Mayoría oficialista respaldó a tres ministros acusados de nexos con la red de extorsión en la interpelación en el legislativo planteada por el MSM. El diputado Yaksic cree que existe una “subordinación de la justicia” al poder político.
Gobierno plantea vigilar a jueces y fiscales con agentes encubiertos
El Ejecutivo apunta a reformar códigos, recurrir a agentes encubiertos, abreviar los juicios hasta tres meses y realizar auditorías para hacer frente a la corrupción en el ámbito judicial y evitar casos como la red de extorsión que involucra a funcionarios gubernamentales y operadores de justicia.
Informe. (De izq. a der) García, Romero, Quintana y Suxo, durante la interpelación en la Asamblea.
La Razón / La Paz
El Ejecutivo apunta a reformar códigos, recurrir a agentes encubiertos, abreviar los juicios hasta tres meses y realizar auditorías para hacer frente a la corrupción en el ámbito judicial y evitar casos como la red de extorsión que involucra a funcionarios gubernamentales y operadores de justicia.
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El vicepresidente Álvaro García afirmó el sábado que es necesario encarar la reforma estructural del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para anular la posibilidad de corrupción, como la detectada a partir de la investigación al proceso contra el estadounidense Jacob Ostreicher.
“Que inicie un juicio hoy y que en tres meses se encarcele o libere al imputado, eso es cambiar el procedimiento. Porque es en el uso del tiempo que los abogados, jueces y fiscales han montado sus maquinarias de extorsión sobre los inculpados. Necesitamos tiempos que acorten: que en vez de cuatro, en tres meses se acabe un juicio”, insistió.
Actualmente el plazo para la etapa preparativa de un proceso es de seis meses, tiempo que puede ampliarse hasta 18 meses, según normas vigentes. La culminación de un juicio no puede extenderse más allá de tres años, explicó Milton Mendoza, el exfiscal y magistrado suplente del Tribunal Constitucional.
Reformas. La averiguación sobre las irregularidades en el proceso instaurado a Ostreicher, quien estuvo encarcelado por 18 meses sin un juicio y sentencia, permitió desarticular una red de corrupción y extorsión en la que estaban involucrados funcionarios de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, fiscales y jueces.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer a La Razón que la incorporación de los agentes encubiertos es otra de las propuestas en la línea de combatir la corrupción de los operadores de justicia.
“Hay que tener gente que esté haciendo seguimiento al trabajo de jueces y fiscales, sin que necesariamente puedan percatarse de su participación. Este mecanismo serviría para el control de sus actuaciones y también de los servidores públicos del Órgano Ejecutivo”, anticipó la autoridad.
El equipo de agentes encubiertos estaría formado por personas con especialidad en inteligencia operativa y que sean de “probada trayectoria moral”, apuntó Romero. Al respecto, García anunció el 5 de diciembre que era tiempo de crear la Unidad de Agentes Encubiertos “para fortalecer la transparencia en las entidades públicas e identificar a los responsables de actos de corrupción”.
En la red delictiva descubierta operaban los funcionarios Boris Villegas, Fernando Rivera y Dennis Rodas (del Ministerio de Gobierno), y José Manuel Antezana (del Ministerio de la Presidencia). También está vinculado el exfiscal del distrito cruceño Isabelino Gómez, entre otros. El presidente del Tribunal de Justicia cruceño Ariel Rocha está prófugo.
“En el ámbito judicial se ha hecho un gran cambio en la composición de clase (máximas autoridades en elección por voto directo), pero no es suficiente. El cambio que falta (está en) los procedimientos; mientras haya procedimientos legales que dejen la suerte de un ciudadano en manos de un fiscal o un juez, va a seguir la corrupción”, advirtió García Linera.
También se proyecta auditorías a procesos judiciales. “Entre las acciones enfocadas a detener la corrupción en la justicia están auditorías efectuadas por abogados externos de los procesos penales que parezcan irregulares”, adelantó Romero, y añadió que igual son necesarias auditorías a los bienes de los operadores de justicia.
El ministro remarcó que “debe haber una transparentación constante del patrimonio de jueces y fiscales, con declaraciones juradas periódicas y sujetas a cualquier pericia”, y aclaró que todos estos planteamientos y reformas deberían ser discutidos hasta mediados del siguiente año.
Los jueces ciudadanos
Cambios
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que perfilan en las reformas judiciales incrementar la participación de los jueces ciudadanos en los juicios. Actualmente la oralidad está instituida en el área penal.
Asamblea ratifica a 3 ministros
ABI – La Asamblea Legislativa Plurinacional ratificó ayer su confianza en la gestión de los ministros de Gobierno, Carlos Romero; de la Presidencia, Juan Ramón
Quintana, y de Transparencia, Nardi Suxo, luego de que éstos respondieran a un pliego de interpelación solicitado por el Movimiento Sin Miedo (MSM), por el llamado caso Extorsión.
“Se aprobó el informe que los ministros han presentado, por unanimidad de nosotros (bancada oficialista). Ha quedado en claro la postura de nuestro Gobierno: una guerra sin cuartel a la corrupción. Los tres ministros interpelados fueron muy precisos y muy claros en sus respuestas, a más de 100 preguntas que se les hizo”, informó Rina Aguirre, senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Los ministros informaron sobre los procedimientos que se hicieron para descubrir a la red de corrupción, en la que se vieron involucrados exfuncionarios públicos, jueces y fiscales.
Los abogados Fernando Rivera y Dennis Rodas, despedidos del Ministerio de Gobierno y recluidos en la cárcel de Palmasola, fueron presentados como la cabeza visible de la banda de extorsionadores descubierta a partir de la pesquisa de irregularidades en el caso del estadounidense Jacob Ostreicher.
Respaldan a tres ministros acusados de nexos con la red
Ayer en la madrugada terminó la interpelación en la Asamblea. Debate. Para el Ejecutivo, la interpelación fue un afán político del MSM. El diputado Yaksic cree que existe una “subordinación de la justicia” al poder político.
Página Siete / La Paz
Luego de nueve horas de interpelación a los ministros de Gobierno, Carlos Romero; de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, la Asamblea Legislativa les dio su voto de confianza tras el cuestionamiento realizado por legisladores del Movimiento Sin Miedo (MSM) sobre a la red de corrupción desarticulada.
La sesión se prolongó desde las 19:00 del sábado hasta las 4:30 del domingo. Los ministros respondieron 126 preguntas de los diputados Marcela Revollo y Fabián Yaksic, del MSM, formuladas para que expliquen cómo investigaron a la red que se introdujo a sus ministerios.
Para el presidente de la Asamblea, Álvaro García Linera, la interpelación no fue más que “un acto político encabezado por el jefe nacional de MSM, Juan del Granado” y a quien lo comparó con el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, críticas que molestaron a la diputada Revollo.
No obstante, Yaksic acusó al Órgano Ejecutivo de crear un “descontrol gubernamental autorizado” con los poderes notariados que fueron entregados a los ex funcionarios que ahora son procesados en Santa Cruz, como Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas.
El diputado criticó las facultades de “solicitar diligencias, actuar como querellantes, pedir medidas cautelares, ordenar actos de pericia, interponer recursos, pedir careos, inspección ocular, oponerse a solicitudes de libertad, presentar excusas”.
El asambleísta opositor dijo que hay “una subordinación de la justicia al poder político”. “¿Cuál es el límite de la seguridad de Estado?”, cuestionó.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, respondió que “no hay ninguna intromisión política en las decisiones judiciales o una transgresión al Estado de Derecho. “Ésa es mucha imaginación para querer confundir a la gente”, precisó.
Además, dijo que se logró establecer pruebas que permitirán accionar judicialmente frente a la estructura organizada de abogados “de cuarta categoría e integrantes del Órgano Judicial, vinculados a la corrupción y extorsión”.
La ministra Nardi Suxo entregó varios documentos sobre las investigaciones de corrupción que tenía en su despacho, que es “el único Ministerio de Transparencia a nivel mundial”, dijo.
Al amanecer del domingo, alrededor de 50 asambleístas quedaban en sala, por lo que una vez concluida la interpelación y las réplicas se votó por la aprobación del informe de los tres ministros y por el voto de confianza a los mismos.
Denuncian actuación de Rivera en la Aduana
El directorio de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) denunció que el ex director jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera tuvo una irregular participación en algunos operativos de esta institución.
De acuerdo con los directores de la ANB Silvano Arancibia y Freddy Franco, el ex abogado del Ministerio de Gobierno, actualmente recluido en Palmasola de Santa Cruz, dirigió un operativo en la Aduana en septiembre, cuando se intervino 28 carros bomberos en predios de la Aduana de La Paz.
Los directores cuestionaron las acciones de Rivera debido al estatus autárquico de la Aduana, que impide que órganos ajenos a la entidad tengan algún tipo de injerencia en sus funciones.
Al respecto también se pronunció el ex viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico, quien precisó que los brazos de esta red de extorsión, en la que también están implicados Denis Rodas y Boris Villegas, ex funcionarios del Ministerio de Gobierno, se habrían expandido a otras instancias al no haber tenido “un control” de sus superiores, según la información de la agencia ANF.
“Cuando salían a ver un tema, salían a ver otros más, como meterse en la Aduana, algo que muestra un sometimiento”, sostuvo ayer la ex autoridad.