Jorge Gumucio Granier – Pagina SieteEntre 1975 y 1978 los gobiernos de Chile y Bolivia bajo los presidentes Pinochet y Banzer trataron sobre un proceso para acordar una salida soberana al mar mediante un corredor por el norte de Arica, en lo que se conoció como la negociación de Charaña. De conformidad al tratado de 1929 y su protocolo, Chile efectuó la consulta a Perú. En Lima se inició una serie de actividades en contra del posible éxito de esa negociación.En esa dirección, la Cancillería limeña envió al embajador Juan Miguel Bákula quien presentó un memorándum al canciller Jaime del Valle, planteando en mayo de 1986 el caso de la delimitación marítima, que Perú consideraba como inexistente.La diplomacia chilena rechazó la petición peruana y motivó a que Torre Tagle prepare y presente una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 16 de enero de 2008, en aplicación del Pacto de Bogotá para la solución pacífica de las controversias. La CIJ admitió la demanda el 31 de marzo de 2008 y fijó el plazo de 20 de marzo de 2009 para que Perú presente su memorial y fijó asimismo el plazo del año subsiguiente para que Chile entregue su contra-memoria.Después de los alegatos orales en diciembre de 2012, la CIJ espera dictar su fallo a mediados del próximo año. La CIJ dispuso la publicación de la memoria peruana y de la contra memoria chilena, guardadas de forma confidencial, de acuerdo con el Estatuto de la CIJ. La memoria peruana consta de nueve capítulos y el primero permite ver una breve retrospectiva histórica de las relaciones entre Perú y Chile, incluida la campaña militar contra la Confederación perú-boliviana y la Guerra del Pacífico. Destaca que hasta 1883 Perú y Chile no eran países limítrofes e identifica la causa de la guerra a la pretensión chilena de ejercer un rol predominante en la región, que lo llevó a declarar la guerra a Bolivia y Perú. Señala que Chile acusó a Bolivia de violar el tratado de 1874 e invadió la provincia boliviana de Antofagasta en febrero de 1879, donde existían importantes inversiones chilenas en la industria salitrera. Describe que Perú quiso mediar entre ambos países para lograr la paz; no obstante, Chile declaró la guerra a Perú el 5 de abril de 1879. El documento refiere también el desarrollo de la guerra, la desaparición del Ejército boliviano en el campo de batalla, la continuación de la guerra en Perú, la imposición del tratado de Ancón en 1883, el incumplimiento del artículo 3 de ese tratado sobre Tacna y Arica y la suscripción del tratado de Lima de 1929. El recuento histórico posterior resalta la cooperación entre Chile y Perú en varios aspectos.La contra memoria chilena tiene una muy escasa referencia al relacionamiento histórico entre ambos países, elude tratar el tema, salvo cuando indica que el único punto relevante para la controversia ante la CIJ es el caso del hito N° 1 señalado como resultado del tratado de 1929. El documento chileno resalta que Arica es el principal puerto de la carga de Bolivia, que opera con las facilidades de libre tránsito prescritas en el tratado de 1904; asimismo, añade que Bolivia se beneficia con la operación del oleoducto que une Bolivia con Arica.La documentación y manejo jurídico de la Convención de NNUU sobre el Derecho del Mar por ambas partes es muy importante. Ambos equipos diplomáticos reconfirmaron el alto nivel profesional de esas cancillerías y ratificaron el aforismo de Talleyrand que “en diplomacia no se puede improvisar”. En concreto, Perú argumentó que no había una delimitación marítima expresa, que la línea paralela sostenida por Chile era inequitativa, que se daba un vacío en cuanto al triángulo exterior o alta mar y los recursos marinos situados en ese mar beneficiaban únicamente a Chile.Chile argumentó, por su parte, que las declaraciones de Santiago de 1952 y la de 1954, suscritas por Chile, Perú y Ecuador sí delimitaban las áreas marítimas de los tres estados; la práctica de los últimos 60 años lo corroboraba, aun más, una serie de otros elementos de los tres países incidía en señalar esos límites. Por consiguiente, la CIJ no debería dictar una nueva frontera marítima que ya existía. Se indica que tres juristas extranjeros litigantes por Chile hicieron referencia a la negociación Pinochet-Banzer de 1975 y a la consulta de Chile y la respuesta de Perú que nunca respondió dudando del límite señalado para la posible transferencia de ese territorio a Bolivia. La delegación peruana ignoró esas referencias durante los alegatos. Finalmente, se resalta que el agente de Chile, embajador Alberto van Klaveren al cerrar la intervención de Chile, advirtió a la CIJ que tendría consecuencias graves si se pretendía cambiar los actuales límites, indicando el perjuicio para Arica e Iquique, reiterando que ambos puertos estaban vinculados al comercio de Bolivia.Jorge Gumucio es abogado y diplomático.