Enésima muestra del autoritarismo gubernamental: luego de que en distintas ocasiones los obispos católicos cuestionaran la expansión del narcotráfico, la manipulación de la justicia y las presiones a los indígenas del TIPNIS, el presidente Evo Morales habla de “denunciarlos ante el Vaticano” por el crimen de “meterse en política”.
“Algunos cada día hacen política”, dijo el cocalero, a tiempo de instruir al embajador de Bolivia ante El Vaticano, Carlos de la Riva, “con la documentación hacer una representación de la inconducta de los obispos”.
Al parecer, según Morales la libre expresión no correría para los religiosos, quienes no tendrían derecho de opinar sobre asuntos públicos desde su enfoque pastoral.
Algo similar manifestó tiempo atrás el vicepresidente García Linera, cuando dijo que los empresarios “no deben meterse en política”.
Nos dirigimos, entonces, a un modelo de democracia restringida, donde algunos ciudadanos tendrían derechos políticos y otros no. Suponemos que entre los primeros estarán los cocaleros y los demás sectores que sostengan al gobierno, mientras que entre los segundos se incluirán progresivamente a todos los demás.
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Si nos atenemos al concepto del presidente, el jesuita Luis Espinal no debería haber criticado a la narco-dictadura de García Meza; el pastor bautista Martin Luther King no podría haber liderado la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos; y la Iglesia Católica no podría haber apoyado la rebelión sindical de Solidaridad, que contribuyó a derrocar al comunismo polaco.
Mientras Evo habla de que la “la religión no se meta en política”, su régimen impulsa una seudo-religión oficial, el pachamamismo, que acaba de tener en la Isla del Sol un nuevo acto litúrgico costeado por el Estado, es decir, por el bolsillo de todos los bolivianos…