Juicio. Se ventilaba en Tarija. El Tribunal resolvió esa situación ante los problemas cardiacos de Ronald Castedo.
La defensa ganó ayer una pulseta al Gobierno y logró que el juez Sixto Fernández disponga el traslado del juicio oral del caso Rózsa a Santa Cruz ante la imposibilidad de varios coimputados de trasladarse hasta Tarija debido a la altura y que por esa razón sufren problemas cardiacos.
Ref. Fotografia: Audiencia. El tribunal de sentencia del caso Rózsa delibera en Tarija antes de ordenar el traslado.
Es el caso de Ronald Castedo, expresidente de la telefónica Cotas, cuyos abogados hicieron declarar ayer a tres forenses y médicos cardiólogos argumentando que éste, ahora internado en una clínica de Santa Cruz, no podía ser llevado a ciudades que tengan una altura mayor a los 500 metros de altura y por esa razón plantearon que éste sea separado y juzgado en forma independiente en Santa Cruz.
Se trata del proceso derivado del asalto al hotel Las Américas ocurrido el 16 de abril del 2009 en el cual murió Eduardo Rózsa, presunto cabecilla de una red subversiva acusado de un acto secesionista con la dirigencia cruceña.
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El traslado. Heby Ponce de León, abogado defensor de Ignacio Villa Vargas, informó que esa situación no era posible y planteó que de una vez el caso se ventile en Santa Cruz considerando que aquí ocurrieron los hechos, están las pruebas y vive el 90 por ciento de los 39 imputados.
El juez Sixto Fernández deliberó la situación con dos jueces ciudadanos y al final declararon un cuarto intermedio hasta el 18 de febrero para que la audiencia se instale en Santa Cruz.
Soza habló de las logias. El fiscal Marcelo Soza se opuso a la propuesta y alegó que en Santa Cruz corre peligro su vida, especialmente ahora que las logias o grupos de poder se han rearticulado.
Sin embargo, los abogados defensores indicaron que atendiendo el principio de unidad del Ministerio Público indicaron que la Fiscalía General designe otro representante y de esa manera el proceso no se estanque.
Al final, cerca de las 18:00 la audiencia se suspendió con la determinación del traslado y la apertura del caso el 18 de febrero.
El caso se estancará. Otros abogados defensores como Gary Prado indicaron que ahora, lo que corresponde es tramitar la libertad de todos los detenidos, porque al haberse apelado esa determinación es posible que el juicio se atrase unos 6 meses o 1 año teniendo en cuenta la carga procesal que existe. De toda manera indicaron que es en Santa Cruz donde siempre debió juzgarse.
El Día