CONTRATO. Dos funcionarios del ente emisor tendrían responsabilidad penal. Enabol pagó 28,9 millones de dólares por adelantado a las empresas chinas por la fabricación de 16 naves y dos empujadores que nunca llegaron al país.
Incluyen al BCB como posible responsable en caso barcazas
Página Siete / La Paz
El ministro de Defensa durante un informe sobre las barcazas.
El informe legal interno del Ministerio de Defensa sobre la compra irregular de 16 barcazas y dos empujadores chinos establece que existen indicios de responsabilidad penal de por lo menos cuatro autoridades de Gobierno, dos de ellas pertenecientes al Banco Central de Bolivia.
El informe, redactado por Cristóbal Torrico, jefe de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Defensa, responsabiliza a Leddy Vargas, jefe de Departamento de Operaciones Cambiarias y Convenios, y a David Espinoza, gerente de Operaciones Internacionales, ambos del BCB, por haber ocasionado que el Estado no renovara a tiempo las boletas de garantía, impidiendo así el respaldo de la compra de las 18 naves.
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El reporte señala que existe posible responsabilidad en la abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Carmen Rosa Gámez, y del ex gerente general de la empresa naviera estatal Enabol, almirante Freddy Ballesteros, por haber formalizado la subrogación de la construcción de las 18 barcazas y empujadores de una empresa china a una coreana. “(Con ello) se ha evitado que el proveedor original cumpla su obligación de resarcir los daños y perjuicios ocasionados a Enabol”.
Enabol, empresa autónoma que depende del Ministerio de Defensa, empezó en 2009 el proceso de adquisición de 16 barcazas y dos empujadores para ser usados en los ríos de la Amazonia boliviana para operaciones de transporte y también salvamento y atención de emergencias. Primero se contrató a la empresa coreana Yeunsoo Shipbuilding, que no pudo cumplir con las boletas de garantía y el contrato inicial quedó anulado.
Sin embargo, Enabol aceptó que la empresa coreana subrogue el contrato a las empresas chinas GMB Inc. y SeAH B&K, algo que el informe legal mencionado califica como irregular.
Las empresas chinas entraron en quiebra y por lo tanto no entregaron las barcazas. Ahora, la empresa que las almacena exige un pago para permitir que sean conducidas a Bolivia y anunció que remataría esos bienes.
Enabol pagó 28,9 millones de dólares por adelantado a las empresas chinas por las naves y el transporte, pero nunca llegaron al país.
“Los servidores públicos del Banco Central Leddy Vargas y David Espinoza, al haber comunicado a Enabol -efectuando una interpretación errónea de las cartas de crédito Stand By- que la vigencia de las boletas se extendía automáticamente y que su ampliación de validez debiera ser por las empresas constructoras chinas (‘), han ocasionado que Enabol no cuente desde el 11 de noviembre de 2010, hasta la fecha, con una garantía”.
Por lo tanto, según el informe, tienen posible responsabilidad penal y una eventual pena de cárcel de entre tres y ocho años de cárcel. Para los casos de Gámez y Ballesteros se menciona la misma figura penal (“conducta antieconómica”, establecida en el artículo 224 de Código Penal), también con sanciones de tres a ocho años.
Los representantes en Bolivia de las dos empresas chinas, de nombres Kwak Chong Ho y Jung Chun Sub, según el informe legal, también tienen indicios de responsabilidad legal (artículo 22 del Código Penal, referido a incumplimiento de contratos), con posibles penas de entre tres y ocho años de cárcel.
Página Siete buscó mediante teléfono y después de manera personal la versión de los dos funcionarios del BCB mencionados en el informe; sin embargo, afirmaron que no realizarán ninguna declaración oficial sobre estas acusaciones.
Se buscó además en varias ocasiones un contacto telefónico con el abogado de Ballesteros, Moisés Ponce de León, pero el número telefónico al que se llamó estaba apagado.
La abogada Gámez, en contactó con este matutino, declaró que las acciones asumidas en este caso fueron realizadas por orden del ex gerente de Enabol Freddy Ballesteros, quien ahora está detenido. (Ver nota de recuadro).
Actualmente, la Fiscalía está investigando este caso y hasta ahora hay dos detenidos.
“Hubo presión”
La abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Carmen Rosa Gámez, en contacto con Página Siete afirmó ayer que “en vista de que los plazos se estaban cumpliendo yo emito el informe que corresponde, que se rescinda el contrato y que se inicie un nuevo proceso de contratación”.
“Ante esa circunstancia, la gerencia general en reuniones que tenía con los proveedores acuerdan que se tiene que dar continuidad al proceso de contratación y que si es necesario para que se ejecute el proyecto se tiene que subrogar, entonces a mí me llaman cuando la decisión de subrogar ya la han tomado, y yo lo único que hago es cumplir esa instrucción que ellos me dicen, ejercen una cierta presión a mi persona”.