Recuerdos del presente – Humberto Vacaflor Ganam
Una planta metalúrgica construida sin un estudio de factibilidad, comprada sin licitación, sobredimensionada para el momento y con una tecnología, la Kivcet soviética, que sólo había sido usada para minerales de cobre hasta entonces.
Algo de familiar tienen estas características, que se dieron hace 40 años, con el estilo del actual gobierno que compra fábricas sin saber si funcionan o no, con dudas sobre la provisión de materia prima, como en los casos de Papelbol, Cartonbol y otros lujitos instalados en el Chapare, incluida la planta petroquímica de Bulo Bulo.
Los gobiernos de entonces eran militares y le habían puesto naftalina a la constitución. Todo lo resolvían por decreto. Muchas similitudes con lo que pasa ahora. Son gobiernos hermanados en el tiempo.
Aquella planta instalada en Potosí costó 200 millones de dólares y ahora se le han añadido 47 millones más, para ver si funciona. Nunca antes se había invertido tanto dinero —ni tanto tiempo— para probar una tecnología.
Para que la planta opere normalmente hará falta que la tecnología elegida no falle. Habrá que rezar por ello.
Pero hay otros factores que deberán ser favorables para que esto funcione. Cuando se instalaba la millonaria planta existía la duda sobre la capacidad de la industria minera nacional de proveer el suficiente mineral. Quienes insistían en que se haga la obra decían que, si fuera necesario, se importaría minerales de Perú. Ahora habrá que convencer a la Sumitomo para que entregue parte de su producción de San Cristóbal para que la planta pueda funcionar, salvo que se opte por la “solución” del litio, que tendrá una producción alternada: unos meses sí y otros no. Y cuando San Cristóbal se agote, en pocos años más, habrá que buscar materia prima en otra parte.
El actual presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Enrique García Rodríguez, sostenía hace 40 años (fue viceministro de Planificación del gobierno de Hugo Banzer) que en el caso de Karachipampa la toma de decisiones respondió a un juego de presiones: • La empresa proveedora de la tecnología (Klockner), • Las empresas que la representaban en Bolivia, • Los promotores locales del proyecto y • Los grupos cívico-regionales.
Ese estilo, decía García Rodríguez, no lleva a una sana e inteligencia asignación de recursos. Otras personalidades bolivianas criticaron el proyecto, como el director del BCB, José Justiniano, que renunció al cargo como expresión de desacuerdo con el financiamiento.
Si la tecnología fallara —Dios no lo quiera— habrá sido un gran derroche para el país.