Santa Cruz. Empiezan a declarar en la fiscalía. Demanda. Son acusados del delito de prevaricato y de haber atentado contra la vida del exdirectivo de Cotas, Ronald Castedo.
El Día, Santa Cruz, Bolivia
Ref. Fotografia: En el banquillo. El presidente del Tribunal del caso Rózsa, Sixto Fernández, llega a la Fiscalía de Distrito a declarar.
De juzgadores a acusados. Así pasaron siete jueces que tuvieron y tienen en sus manos el caso Rózsa y que fueron demandados por el exdirectivo de la telefónica Cotas de Santa Cruz, Ronald Castedo, porque atentaron contra su vida por haberlo obligado a trasladarse hasta La Paz, a una altura de 3.600 metros, a pesar de tener problemas cardiacos certificados por forenses del mismo Estado.
Por esa razón, primero comparecieron ante el fiscal del Ministerio Público de Santa Cruz, Ángel Álvarez, los jueces paceños Ricardo Maldonado y Orlando Sarmiento.
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Posteriormente y durante la jornada de ayer se hicieron presentes los dos actuales jueces técnicos que manejan el caso, Sixto Fernández y Elena Julio Gemio.
Los ciudadanos nerviosos. La demanda también se amplió contra los dos jueces ciudadanos Anastasia Calizaya y Sonia Mamani, quienes deberán comparecer hoy, pero que ayer estuvieron presentes en la Fiscalía para mirar qué le preguntaban a sus colegas.
El juez Fernández dijo en sus declaraciones que no ha cometido ningún delito y que se encuentra a cargo del caso hace 4 meses. Recordó que fue él quien promovió el traslado del caso de La Paz a Tarija y ahora a Santa Cruz, donde se ventila actualmente.
"Hemos peregrinado hace dos años para que nos escuchen. El caso debió ventilarse en Santa Cruz, donde viven los acusados y donde ocurrieron los hechos.
José Hoffman
Abogado de Ronald Castedo
Abogados
Hay penas hasta de ocho años por el delito de prevaricato
Acusación. Los dos abogados de Castedo, José Hoffman y Hernán Fríes, explicaron que solo pretenden que se cumpla la ley, porque se ha puesto en riesgo la vida de su defendido al haberlo obligado a que vaya a La Paz sin tomar en cuenta el riesgo de su vida.
El delito. El prevaricato está contemplado en el artículo 173 del Código Penal: "El juez que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la ley será sancionado con reclusión de dos a cuatro años y si hay mayores agravantes sube de tres a ocho años".
Denuncian a jueces de caso terrorismo
Ronald Castedo presentó la demanda por prevaricato. La audiencia se reanudará mañana. Fiscalía responderá a los incidentes.
Zvonko Matkovic apoya a su hijo, que es procesado por el caso Rózsa
El Deber, Santa Cruz
Los jueces técnicos y ciudadanos del Tribunal Primero de Sentencia que llevan el caso denominado terrorismo fueron denunciados por Ronald Castedo ante la Fiscalía de Distrito por la supuesta comisión de delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la ley y delitos de salud.
La denuncia, que fue presentada por Ronald Castedo, procesado en el caso Rózsa, es investigada por el fiscal Ángel Álvarez. El representante del Ministerio Público tomó ayer la declaración informativa al juez del Tribunal Primero de Sentencia, Sixto Fernández, y a la jueza técnica Helena Gemio Limachi, mientras que las jueces ciudadanas Anastasia Calisaya, Sonia Mamani y la ex jueza paceña Betty Yañíquez, prestarán hoy su declaración informativa. Por esa misma denuncia ya declararon los jueces cautelares Ricardo Maldonado y Rolando Sarmiento.
El abogado de defensa de Castedo, Herman Fries, explicó que la fundamentación de la denuncia contra los magistrados es porque pese a demostrar a través de informes médicos forenses sobre la gravedad del estado de salud de su defendido, emitieron citaciones para que comparezca a la audiencia en otras regiones poniendo en riesgo su vida.
El juez Fernández, antes de presentar su declaración, dijo que desconocía la fundamentación de la denuncia y aseguró que sus obrados se enmarcan en la normativa legal.
La audiencia
Tras terminar la presentación de incidentes de parte de la defensa, el juez Fernández suspendió la audiencia hasta el viernes, a las 15:30, para que la parte acusadora responda a las observaciones que hicieron las personas imputadas.
La decisión del juez coincide con la solicitud que hizo el fiscal Sergio Céspedes, que planteó que la audiencia se reinicie el viernes, tiempo suficiente para que la parte acusadora se organice y aliste la información para responder a los incidentes. La decisión de Fernández fue apelada por la mayoría de los abogados.
Minutos antes de declarar la suspensión de la audiencia del juicio oral por el caso terrorismo, el magistrado escuchó el relato que hizo el militar en servicio pasivo Gral. Gary Prado Salmón con relación a la circunstancia en que conoció a Eduardo Rózsa, líder de la supuesta célula terrorista que fue desbaratada en abril de 2009.
Según el militar, conoció a Rózsa en calidad de periodista, pues en dos oportunidades fue visitado por él. La primera vez fue durante una entrevista y la segunda cuando Rózsa le entregó una revista húngara en la que se publicó el artículo
En la jornada
Seguridad
Cerca de una veintena de policías son los encargados de dar seguridad en la realización de la audiencia por el caso terrorismo en el Palacio de Justicia. No hubo incidentes.
Muy requerido
Ignacio Villa Vargas (conocido como como ‘El Viejo’), es el más requerido por los medios de prensa. En reiteradas oportunidades responsabilizó al Gobierno central de armar el supuesto caso terrorismo y reafirma que fue presionado para inculpar a otras personas, que ahora son procesadas.