Bolivia. Análisis de la ley financial 2013.
La ley prevé que la plata no ejecutada en el primer semestre por alcaldías y gobernaciones será ‘debitada’ por el Ejecutivo para seguridad ciudadana. El alcalde Revilla alista un recurso legal.
El Deber, Santa Cruz
El Gobierno controla el 89% del presupuesto 2013 y podrá usar parte de los recursos de los municipios y gobernaciones que “incumplan con la ejecución de los planes, al primer semestre de la gestión” 2012, en favor de programas de seguridad ciudadana del Ministerio de Gobierno. Así lo establece la Ley Financial 2013, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que distribuye un total de Bs 170.021 millones y que provocó la movilización de autoridades municipales de La Paz y Santa Cruz.
Así también lo ratifica el Ministerio de Economía y Finanzas en una publicación de su sitio web, en la que niega que la Ley Financial recorte recursos por coparticipación tributaria, al tiempo que justifica la medida, señalando que los municipios y gobernaciones, en general, registran una baja ejecución presupuestaria en 2012. “Los gobiernos municipales tenían guardados, hasta el 6 de noviembre de 2012, en saldos de caja y bancos Bs 9.193 millones”, dice el reporte.
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Foto ilustrativa La Razón
Política confiscatoria
La noticia cayó mal a algunos munícipes, mientras que la mayoría no se ha pronunciado. Para el alcalde de La Paz, Luis Revilla, la ley del presupuesto es confiscatoria de los recursos municipales, atenta contra la autonomía administrativa, va en contra de la Carta Magna y amerita ser sometida a un recurso constitucional. Anunció que en el transcurso de esta semana presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Por otra parte, EL DEBER verificó en el ranquin de ejecución del Ministerio de Economía que si bien hay municipios como Tarija (42%) y Santa Cruz (61%) con poco avance en sus presupuestos a diciembre de 2012, en el Gobierno hay carteras como Planificación (22%) y Obras Públicas (42%) que registran su ejecución con números rojos.
Se buscó la explicación del ministro de Economía, Luis Arce, sobre la confiscación de recursos de municipios y gobernaciones con baja ejecución, pero no se obtuvo respuestas. La ley dispone que los municipios con más de 500.000 habitantes deben asignar el 20% de los recursos adicionales percibidos por IDH en favor de proyectos de agua, riego, saneamiento básico y desarrollo productivo, como contraparte a la inversión pública gubernamental.
Carlos Cuasase, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) y alcalde Concepción, asegura que si hay retrasos en la ejecución, se debe a las pugnas internas y por la lentitud del sistema público de contrataciones (tres meses para licitaciones). Mientras que Ariel Rojas, director de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), sostuvo que hay que analizar bien la ley antes de oponerse, que no es confiscatoria, como dicen algunos alcaldes, aunque siguen esperando la explicación que, hace dos semanas, ofreció el Ministerio de Economía
Sobre ejecución
1 Cobija es la capital de departamento que registra mejor ejecución municipal, con el 95% a diciembre de 2012.
2 En sentido contrario, Tarija es la capital que registra la ejecución más baja, con el 47% a diciembre de 2012.
3 La Gobernación de Potosí es la que registra menor ejecución, con el 42% al 10 de diciembre de 2012.
4 La Gobernación de Beni es la que registra mejor ejecución, con el 96% al 10 de diciembre de 2012.
Más plata para el Ejecutivo, ¿para qué?
Carlos Schlink - DIRECTOR DEL TESORO de Santa Cruz
El Presupuesto General del Estado (PGE) 2013 se incrementó un 18% con relación a 2012; de Bs 145.943 millones se pasó a Bs 172.021 millones, proyectando un crecimiento de la economía del 5%. El 89% lo maneja el Gobierno con sus empresas públicas estratégicas y el 11% lo administran 360 entidades territoriales autónomas. En 2013, los salarios aumentarán un 16% y en bienes y servicios se incrementó el 35%. La Ley Financial 2013 otorga el poder total al Ministerio de Economía para manejar los recursos de las entidades autónomas, permitiendo usar el dinero sobrante del año anterior para proyectos concurrentes con el Gobierno. Se valida el uso de las reservas internacionales para empresas como YPFB y ENDE, entre otras. Se debita de las cuentas de municipios y gobernaciones los recursos no ejecutados en seguridad ciudadana