Alberto Trigo Guzmán, abogado defensor del ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, denunció este jueves la ilegalidad y manipulación de la justicia en el proceso que se le sigue a su defendido, una vez que el Tribunal Segundo de Sentencia rechazó el amparo constitucional, donde se pedía reparar la acusación que está fundada en la aplicación retroactiva de la Ley 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz, figura penal que fue anulada por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Nº 0770/2012, al considerar que su aplicación es inconstitucional.“Se ha establecido que no se puede aplicar retroactivamente una Ley Penal Sustantiva Desfavorable al acusado, pero los incidentes y excepciones planteadas han sido rechazadas por el Tribunal de Sentencia respondiendo a una consigna política, y el día de ayer los abogados de la Gobernación de Cochabamba han anunciado que se aplicará la máxima pena de 8 años, que está prevista por la Ley 004, que no puede aplicarse; seguramente porque ya tienen todo concertado con los jueces a quienes imparten consignas y les obligan a actuar siguiendo sus directrices que les imponen, dijo el Trigo Guzmán.El Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito de Cochabamba, a sugerencia de los abogados de la Gobernación de Cochabamba, rechazó el miércoles el amparo constitucional interpuesto por la defensa del ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, para subsanar el proceso. El recurso fue rechazado dentro del juicio oral que se le sigue a la ex autoridad por los supuestos delitos de malversación de fondos, incumplimiento de deberes y daño económico en la construcción del puente Vinto Sacambaya.Ante este panorama, la defensa de Reyes Villa, quien es juzgado en rebeldía, presentó una serie de incidentes legales, que deberán resolverse para continuar con el juicio oral. Los abogados defensores pidieron, también, que el tribunal se pronuncie sobre un edicto usado para notificar a Reyes Villa, en el cual se habría consignado una dirección incorrecta. No obstante, los abogados de la Gobernación de Cochabamba, parte demandante en este proceso, han calificado a las actuaciones de los abogados de “chicanas” que sólo buscan dilatar el juicio oral, que se inició a casi tres años de haberse presentado la primera denuncia.Por su parte, el diputado opositor Mauricio Muñoz dijo que los 15 procesos contra Reyes Villa se tramitan con abierta violación de sus derechos fundamentales y garantías Constitucionales, al recordar que cuando se impugnó esas irregularidades y se planteó la declinatoria de competencia de los jueces cautelares, Ever Richard Veizaga y Mirtha Gabi Meneses, fue rechazado sin mayor fundamentación jurídica razonable y se permitió que prosigan las acciones penales.“Pero lo que no sabe la población es que estos jueces fueron premiados con ascenso en el cargo, pues de jueces de instrucción se convirtieron en vocales de la Corte Superior del Distrito, y uno de ellos, Ever Veizaga, fue premiado incluso con el cargo de presidente interino de la Corte Superior de Distrito”, sostuvo Muñoz.Señaló que en días pasados los funcionarios de la Gobernación anunciaron que los juicios contra Reyes Villa se realizarán a pesar de todo; y al presente se ha instalado el juicio oral en contra del ex prefecto, con una serie de irregularidades, entre ellas sin reparar que la acusación que está fundada en la aplicación retroactiva de la Ley 004, cuya figura legal ya no está en vigencia.En ese marco, lamentó que el Gobierno haya aplicado la política de la “zanahoria y el garrote” sobre los jueces y fiscales “dóciles” que se sometieron a sus presiones y obedecieron sus instrucciones para beneficiarse de altos cargos, para procesar a sus adversarios políticos, pues en el caso de los administradores de justicia que se resistieron los castigaron con la instauración de acciones penales y suspensión de sus funciones.Prueba de ello, dijo, es el escándalo desatado a partir del caso del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, que puso en evidencia la manipulación y la subordinación de la justicia a los mandos medios del poder político: “El Gobierno ha instrumentalizado la justicia para perseguir a los líderes ciudadanos y políticos de oposición, aplicando la política de la amenaza y represión, o, del premio a los jueces y fiscales para instaurar acciones penales en contra de autoridades de la oposición democráticamente elegidas, esto ha quedado plenamente demostrado con el caso Ostreicher”.“Ha quedado en evidencia que los altos funcionarios del Ministerio de Gobierno, de la Presidencia, de la Fiscalía y del Poder Judicial tenían poderes plenos otorgado por el máximo nivel de Gobierno para que presionen a los jueces, magistrados y fiscales para que actúen severamente contra los líderes políticos y ciudadanos de oposición … Los procesos instaurado contra de Manfred Reyes Villa y que se vienen tramitando contra viento y marea, son parte de ese proceso de manipulación de la justicia y son manejados presumiblemente por los que forman parte de la red de extorsionadores; por lo que es urgente que se amplíen las investigaciones a todos aquellos servidores públicos, jueces y fiscales que han estado manejando estos procesos, dijo Muñoz.ANF