En el banquillo. El ex ministro de Gobierno y actual embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti dijo que no conoció ninguna denuncia en contra de Fernando Rivera y Denis Rodas, ahora investigados por extorsión, y que siempre los vio como “personas responsables y abogados competentes”.
‘Sacha usaba la red para anular a sus enemigos’
Foto: Sacha Llorenti habla con la prensa, ayer en Santa Cruz.
El abogado constitucionalista, exasesor de la Asamblea Constituyente y exdirector de la Unidad de Coordinación con Asambleas Departamentales, de la Cámara Baja, Williams Bascopé, en contacto con Erbol dijo que el exministro de Gobierno y actual embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, Sacha Llorentty, usaba a la red de extorsión para “anular políticamente a sus enemigos”; por lo que pidió la renunciar a su cargo para someterse a las investigaciones.
Resaltó que en la gestión de Sacha Llorentty fue donde se fortaleció ese grupo al interior del Ministerio de Gobierno, porque se involucraban en asuntos que no eran "de la seguridad del Estado".
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“Estos señores le servían bastante al señor Llorentty para el control del Estado (…) para anular políticamente a los enemigos internos de Sacha Llorentty”, sostuvo. /Erbol. El Día
Sacha dice que dos detenidos por la red eran “competentes”
Según Quintana, un funcionario sugirió la contratación de Antezana.
FISCALÍA. Los titulares de la Presidencia, de Transparencia y el ex ministro de Gobierno Llorenti declararon ayer ante la comisión de fiscales que investiga la red de extorsión.
Página Siete / La Paz
El ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti afirmó ayer después de declarar ante la Fiscalía en Santa Cruz que mientras estuvo en funciones no conoció ninguna denuncia en contra de los ex funcionarios Fernando Rivera y Denis Rodas, ahora investigados por la presunta red de extorsión, y que siempre los vio como “personas responsables y abogados competentes”.
“Reiterar que en tanto yo he estado como ministro de Gobierno no ha habido ninguna denuncia de corrupción o de extorsión en contra de estos ciudadanos (Rivera y Rodas)”, dijo Llorenti a los periodistas cerca de las 14:30. después de salir de la Fiscalía adonde ingresó a las 9:00.
“Ellos han tenido responsabilidades que se les ha otorgado porque yo siempre los he visto como personas responsables y abogados competentes para llevar adelante las tareas”, dijo Llorenti, embajador de Bolivia en la ONU.
Rodas, Rivera y también Boris Villegas trabajaron en el ministerio durante la gestión de Llorenti y después de que renunció, tras la represión a indígenas en Chaparina, en septiembre de 2011, pasaron a trabajar con el ex ministro Wilfredo Chávez.
Llorenti y los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Transparencia, Nardi Suxo, prestaron ayer sus declaraciones informativas como testigos ante la Fiscalía. Hasta el cierre de esta edición, 21:15, no se conocían detalles de lo dicho por la titular anticorrupción.
En tanto, Quintana contó que la contratación de José Manuel Antezana Pinaya, el primer funcionario en ser detenido acusado de pertenecer a la red de extorsión, se realizó a pedido de “otro funcionario jerárquico”.
No apuntó a nadie en particular durante una rueda de prensa en Santa Cruz, luego de que se presentara en la tarde a declarar ante la comisión de fiscales que investiga a la red.
“(Antezana) fue contratado a pedido de otro funcionario jerárquico para que cumpla tareas de inventariación del patrimonio del Programa (País). Fue exonerado del cargo el 25 de noviembre a partir de la designación de otro funcionario. Ocupaba un cargo subalterno el (año) 2007 y fue ascendiendo hasta obtener un cuarto nivel en el escalafón del Ministerio de la Presidencia”, declaró.
Hace días, el presidente de la Comisión de Ética de Diputados, Evaristo Peñaloza, anunció que investigarán las posibles influencias que el diputado oficialista Héctor Arce habría ejercido para que familiares de su esposa trabajen en la administración pública. Antezana es concuñado del legislador.
Quintana dijo que no conocía ni tenía relación directa con Antezana. “Informé al fiscal que no existía relación directa con el Ministerio de la Presidencia, toda vez que era funcionario que ocupó un cuarto nivel administrativo y la relación del ministro de la Presidencia con esa área de trabajo se da a través del Viceministerio de Coordinación Gubernamental”, indicó.