La Ley Integral contra la Violencia a la Mujer está en la Cámara de Diputados. La comisión declaró trabajo por tiempo y materia.
Multarán al agresor de mujer hasta con el 50% de su sueldo
Sanciones. Esta medida es alternativa a la privación de libertad que un juez deberá determinar para el autor de cualquier acto de violencia contra las mujeres.
Página Siete / La Paz
El proyecto de Ley Integral contra la Violencia a la Mujer, que trata la Cámara de Diputados, prevé multar al agresor con hasta el 50% de su salario como una alternativa a la privación de libertad o cárcel, siempre y cuando la sanción penal sea menor a los tres años o cuando el autor haya cumplido la mitad de su pena mayor a ese tiempo.
El artículo 81 del documento señala que si bien esta multa no reparará el daño civil ocasionado a la víctima, la multa no podrá ser mayor al 50% del salario del denunciado y “si éste es indeterminado, se calculará sobre el 50% del salario mínimo nacional”.
Esta sanción se aplicará siempre que el autor de la agresión no sea reincidente.
Asimismo, la ley integral dispone otras sanciones alternativas, como la detención de fin de semana, desde las 19:00 del viernes hasta las 6:30 del lunes; los trabajos comunitarios por un año como mínimo en favor del gobierno autónomo municipal y la inhabilitación de sus funciones de trabajo por un tiempo.
Instrucciones
La autoridad judicial podrá instruir que el condenado se someta a un plan de conducta como la prohibición de portar armas, abstenerse de asistir a lugares públicos en los que se expendan bebidas alcohólicas o lenocinios; abstenerse de consumir drogas o alcohol; incorporarse a grupos o programas para modificar comportamientos que hayan incidido en la realización del hecho o asistir a un centro educativo o aprender un oficio.
Modificaciones
Dentro de las modificaciones en el procedimiento penal, el proyecto de ley señala que “todos los delitos de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y con discapacidad, son delitos de acción pública”. Es decir, la Fiscalía podrá iniciar una investigación de oficio sin esperar la denuncia de la víctima de un hecho como la violación.
Dentro de las modificaciones en el Código Penal, el delito de violación tendrá una pena de 15 a 20 años de prisión. La actual norma da de cuatro a diez años.
En caso de que la víctima de violación sea menor de edad, la pena privativa de libertad será de 20 a 25 años. Actualmente es de diez a 20 años de prisión.
Sobre el delito de lesiones graves y gravísimas contra una persona, la nueva ley integral prevé una condena de cinco a 12 años de prisión para el acusado, mientras que el actual Código Penal indica de tres a nueve años.
IDIF proyecta incorporar psicólogos para víctimas
El objetivo es atender a mujeres que sufren abusos. Violencia. Las personas que llegan al centro tienen que esperar varias horas para ser atendidas. La filas son interminables.
EL DIA
Ref. Fotografia: Atención. En el IDIF es interminable. La mayoría de los casos que llegan son denuncias de violencia intrafamiliar a mujeres.
Por los últimos hechos suscitados en el país, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), tiene proyectado incorporar psicólogos en la atención a mujeres víctimas de violencia, para su contención y concienciación.
"Hay casos muy especiales que vienen al instituto, sobre todo referidos a violencia a mujeres, entonces lo que estamos planificando es que esas víctimas, aparte de ser atendidas por el respectivo médico forense, también lo hagan por una psicóloga que las pueda contener y concienciar para que esa agresión no se vaya repitiendo y no lleguemos incluso a hechos mayores como la muerte", dijo al El Día, la directora nacional del IDIF, Claudia Pérez Rioja.
Víctimas atemorizadas. El pasado 13 de febrero, al promediar las 16:45, Marcelina Choque llevaba más de diez horas esperando en el IDIF de la ciudad de La Paz una evaluación médica para obtener un certificado forense que compruebe la brutal agresión propinada por su cónyuge. Sostenía en su mano izquierda mechones de su cabello, un pañuelo y la otra sujetaba fuerte el brazo de su madre, quien no contenía el llanto y le repetía: "no te arrepientas, esta vez no".
A diario, decenas de mujeres maltratadas asisten a oficinas del IDIF en todo el país en demanda de certificados médicos por lesiones, pero muchas de esas víctimas no logran ser atendidas por el escaso personal de la entidad, lo que las obliga a regresar a sus hogares con el miedo de volver a recibir más golpes, como dijo Marcelina. "Estaba borracho, pero es igual siempre. Me pega de todo, parece que se ha aburrido de mí", decía inconsolable Marcelina, justo antes de que su esposo la llamara al celular para preguntar por qué no estaba en casa. Asustada ella respondió temerosa: "porque me cansé, ya no me vas a pegar más. Casi me revientas el ojo".
Personal insuficiente. El incremento de la violencia en el país genera una mayor demanda de atención en los centros del IDIF, misma que no puede ser atendida por su reducido personal. Aunque se espera que este año se dispongan más médicos forenses, psicólogos y nuevos equipos de laboratorio, según su directora.
Actualmente en el departamento de Santa Cruz se cuenta con siete médicos forenses, en La Paz con ocho y en Cochabamba con cuatro. Por la menor población, los demás departamentos solo tienen disponibles entre uno y dos forenses.
Asamblea debate ley de violencia contra la mujer
La comisión declaró trabajo por tiempo y materia.
La Prensa, La Paz
VIOLENCIA. Compañeros de trabajo de Hanalí Huaycho cargan su ataúd el pasado miércoles. La Prensa
Para el grupo feminista Mujeres Creando, el proyecto que se trata en el Legislativo es incompleto, porque no toca el tema del acceso a la justicia.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Ever Moya, informó que esa instancia legislativa debate y analiza desde ayer el proyecto de Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres por tiempo y materia.
“Hemos repuesto prácticamente este proyecto de Ley para garantizar una vida libre contra la violencia. Sin embargo, también ha existido una nueva reposición de este proyecto de Ley, y lo vamos a tratar en su estación en grande y en detalle. Es más, lo vamos a declarar por tiempo y materia”.
La ley fue declarada como prioridad de la Asamblea Legislativa por su presidente nato, Álvaro García Linera, después del cruel asesinato de la periodista Hanalí Huaycho.
Entre las propuestas dentro del proyecto de ley figura el reconocer el feminicidio como un delito con un castigo de 30 años de cárcel, sin derecho a indulto. También propone crear tribunales especiales para los delitos de violencia contra las mujeres y evitar la demora en los procesos judiciales.
Exigencia social. Moya explicó que después del asesinato de Hanalí Huaycho, la sociedad civil se pronunció y exigió la pronta promulgación de
esa norma.
Asimismo, recordó que el presidente Evo Morales pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional priorizar el debate de la ley.
El asambleísta señaló que el objetivo de esa norma es “prevenir y garantizar” una vida libre de violencia para las mujeres.
Crítica al proyecto. La agrupación feminista Mujeres Creando manifestó que la Ley de Protección a la Mujer está siendo “mal planteada” e identificó una serie de irregularidades en la normativa que el oficialismo plantea para combatir el feminicidio y la violencia por cuestiones de género.
“La ley es necesaria, pero es una ley que está mal planteada (…) El gran problema es que la víctima no llega al proceso; el problema no es la pena máxima que se le da al agresor. La víctima no llega a abrir el proceso porque la justicia no es gratuita, entre otros aspectos”, dijo María Galindo, representante de dicha agrupación.
Galindo añadió que la norma no fue planteada por sectores de mujeres que trabajan en la temática y tampoco fue socializada, restándole la posibilidad de recibir propuestas que la enriquezcan. Asimismo, cuestionó que dentro del oficialismo haya una suerte de “chantaje” que menosprecia las opiniones que surgen fuera del partido en función de Gobierno.
“La ley debe incluir la asignación de presupuesto y resulta que el Presupuesto General del Estado 2013 ya ha sido aprobado. Creo que estamos tremendamente desorientadas y lo peor es que están haciendo un uso político barato del tema de la violencia”.
Las feministas anunciaron movilizaciones para exigir el tratamiento urgente de la ley.
97 feminicidios fueron registrados en los primeros diez meses de 2012, según el Observatorio Manuela.