José Antonio Quiroga
Cuatro sentencias recientes del Tribunal Constitucional Plurinacional muestran su saludable independencia respecto al gobierno del MAS: la primera de mellas abolió la figura del “desacato” que utilizó el gobierno contra varios dirigentes opositores. La segunda limitó la aplicación de la retroactividad de la Ley anticorrupción, porque vulnera tratados internacionales. La tercera declaró inconstitucionales cuatro artículos de la Ley de Autonomías que permitían la suspensión de autoridades electas con la sola acusación de un fiscal. Y la cuarta acaba de revocar una decisión del juzgado paceño que rechazó una Acción Popular en defensa del TIPNIS.
Ninguno de esos fallos favorece al gobierno y, por el contrario, ponen al descubierto uno de los rasgos más destacados del “proceso de cambio”: el carácter inconstitucional de la mayoría de las leyes promulgadas, incluyendo el procedimiento utilizado para aprobar la propia Constitución…
Uno podría preguntarse: ¿no debería procesarse a las autoridades que fueron advertidas del carácter inconstitucional de las leyes que aprobaban? ¿Y a los propagandistas de esas normas que incurrieron en apología del delito?
ANF