Expertos dicen que la falta de seguridad jurídica ahuyenta las inversiones. Zaratti: No existen empresas protegidas contra la nacionalización.
Los Tiempos
Nacionalización de YPFB, en Valle Hermoso, Cochabamba. Los Tiempos
De las 19 empresas nacionalizadas por el Gobierno de Evo Morales hasta la fecha, siete fueron indemnizadas con algo más de 615,7 millones de dólares, tres aún no tienen monto estimado de indemnización y nueve esperan cobrar alrededor de 531,6 millones de dólares en arbitrajes internacionales o en negociaciones amigables.
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Según estimaciones de la Fundación Milenio y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Corporación, ésta última encargada del proceso de nacionalización en el sector eléctrico, el Estado pagó 233,4 millones de dólares por la expropiación de la empresa petrolera Chaco, por Transredes 12,6 millones; por Petrobras 112 millones, por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) 209 millones, por la CLHB 20,1 milllones, por la eléctrica Corani 18,4 millones y por Valle Hermoso 10,2 millones, haciendo un total de 615,71 millones de dólares.
Por otro lado, se desconoce cuál es el monto total de la indemnización por las acciones transferidas al Estado de las socias mayoritarias en la petrolera Andina, la planta Metalúrgica de Vinto y la Planta de Amoniaco de Vinto.
Las empresas que esperan ser indeminizadas mediante tribunales arbitrales o negociaciones directas son la empresa Aguas del Illimani que espera una compensación de 15,1 millones de dólares. En la misma situación está la Distribuidora de Hidrocarburos Air BP, que busca 36 millones de dólares; la eléctrica Guaracachi que estima recibir 142,3 millones; la distribuidora de electricidad ELFEC que espera 80 millones; la Transportadora de Electricidad (TDE) exigió 39,9 millones; la Empresa Minera Mallku Kota insinuó 25 millones y las recientemente nacionalizadas Electropaz y Elfeo buscan 100 millones de dólares de indemnización, que hace un total de 456,6 millones o 531.6 millones, en caso que Comteco obtenga lo solicitado.
Es así que la nacionalización de las 19 empresas le costaría al Estado boliviano algo más de 1.12,3 millones de dólares. Según el experto en nacionalizaciones Francisco Zarati, el costo de las nacionalizaciones podría superar fácilmente los 1.500 millones de dólares, considerando los pasivos de las empresas expropiadas.
Según el analista económico José Luis Vedia, las empresas expropiadas deben generar recursos económicos que justifiquen la millonaria inversión que, en última instancia, realiza el país.Asimismo, dijo que deben ser administradas eficientemente y generar rentabilidad e ingresos para el Estado.
Vedia asegura que lamentablemente este proceso de nacionalizaciones desincentiva la atracción de inversiones externas, debido a que no existe seguridad jurídica en el país y las empresas extranjeras tienen que pensar muy bien antes de invertir en Bolivia.
Para el especialista en asuntos económicos Humberto Vacaflor, “la nacionalización es un desastre” y considera que hace siete años Bolivia importaba menos carburantes que ahora.
Dijo que muchas empresas como Huanuni y Colquiri están siendo mal administradas, debido a que la cantidad de trabajadores contratados (4.500) no guarda relación proporcional con la producción de minerales que se mantiene estacionaria.
Por parte, señala que la mala gestión en la Metalúrgica de Vinto está poniendo a esa empresa al borde de la quiebra y que Entel “nos ha puesto a la cola de los países del mundo en el servicio de Internet”, debido a que las nacionalizaciones fueron hechas sólo con entusiasmo.
BOLIVIA NO OTORGA SEGURIDAD JURÍDICA
Durante la cumbre de la Celac-UE, Bolivia se sumó a la corriente de países como Argentina, Venezuela, Ecuador, Cuba y Nicaragua, que no quieren conceder seguridad jurídica a las inversiones extranjeras, dijo el analista económico Humberto Vacaflor.
Explicó que el documento de Santiago, decía que los países ofrecían garantías a los operadores económicos, pero a solicitud del Gobierno de Argentina se añadió “siempre y cuando no vayan en contra del intereses políticos de cada Gobierno”.
GOBIERNO AMPLÍA CONTROL ESTATAL
Con la última y “sorpresiva” estatización de las empresas distribuidoras Electricidad de La Paz (Electropaz) y la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro (Elfeo), el Gobierno del presidente Evo Morales confirma el propósito de ampliar el control estatal sobre sectores estratégicos de la economía nacional, dejando abierta la posibilidad incluso de nacionalizar, otras que no son precisamente exempresas del Estado, ni tampoco extractoras de materia prima, como establece la política de nacionalizaciones, advierte la Fundación Milenio.
Zaratti: No existen empresas protegidas contra la nacionalización
DICE QUE LOS PROYECTOS DEJAN DE SER ATRACTIVOS POR FALTA DE SEGURIDAD.
Los Tiempos.- El analista económico Francisco Zaratti advirtió que no existen empresas “protegidas” contra la nacionalización y que todas están en la mira. “Me atrevo a adivinar las próximas presas son SABSA y CRE”, diojo.
Zaratti dijo que la estatización de las empresas forma parte de la “obsesión Gubernamental” y que es la ideología oficial que está respaldada por la Constitución Política del Estado.
En su criterio, el Gobierno “no nacionaliza metódicamente ni coherentemente, sino en atención a momentos álgidos coyunturales de la política interna o para satisfacer pedidos de movimientos sociales”.
Respecto al manejo Administrativo de las empresas nacionalizadas, refirió que algunas muestras mejores indicadores económicos que otras, pero todas sufren de un mal endémico: la falta de transparencia en información y administración. “Se necesita que exploten escándalos como en YPFB, para que salgan a la luz casos de corrupción. Por lo general, parecen más empresas del Gobierno que del Estado”.
Asimismok, Zaratti advierte que detrás de las nacionalizaciones hay un valor de imagen y confianza que le está costando caro a Bolivia, en la medida que no permite atraer inversiones: “Este costo se manifiesta en retraso o postergación de proyectos y actividades económicas que el país requiere con urgencia, como la exploración de hidrocarburos o la industrialización racional del gas”, dijo.
Según la Fundación Milenio,“las estatizaciones de empresas consideradas estratégicas generan un grave daño a los derechos de propiedad y deterioran seriamente la seguridad jurídica, factores necesarios para captar inversión extranjera y garantizar la inversión privada nacional”.