pública y el área penal, por las evidencias colectadas hasta ahora en las investigaciones se trata de un consorcio que va más allá de la corrupción en el que están implicados funcionarios públicos de varios ministerios, hay fiscales y jueces, que están detenidos preventivamente, entonces lo que corresponde y se necesita es tomar declaraciones informativas a todos quienes puedan tener algún dato sobre la red o sus integrantes, para dar con los “cabecillas”, desbararla totalmente y establecer responsabilidades.
“Se esta en la fase de la investigación, entonces el objetivo es que ésta avance hasta el fondo y no se quede ahi, que no sea utilizado partidariamente, como hay intención para desacreditar al Gobierno… se espera que llegue al fondo, de manera que permita depurar los órganos del Estado que han sido tocados”, sostuvó al aclarar que sus declaraciones ian en ese sentido de que se agilice la investigación y se tengan resultados, porque “verdad que no llega pronto se diluye”.
Por otra parte, lamentó que algunos diputados oficialistas hayan interpretado sus palabras de otra manera y en un afán de protagonismo, ante la próximidad de la renovación de las directivas camarales, hayan salido a los medios haciendo ver fricciones internas y que había quedado sola en sus planteamientos.
“Lo que le interesa a la gente son resultados, que en un tiempo determinado se muestren avances, mostrar hasta donde alcanzaron los vínculos de la red, quiénes son los actores intelectuales y materiales, los mediatos e inmediatos, de manera que el Fiscal General y el Tribunal Supremo de Justicia, digan que acciones han tomado para devolverle a la ciudadania certidumbre sobre la administración de justicia y la actuaciòn de los fiscales y jueces”, expresó.
Denuncian ilegalidades
El abogado de Claudia Liliana Rodríguez —exsocia del empresario estadounidense Jacob Ostreicher—, Fabio Jofre, denunció que se le sigue un proceso judicial a su clienta sin haberle tomado primero las declaraciones informativas correspondientes.
“Sólo prestó declaraciones en el caso de legitimación de ganancias ilícitas, pero no en el caso Ostreicher”, afirmó el abogado en declaraciones a la red Erbol.
La acusada estaba detenida en Sucre por supuesta legitimación ilícita de ganancias y por un supuesto vínculo con el narcotraficante Maximiliano Dorado; sin embargo, debido a problemas de salud se la trasladó a Santa Cruz la semana pasada.
“La razón del traslado es sólo por causas médicas porque en Sucre no existen los materiales para atender sus dolencias. Su calidad sigue siendo la detención preventiva”, aclaró el abogado ante informaciones de que sería nuevamente enviada ante un juez para que defina su situación jurídica.
Liliana Rodríguez, de nacionalidad colombiana, era socia del estadounidense Jacob Ostreicher y fue la encargada de comprar las tierras en Santa Cruz con el capital que habría enviado André Zolty (otro de los socios) desde Suiza.
Diez detenidos
La juez noveno de instrucción en lo penal, Eneas Gentiles, determinó la noche del sábado pasado la detención preventiva en el penal de Palmasola, del exinspector de Dircabi de Montero, Miguel Gutiérrez Solís, dentro las investigaciones sobre la presunta red de corrupción integrada por funcionarios públicos, jueces y fiscales.
Gutiérrez advirtió en sus declaraciones que hay muchas personas que no están siendo procesadas, pese a que él ya dio nombres a los investigadores.”Si los fiscales y el Gobierno quieren encubrir todo está bien; mi vida corre peligro, pero saben quienes están arriba”, manifestó Gutiérrez.
Con Gutiérrez suman 10 los detenidospreventivamente en Palmasola, imputados por el Ministerio Público por los delitos de enriquecimiento ilícito con daños al Estado, beneficio en razón de cargo peculado y asociación criminal, por la desaparición de bienes de Jacob Ostreicher.
DICE QUE EN POLÍTICA NO HAY CASUALIDADES
Torrico asegura que hay otros fiscales implicados
El exviceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico advirtió que hay jueces y fiscales en La Paz vinculados con la red de corrupción integrada por exfuncionarios de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, entre ellos mencionó al fiscal de materia Harry Suaznábar y el juez Carlos Guerrero los que “por mucha coincidencia”, eran casi siempre los que atendían los procesos en los que actuaron los asesores jurídicos Fernando Rivero y Dennis Rodas, ambos ahora detenidos en Palmasola.
Dijo que ambos funcionarios tenían una forma de trabajar “muy especial”, en el caso de La Paz, casi un 90 por ciento de los procesos que siguieron como representantes del Ministerio de Gobierno, siempre recaían en manos de Suaznábar y Guerrero, hecho poco explicable tomando en cuenta el sorteo que debería realizarse en el Órgano Judicial.
“La investigación le tocaba al fiscal de materia Harry Suaznábar y para ir a las cautelares, que es la primera instancia de un proceso, recaían en manos del Juzgado Primero de Instrucción Cautelar, con el juez Carlos Guerrero”, aseveró la exautoridad gubernamental, al anotar que cuando esos casos caían o eran derivados a otros juzgados, los jueces eran recusados hasta que llegue al juzgado de Guerrero.
Según Torrico, este grupo de funcionarios -Rivera, Rodas y Boris Villegas, exdirector de Régimen Penitenciario- hicieron abuso del poder que se les confirió para que representarán al Ministerio de Gobierno y cobraron autonomía ante el descontrol, deliberado o accidental, y falta de seguimiento a las actuaciones de este grupo sobre todo por el extitular de Gobierno Sacha Llorenti.
La exautoridad no quizo referirse a las razones por las cuales estos abogados no fueron removidos de sus cargos por los ministros que le sucedieron a Llorenti (Wilfredo Chávez y Carlos Romero), sólo dijo que “en política y sindicalismo, sabemos bien, que no hay casualidades”.
Por otra parte, cuestionó la tificación de los delitos por los que están siendo imputados los presuntos implicados en la red. Dijo que se estaba cometiendo un error que podría significar la anulación del caso en la audiencia conclusiva.
Delgado advierte que caso red se apagará si no avanzan pesquisas
La titular de la Cámara Baja exige celeridad en las investigaciones.
OSTREICHER. En días pasados dijo que la indagación llegó sólo a “mandos medios”. Ayer dijo que la red es un “consorcio” que involucra a jueces, fiscales y a ex autoridades.
Página Siete / La Paz
La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, advirtió ayer que si las investigaciones en el caso Ostreicher no avanzan, éste se extinguirá. “Se tiene que dar celeridad a las investigaciones porque después se dilata, luego se extingue y ahí termina todo”, dijo ayer en entrevista con radio Panamericana.
La semana anterior advirtió que “hasta lo que se ha llegado es simplemente los mandos medios y estos mandos medios no creo que hayan actuado solos”. Entonces, concedió hasta fin de diciembre para concluir la investigación, pues de lo contrario anticipó que Diputados tomaría la indagación. Ayer, fue más allá y afirmó que “como presidenta (de Diputados) y otros diputados estamos preocupados y hemos anunciado que estableceremos nuestros medios de fiscalización”.
Insistió que “queremos fiscalizar (a la red) en caso de que tienda a politizarse o nos dé un resultado que no permita desbaratar esta red (de extorsión), esta estructura que no sé hasta dónde ha llegado”.
Delgado se declaró únicamente “militante ideológica del MAS” y por ello consideró que “lo importante es que se desbarate la red y no afecte el ‘proceso de cambio’”. A su juicio, “todos deberíamos poner la mirada en la Fiscalía (que lleva adelante el caso Ostreicher), en la comisión de fiscales y ver cómo se desenvuelve el tema”.
La titular de Diputados reveló que se reunieron los jefes de bancada y en ella “se estableció la emisión de una minuta de comunicación. Decidimos ver hasta fin de año cómo avanzaba la investigación y (luego) pedir una petición de informe oral, escrito o interpelaciones. No se trata de un plazo ni una conminatoria”.
Criticó a la justicia que hace un año fue renovada vía elecciones. “Hemos dicho que íbamos a mejorar la justicia, pero estamos retrocediendo con esta red y tenemos fiscales detenidos”.
Fernando Rivera y Dennis Rodas exasesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, durante la audiencia de medidas cautelares la semana pasada. Foto Apg (Los Tiempos)
“Consorcio” y cabecillas
Delgado denunció que en la red extorsión “se ve a servidores públicos, mandos medios, fiscales, presiones a jueces; hay un consorcio, no una simple red, va más allá de la extorsión por eso hay tantas detenciones”. Afirmó que lo “que se necesita son declaraciones informativas que nos den más información para desbaratar la red y (así) tener la información para establecer responsabilidades”.
A decir de la presidenta de Diputados “todo hecho (delincuencial) siempre tiene cabecillas y aquí (en la red) hay servidores públicos y necesitamos una investigación seria que nos permita depurar los órganos públicos que se tocaron para que el próximo año comencemos con la seguridad de que estamos depurando a la gente que daña el ‘proceso de cambio’”.
Aunque en los últimos días algunos parlamentarios del MAS le dieron la espalda en su propósito, Delgado aseguró ayer que “tenemos que procesar (a los responsables) y pedir declaraciones a quien tiene que ser. Que nos permita decir que estamos recuperando el sistema judicial”.