La violación a los derechos de las personas se produce porque el Órgano Judicial ha sido cooptado por el Gobierno de Evo Morales, señala la experta.
Julieta Montaño Salvatierra:“Hay un avasallamiento permanente a los DDHH”
REPORTE ACCESO A LA JUSTICIA.
Se hizo conocer como defensora de derechos de la mujer.
El Deber, Santa Cruz
La violación a los derechos de las personas se produce porque el Órgano Judicial ha sido cooptado por el Gobierno, señala la experta. Montaño asegura que el documento será una prueba en futuras demandas contra el Estado boliviano ¿Qué aspectos resaltan en el informe?
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El observatorio ha preparado un reporte cronológico de los hechos más importantes que constituyen violación de derechos humanos y dentro de esto podemos clasificar, primero, una serie de atentados a las libertades individuales, especialmente al derecho a la libertad y el derecho al debido proceso. Por otro lado es el tema de atentados a la institucionalidad democrática, los obstáculos para el acceso a la justicia para las personas que son acusadas de la comisión de delitos y, finalmente, la cooptación política del Órgano Judicial en desmedro de los derechos de toda la población boliviana.
¿Hay más dificultad para acceder a la justicia cuando la persona es contraria al Gobierno?
Toda persona que es considerada por algún actor político del Gobierno como contrario a los intereses de este es ‘rebuscada’ en su conducta para ser imputado por la comisión de tal o cual delito. Pero también las personas que no están dentro del juego político son afectadas, porque vemos que con esto de la cooptación política del Órgano Judicial se han perdido todos los controles de disciplina al interior del organismo, de tal manera que los fiscales se sienten todopoderosos. Hay también una insuficiencia de jueces cautelares y a esa insuficiencia se suma también que son jueces designados a dedo, por favor político, que no se sienten con la obligación de cumplir con los deberes que les manda la Constitución y las leyes.
Usted pinta un panorama preocupante de la justicia boliviana…
Debería ser una de las preocupaciones prioritarias de la población boliviana, tengamos o no procesos judiciales. Debemos tener clara conciencia de que un Estado democrático, un Estado de derecho necesita tener un Órgano Judicial fuerte. Las respuestas que hasta ahora se han dado desde el Estado son normativas, es decir, empapelar a la población con leyes que se aprueban a la carta, a pedido del cliente.
Por lo visto no fueron suficientes las elecciones judiciales para reformar el sistema en el país…
No, porque lamentablemente esas elecciones tenían una clarísima intención de instalar a cuadros políticos en la administración de la justicia y no se ha tenido ni siquiera el cuidado de que sean cuadros políticos calificados.
¿Está mal Bolivia en cuanto a DDHH?
Sí. Hay un avasallamiento permanente a los derechos humanos, un desprecio por la dignidad humana. Hay manipulación de la justicia y desconocimiento de lo que es la institucionalidad democrática. Creo que Bolivia ha retrocedido mucho.
¿Para qué servirá el informe?
Para dejar constancia de lo que sucede en Bolivia, pero también es un documento importante para hacer peticiones a los tribunales internacionales. Tarde o temprano a este Estado llamado Bolivia se lo va a enjuiciar por todas las violaciones a los derechos humanos.
El Gobierno afirma que las críticas vienen de la oposición política…
No es delito ser opositor. En un país con un mínimo de dignidad deben levantarse voces críticas que señalen los errores y propongan soluciones. El Gobierno no puede esperar solo aplausos
Perfil
Abogada Especialista En DDHH – Cochabamba
DE MUCHA TRAYECTORIA
Abogada con doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, España. Tiene una maestría en Teorías Críticas del Derecho y la Democracia de la Universidad de Andalucía y otra en Ciencia Política de la Universidad de San Simón de Cochabamba. Se ha desempeñado como directora de la Oficina Jurídica para la Mujer; vicepresidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia; contralora de Cochabamba y diputada por ese departamento. Es miembro del Consejo Honorario Consultivo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y otras organizaciones.