El Gobierno boliviano y los ejecutivos de la española Iberdrola se reunirán la próxima semana para negociar “cordialmente” el precio que se debe pagar por la nacionalización de Electropaz, Elfeo y otras dos pequeñas subsidiarias de la compañía, informó ayer el ministro de Hidrocarburos Juan José Sosa.
Iberdrola debe recibir 75 millones de euros por expropiación de cuatro filiales
El Diario, La Paz
Frente a la medida decretada el pasado 29 de diciembre, por la cual se nacionalizaron cuatro filiales -dos distribuidoras de electricidad en las regiones de La Paz y Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones- de Iberdrola en Bolivia, la empresa española hizo saber que pedirá una indemnización de 75 millones de euros al Gobierno boliviano.
El Ejecutivo definió esta acción porque existiría un desequilibrio en el cobro de las facturas del servicio eléctrico.
Durante la mañana y la tarde del sábado y domingo, 740 miembros de la policía boliviana montaron guardia en las oficinas de Electropaz de La Paz y Oruro para resguardar la distribución eléctrica.
El portal del diario español El País asegura que “esta es la segunda nacionalización que tiene como objetivo una empresa española en menos de ocho meses en Bolivia, toda vez que el pasado mayo se expropió la firma Transportadora de Electricidad, de Red Eléctrica, que todavía no ha sido compensada”.
"Hemos hablado con la empresa, hemos dialogado que se rebaje los costos a todos, que se asuma la responsabilidad social como empresa, son españoles. Cuatro meses de negociación sin resultado", dijo el Mandatario de Bolivia, Evo Morales en un acto con productores de hoja de coca de la región central de Cochabamba en el Chapare, apunta El País.
Según este medio, Iberdrola no tomará una postura hasta conocer los detalles de los decretos expropiatorios y se limitó a señalar que espera que el Gobierno “pague el valor real” de sus participaciones. EL DIARIO pudo constatar que no existe ningún comunicado en el portal de Iberdrola.
Sin embargo, se estipula que a partir del Decreto se dará un plazo de 180 días para que un tasador independiente decida la compensación. El País sostiene que pese a no estar cifrada, la eléctrica daría un valor de mercado a las filiales expropiadas de 75 millones de euros, que serían aproximadamente 100 millones de dólares.
El País resalta que a falta de conocer los detalles del Decreto, la medida expropiatoria podría tener un mayor alcance, incluso llegando a afectar a otras empresas españolas y extranjeras. Iberdrola opera en el país a través del holding Iberbolivia de Inversiones, del que posee el 64%.
El resto está en manos del fondo Paz Holding, en el que participan entre otros inversores General Electric Capital, Mission Funding y Structure Finance.
Iberbolivia de Inversiones posee el 89,5% de las acciones en la Empresa de Electricidad de La Paz (Electropaz), en la que también participa el Banco Santander, con el 10% del capital, y el 92,8% de la Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo). Las compañías expropiadas suponen alrededor del 0,2% del negocio de Iberdrola: unos seis millones de euros del beneficio total (2.804 millones en 2011), apunta El País.
En este sentido, el ministro de hidrocarburos y energía, Juan José Sosa, expresó ayer en el programa que se emite por el canal estatal, “El Pueblo es Noticia”, el deseo de reunirse con los ejecutivos de la eléctrica española Iberdrola la próxima semana en La Paz, para discutir una compensación justa por la nacionalización de cuatro de sus filiales en Bolivia.
"Me imagino que ellos, la próxima semana llegarán, entonces conversaremos en un ambiente cordial para ver de qué manera podemos llegar a una transición que sea favorable para ambas partes", afirmó la autoridad.
El País explica que el presidente Evo Morales considera que las empresas nacionalizadas han “centralizado sus servicios en las áreas urbanas”, por lo que se reduce la atención a áreas rurales del altiplano en las que los pobladores están diseminados en áreas extensas.
Después de la expropiación, la viceministra de Electricidad, Hortensia Jiménez, anunció que una de las tareas prioritarias es la de reducir las tarifas hasta un 50%. Con esta nacionalización todo el sistema de servicios eléctricos, desde la generación hasta la distribución domiciliaria, queda en manos de la Empresa Nacional de Electricidad, afirma El País.
Esta situación se suscita en un momento en el que empresarios bolivianos trabajan junto al Gobierno para la elaboración de una Ley de inversiones, tan necesaria en el país, que debe garantizar el apoyo a inversiones extranjeras.
En tanto, aproximadamente 400 empleados que trabajan en la empresa Electropaz exigen conservar sus fuentes laborales, hecho que fue confirmado el pasado sábado, por el vicepresidente, Álvaro García Linera, quien manifestó que “todos (los trabajadores) conservarán su fuente de trabajo, no habrán despidos”.
Asimismo, la autoridad afirmó que “la escala salarial que regía el funcionamiento de esta empresa está asegurada, por lo tanto, los trabajadores pueden estar seguros”, “primero, que tienen trabajo seguro, que sus esfuerzos serán bien remunerados y que no se le afecta en nada sus derechos laborales ganados hasta el día de hoy”, apunta la agencia ANF.
El Gobierno e Iberdrola se acercan para negociar
LA EMPRESA ESPAÑOLA, ACCIONISTA DE ELFEO Y ELECTROPAZ, CONFIRMÓ CONVERSACIONES CON LAS AUTORIDADES.
Los Tiempos – 31/12/2012
Agentes en oficinas de Electropaz, el sábado. – Efe Agencia
El Gobierno boliviano y los ejecutivos de la española Iberdrola se reunirán la próxima semana para negociar “cordialmente” el precio que se debe pagar por la nacionalización de Electropaz, Elfeo y otras dos pequeñas subsidiarias de la compañía, informaron ayer el ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Juan José Sosa, y fuentes de la trasnacional citadas por el periódico español La Voz de Galicia.
Ambas partes expresaron su preocupación por la definición del monto de indemnización y los pasivos que tienen las empresas nacionalizadas.
Sosa ratificó que se contratará a una empresa “imparcial” para realizar el avalúo de los activos de las compañías.
Entretanto, a través de un comunicado emitido por su Cancillería, el Ejecutivo de Mariano Rajoy pidió al de Bolivia una mayor “franqueza” en sus relaciones bilaterales.
Tras la inesperada nacionalización de Electropaz y Elfeo empezaron los contactos entre el Gobierno boliviano y los ejecutivos de la empresa española Iberdrola, que era la accionista mayoritaria de las entidades estatizadas, para sostener una reunión cordial en la que se establezca el “justo precio” que se debe pagar por esta medida.
“Me imagino que la próxima semana van a estar acá, vamos a charlar con ellos siempre en un ambiente cordial para ver de que manera podemos llegar a una transacción que sea favorable para ambas partes”, dijo el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa.
Al otro lado del Atlántico, los medios de comunicación españoles informaron que “las conversaciones, mantenidas desde los primeros momentos de la estatalización, están siendo fluidas y se desarrollan en un ambiente sereno y de ‘cordialidad’, según fuentes de la multinacional (Iberdrola) presidida por Ignacio Sánchez Galán”, informaba la web de La Voz de Galicia, donde además se aseguró que fuentes de Iberdrola aseguraron que “el contacto es permanente y, si nos convocan a una reunión a más alto nivel, iremos con ese mismo espíritu de cordialidad”.
El diario español sostiene además que “lo más probable es que esa primera cita de cierta importancia -en lo que se presume un rosario de conversaciones- se produzca esta misma semana. Por parte de Iberdrola liderará estos encuentros el presidente para América Latina de la compañía, Gonzalo Pérez, que actualmente tiene su base de operaciones en México”.
La web también resalta una parte de las declaraciones del Ministro boliviano pues asegura que “sin ofrecer detalle alguno sobre precios o estimaciones iniciales, Juan José Sosa -quien recordó que su Gobierno disponde 180 días hábiles para elegir a un valorador independiente de las empresas expropiadas- sí detalló que su intención es ‘descontar los pasivos’ de las firmas estatalizadas antes de entrar en otros análisis”.
Esta versión es correcta, pues Sosa aseguró que “el decreto (de nacionalización de Electropaz y Elfeo) habla del tema de los pasivos ambientales (…) una vez que se haga la valoración de los activos, entonces estos pasivos van a ser deducidos de eso”. dijo el ministro, mientras explicó cómo se desarrollará el proceso de conciliación de cuentas con la empresa española Iberdrola, para definir el “justo precio” que el Gobierno boliviano le pagará por este proceso.
El titular de la cartera encargada de la energía, explicó en un programa en los medios estatales, que ENDE tiene 180 días, de acuerdo al decreto supremo, para hacer la valoración “de todo lo que significan los activos de todo el patrimonio de Electropaz y de Elfeo” y aclaró que “se va a contratar una empresa (externa a ambas partes) que haga la auditoría correspondiente para que nos dé la valoración”.
El ministro Sosa aclaró que “hecho esto se va a descontar lo que son los pasivos y nos sentaremos a negociar justo en ese momento con la empresa Iberdrola de España, para ver cuanto es el monto justo que se tiene que compensarle por toda esta nacionalización que hemos llevado a cabo como Gobierno nacional”, sostuvo un día después de la nacionalización.
Expropiación a españolas
En menos de ocho meses, el gobierno boliviano nacionalizó cinco empresas de propiedad de firmas españolas. La primera fue la Transportadora de Electricidad (TDE) de Red Eléctrica Española, el 1º de mayo y hasta ahora no se sabe cuánto será el “pago justo”. El 29 de diciembre se suman las cuatro de IberBolivia, en la que el Grupo Iberdrola tiene una participación mayoritaria, de poco más de 63 por ciento.
Informes publicados por varios medios españoles y agencias internacionales indican que el valor de las inversiones de Iberdrola estaría alrededor de 100 millones de dólares, razón por la cual a través de un comunicado “el gobierno de España espera que el proceso de evaluación del valor de la empresa nacionalizada se realice con criterios exigentes de objetividad”.
Señala además que la valoración debe permitir “establecer la justa indemnización a la que los accionistas tienen derecho sin dilaciones innecesarias, tal y como han reclamado”. El decreto supremo 1448 fija un plazo de “180 días hábiles”.
Franqueza
La nacionalización de cuatro empresas de la española Iberdrola, provoca reacción del Gobierno de Mariano Rajoy, que pide a la administración de Evo Morales “franqueza” en la relación bilateral.
Al manifestar que “España lamenta la decisión del Gobierno boliviano de nacionalizar estas cuatro empresas”, el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores remarca que “la seguridad jurídica es una exigencia insoslayable de cualquier inversión extranjera en Bolivia” y agregá que “las relaciones de cooperación y entendimiento entre los dos países exigen información, colaboración y franqueza por ambas partes en el manejo de éste o cualquier otro asunto de interés común”, asegura el comunicado de la Cancillería.