El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas definirá a qué proyecto se irá el crédito italiano y es un tema que se zanjará entre las cancillerías de Bolivia e Italia.
Maquinaria pesada realiza trabajos en un frente de la presa de Misicuni. Los Tiempos
Los 33 millones de dólares provenientes del crédito italiano para la construcción de la segunda fase del Proyecto Múltiple Misicuni no se irán de Bolivia, pero destinarán a otro proyecto, debido a que aún está vigente un convenio suscrito entre ambos gobiernos.
Según información proporcionada en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, la única manera de que el crédito concesional se pierda es que quede sin efecto el Memorándum de Entendimiento suscrito con Italia.
Según las notas reversales suscritas entre el Estado y la Cooperación Italiana, las tres razones por las cuales Bolivia podría perder los 33 millones de dólares de este crédito son: que el proyecto que será financiado por estos recursos ya no sea necesario para el país; que por un tiempo prolongado no se utilice el crédito o por conmoción civil, guerras o desastres naturales.
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En el caso de Misicuni, ninguna de las tres razones se aplica, y el crédito ya no se destinará para la edificación de la presa por una diferencia de criterios técnicos sobre la factibilidad de la obra, situación que no está contemplada en los acuerdos suscritos con anterioridad.
Además, desde el Ministerio del área se explicó que este crédito tampoco podía ser utilizado en un 100 por ciento en el Proyecto Múltiple Misicuni, pues según figura en el contrato elaborado por ambas partes, el Gobierno boliviano se encontraba obligado a invertir el 75 por ciento de estos recursos en la compra en Italia de insumos para la construcción de la obra y el 25 por ciento restante podía ser empleado en Bolivia.
Pidieron modificaciones
Los funcionarios del Órgano Ejecutivo intentaron modificar este porcentaje, debido a que la obra es una presa con cara de concreto, que prácticamente no necesita importar ningún material italiano, pues sobre todo necesita arena, piedra, roca y material de construcción para ser edificada.
Sin embargo, la solicitud de modificación fue rechazada por los cooperantes, ya que una ley aprobada por el Congreso italiano establece que todos los créditos concesionales otorgados por esta nación deben adquirir bienes que ellos produzcan, debido a que se trata de préstamos de dinero que prácticamente son una donación.
¿Cuál será el destino que el Gobierno de Bolivia le dé a estos recursos?, es una pregunta que ninguna de las instancias consultadas por Los Tiempos supo responder.
Según informaron desde el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y desde la Empresa Misicuni, la definición a qué proyecto se irá el crédito italiano es un tema que se zanjará entre las cancillerías de ambas naciones, de tal modo que este asunto no genere ningún roce diplomático.
Deuda para Cochabamba
Otro de los aspectos que todavía no se aclaró hasta el momentgo fue el estado en el que quedará la deuda que tendrá que asumir la Gobernación de Cochabamba por la construcción de la presa de 120 metros de la segunda fase del Proyecto Múltiple Misicuni, pues originalmente existían cuatro fuentes de financiamiento de las cuales la mayor cantidad de recursos la ponía la región.
El 46 por ciento de los 85 millones de dólares que costaba la construcción de la presa, que equivalían a 38.416.170 dólares los puso la Gobernación de Cochabamba.
La segunda fuente más grande de financiamiento era el Crédito concedido por el Gobierno italiano, que iba a aportar con el 38 por ciento de recursos, que representaba 32.362.500 dólares, que debían ser asumidos también por la región, dentro de 20 años y con un interés del 0,10 por ciento.
El Gobierno central, originalmente sólo participaba con un aporte de 6,5 millones de dólares que representaban el 8 por ciento de recursos, pero ahora, tras la pérdida del crédito italiano, el Tesoro General de la Nación (TGN) entregó al proyecto todo el dinero que estaba comprometido por Italia a través del Decreto 1348 (de agosto de este año) en el que no se establece que la región tenga que devolver estos recursos.
Los Tiempos, Cochabamba