Bolivia. La Fiscalía pide detener a magistrados; presentó imputación contra el vocal Zenón Rodríguez y contra el juez Wilson Arévalo. Además se ordenó la captura internacional del presidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Ariel Rocha.
Fiscalía imputa a juez y vocal cruceños en el caso Extorsión
Investigación. La Interpol ordena la captura internacional de Rocha.
Santa Cruz. El juez Wilson Arévalo brinda una rueda de prensa, ayer.
La Razón / Santa Cruz
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El juez Wilson Arévalo y Zenón Rodríguez, vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, fueron imputados por el delito de incumplimiento de deberes, en el caso Extorsión. Además se ordenó la captura del presidente del TDJ, Ariel Rocha.
Arévalo y Rodríguez fueron involucrados en el caso que indaga la Fiscalía, debido a que coincidentemente negaron la libertad condicional al estadounidense Jacob Ostreicher, que estuvo encarcelado por 18 meses por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Actualmente, tres exfiscales están detenidos en la cárcel cruceña de Palmasola por este proceso legal.
El caso Extorsión se refiere a la investigación de una red que, según autoridades del Ministerio de Gobierno, operaba con abogados de ese despacho y de la cartera de la Presidencia y que exigía dinero en casos judiciales. Este grupo, de acuerdo con denuncias, habría pedido $us 50 mil a Ostreicher para que recupere su libertad condicional, cuando estaba en Palmasola.
Cárcel. El Ministerio de Gobierno identificó a los abogados Fernando Rivera, Denis Rodas, Boris Villegas y José Antonio Antezana como los cabecillas de esta red que fue desarticulada en noviembre del año pasado. Los cuatro están detenidos en Palmasola.
El exjuez Zenón Rodríguez determinó la libertad condicional de Ostreicher hace 15 meses; sin embargo, esa resolución fue revocada en menos de 24 horas, por supuestas presiones ejercidas por Rivera. El juez 10° de Instrucción en lo Penal, Wilson Arévalo, declaró improcedente el memorial de cesación a la detención preventiva presentado por el extranjero.
Rodríguez y Arévalo ya declararon en calidad de testigos y fueron liberados. El fiscal Olvis Egüez, miembro de la comisión que realiza las pesquisas, confirmó ayer la presentación de la imputación en contra de ambos ante el juzgado 6° de Instrucción en lo Penal. Egüez dijo que se halló indicios de responsabilidad en ambas autoridades judiciales, hecho que prevaleció para que sean presentados ante un juez cautelar para que defina su situación jurídica.
Mientras tanto, la Fiscalía, a través de la Policía Internacional (Interpol), emitió la captura internacional para Ariel Rocha, presidente del TDJ de Santa Cruz, involucrado en el caso de red de corrupción y extorsión operada desde los ministerios de Gobierno y Presidencia.
Rocha fue convocado a declarar en calidad de investigado, el 14 de diciembre ante la comisión de fiscales a cargo del proceso, pero la autoridad judicial no asistió. Tres días después se conoció que el involucrado, a través de una carta firmada el 17 de diciembre, pidió licencia al TDJ hasta el 31 del mismo mes, alegando una enfermedad que requería atención rápida. Luego, se supo extraoficialmente que salió del país el mismo día que debía declarar, por la frontera con Argentina.
Desde entonces, el Ministerio Público tramitó su captura internacional. El documento fue aprobado ayer a través de la Interpol. De acuerdo con las investigaciones, Rocha mantuvo una relación estrecha con el exfiscal Isabelino Gómez, sindicado de formar parte de la red, quien igualmente se encuentra recluido en Palmasola.
El fiscal Egüez, miembro de la comisión investigadora, confirmó la emisión de la orden de captura. “La Interpol es la encargada de la búsqueda de Rocha en el territorio nacional y de tomar contacto con sus pares en el extranjero”, acotó.
Adelantó que se publicará los edictos en medios de prensa a efectos de que se haga presente en un plazo de diez días, a partir de la notificación, y “en caso de incumplimiento se declarará en rebeldía”, advirtió la autoridad. El 19 de diciembre la oficina de Rocha y su apartamento de la Monseñor Rivero, en Santa Cruz, fueron allanados por la Fiscalía, que secuestró documentación.
Chávez evita referirse a ministra Suxo
Wilfredo Chávez, exministro de Gobierno, brindó ayer su declaración ampliatoria y testifical ante la Fiscalía y evitó hablar sobre la supuesta protección que habría dado la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, a los abogados implicados en la red de extorsión.
El 25 de diciembre Chávez ratificó que cuando era ministro de Gobierno, Suxo le pidió que no cambie a los abogados Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas en su despacho, porque le ayudaban en procesos legales.
Suxo, luego de declarar ante la Fiscalía en calidad de testigo, aclaró que no conocía a los aludidos y señaló que el exministro debió estar confundido; ello provocó que éste anuncie de que está dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo para ratificar su versión.
Ayer evitó referirse a Suxo, aduciendo que no corresponde dar declaraciones políticas en una investigación jurisdiccional. “He ratificado mi declaración en extenso, creo que eso era lo que correspondía, no puedo acotar más, ni menos con relación a la primera vez, por tanto he sostenido mi versión”. “Cuando nos referimos a temas personales, estamos politizando la investigación, la misma debe despojarse de la politización y abocarse únicamente a que se descubra la verdad histórica y jurídica de los hechos”, manifestó el exministro.
La Fiscalía pide detención para un vocal y para un juez
La imputación fue presentada contra el vocal Rodríguez y contra el juez Wilson Arévalo; fijarán la audiencia. Ostreicher cuestiona a diputado Bonifaz que pidió investigarlo.
Wilfredo Chávez ratificó ayer su declaración contra Nardi Suxo
El Deber, Santa Cruz
El vocal del Tribunal de Justicia Zenón Rodríguez y el juez cautelar Wilson Arévalo fueron imputados por la Fiscalía, que pidió la detención preventiva de ambos en la cárcel de Palmasola por dejarse amenazar con la red de extorsión y por no tener el valor de denunciar esta irregularidad a su tiempo.
La imputación fue presentada ante el juez José Subieta por los fiscales Fernando Cabrera, Ángel Álvarez, Olvis Égüez y Mabel Andrade, que piden la detención de ambos magistrados, al considerar que incurrieron en el delito de incumplimiento de deberes.
Especifican que Rodríguez primero dictó un fallo ordenando la libertad del estadounidense Jacob Ostreicher, luego lo revocó y lo justificó con sus propios fundamentos jurídicos. Lo mismo ocurrió con Arévalo.
La imputación señala que ellos se dejaron amenazar cuando lo correcto era denunciar. El juez Subieta fijará hoy la hora de la audiencia.
Se declaran inocentes
Zenón Rodríguez, en contacto con medios de comunicación, se declaró inocente. Dijo que vive una situación incómoda y que no pudo denunciar a Isabelino Gómez, exfiscal de Distrito, porque era su verdugo.
Aseguró que por teléfono Gómez lo amenazó con procesarlo cuando Ariel Rocha era presidente del Tribunal de Justicia y por eso revocó el fallo.
“Antes me querían detener por liberar a Ostreicher, ahora por no liberarlo”, dijo Rodríguez. Arévalo también se declaró inocente.
Chávez no quiere politizar
Por otro lado, la tarde de ayer el exministro de Gobierno Wilfredo Chávez prestó nuevamente su declaración como testigo. Se ratificó en la primea declaración, en la que hace notar que sugirió el alejamiento de los abogados Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas, pero que la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, le manifestó que ellos la apoyaban mucho en los procesos.
Chávez señaló que serán los fiscales los que hagan una evaluación de sus declaraciones, pero insistió en que no se debe politizar la investigación. También dijo que está presto a acudir las veces que sea requerido para aportar en la indagación.
Ministros y un senador
La tarde de ayer, el abogado Roberto Parada presentó un memorial a la unidad anticorrupción, en la que propone que declaren como testigos de cargo los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno Carlos Romero, y el senador Isacc Ávalos, dentro de la indagación que se sigue contra el exfiscal de Distrito Isabelino Gómez, la abogada Rosario Espada y Guillermo Menacho Salvatierra, que fueron denunciados por Pedro Crecencio Pinto Costas, que está preso en la cárcel de Palmasola.
El memorial señala que Pinto fue víctima de extorsión de parte de los denunciados y que las declaraciones de las autoridades esclarecerán la investigación. Las citaciones tendrán que ser fijadas por la comisión de fiscales. Pedro Crecencio Pinto es procesado por violaciones múltiples, proxenetismo y legitimación de ganancias
Para destacar
Vocal defendió sus fallos
Después de revocar la libertad de Jacob Ostreicher, el vocal Zenón Rodríguez dijo a la prensa que su fallo fue fundamentando de acuerdo a ley.
Cuando allanaron su despacho
Tras el allanamiento a su despacho en noviembre, Rodríguez también defendió su fallo. Después de la caída de los abogados del Ministerio de Gobierno, dijo ser víctima de presiones.
Ostreicher con chaleco y casco
Custodiado por policías, con casco y chaleco antibalas, acudió ayer a la Fiscalía Ostreicher a firmar el libro.
Fiscalía imputa a dos jueces por el caso de red de extorsión
El delito de incumplimiento de deberes pesa sobre los juristas.
Audiencia. Un vocal de la corte cruceña de justicia y un juez de ese distrito son investigados por su proceder con el empresario estadounidense Jacob Ostreicher.
Página Siete y Agencias / La Paz – 04/01/2013
Un vocal de la Corte Departamental de Justicia de Santa Cruz y un juez de ese distrito fueron imputados ayer por el delito de incumplimiento de deberes en el caso de la presunta red de extorsión formada por ex funcionarios de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, Dircabi, jueces y fiscales.
Ólviz Égüez, de la Comisión Nacional de Fiscales que investiga el caso, informó que presentó imputación formal ante el juez cuarto de Instrucción en lo Penal, Juan José Zubieta, en contra del actual vocal y ex juez Zenón Rodríguez y el juez Wilson Arévalo por presunto incumplimiento de deberes.
“Hemos presentado en las últimas horas una imputación formal en contra del vocal de la Corte Departamental de Justicia Zenón Rodríguez y el juez Wilson Arévalo. Se les está atribuyendo provisionalmente el tipo penal de incumplimiento de deberes relacionado con el tema de Jacob Ostreicher”, dijo el representante del Ministerio Público.
“Estamos esperando fecha y hora de parte del juez de Garantías”, agregó Égüez, según ABI.
El caso Ostreicher, quien estuvo detenido en el penal de Palmasola durante 18 meses acusado de vínculos con el narcotráfico, destapó la presunta red de corrupción a fines de noviembre. El empresario estadounidense habría sido una de las víctimas del grupo y consiguió la detención domiciliaria.
Ostreicher denunció que la red de corrupción, que supuestamente estaba liderada por el ex asesor jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera, intentó cobrar 50.000 dólares a cambio de su libertad.
El 26 de noviembre, el Ministerio de Gobierno reveló la existencia del grupo y desde entonces han sido encarceladas en calidad de detenidos preventivos en Palmasola 12 personas, entre ellas Rivera y los ex fiscales Isabelino Gómez, Janet Velarde y Roberto Achá.
Uno de los presuntos líderes de la red era Rivera y otros ex abogados del Ministerio de Gobierno, acusados de extorsionar a Ostreicher y de apoderarse de una producción de 20.000 toneladas de arroz y bienes agrícolas. Además, el grupo puede estar involucrado en otros casos de extorsión.
Ostreicher llegó a Bolivia en 2008 para invertir 26 millones de dólares en la producción de arroz en Santa Cruz y fue detenido en 2011 acusado de blanqueo de capitales en un caso relacionado con el narcotráfico, cargo que él niega.
Ayer estaban previstas las declaraciones ampliatorias del ex ministro de Gobierno y actual embajador de Bolivia en la ONU, Sacha Llorenti, quien no se presentó.
Según un vocero de la comisión de fiscales, la audiencia fue pospuesta hasta la siguiente semana porque se sobrepuso a la declaración del ex ministro de Gobierno Wilfredo Chávez.
Los ministros de Gobierno, Carlos Romero; de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Transparencia, Nardi Suxo, serán nuevamente convocados para declarar.