Susana Seleme Antelo
Poco importa, pero así canta la copla. Y por unos carnavales, mientras el poder político libaba los excesos del dios Momo, Bolivia perdió el Pacífico. Por otros carnavales, Santa Cruz de la Sierra perdió la ética y la estética de su tradicional fiesta grande. Sí, en despliegue político más oscuro que claro, Evo Morales decreta que el carnaval cruceño es Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional. La anárquica y bullanguera fiesta urbana, con bandas en las calles, embadurnada de colores, enamorada de su tradición y orgullosa de su identidad, es el último botín político de Evo.
Como caballo de Troya, el decreto huele a prebenda: fanfarria y alguna donación, a cambio de la capitulación de las rebeldías cruceñas y la autonomía, lograda en parte, tras siete años de hostigamiento. Morales y los suyos armaron el complot terrorista-separatista para desarticular la unidad opositora aglutinada en el proyecto autonomista. Primero a balas con muertos, heridos, presos y exiliados, sembrando la cultura del miedo y la extorsión; luego, sedujeron también con decretos al capital privado agroindustrial, al que siempre despreciaron, pues está en las antípodas de su proyecto colectivista-originario-indígena-campesino. Ahora violan la tradicional épica del Carnaval cruceño con el beneplácito de autoridades municipales que ‘brincan’ a la par de los verdugos, sin que importe la privación de libertad y el alejamiento que imponen a muchos orientales.
El Carnaval cruceño era patrimonio propio y bastaba: lo cultivan con delectación de enamorados. ¿Para qué un decreto? Para seguir “robándonos el alma”, dirá el ‘vice’. ¿Regalo a Santa Cruz, si Morales acusa a su gente de oligarcas, derechistas, racistas, terroristas, separatistas, neoliberales y etcétera, y lamenta que la población cruceña hubiera superado a La Paz, según el censo 2012?
Salvo la Gobernación cruceña y ahora la beniana, han hecho bien su ‘trabajo sucio’: el control político-territorial total. De ahí que ya pueden ser derogados los artículos-guillotinas de la Ley Marco de Autonomías que despojó de sus cargos a autoridades elegidas democráticamente, pues cumplieron su cometido: amedrentar y matar políticamente a adversarios. Al eliminarlos, el Tribunal Constitucional hace que los muertos que mataron, hoy gocen de buena salud. Entonces los llamados concejales rebeldes deberán retomar sus curules, para que el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra retome la decencia política y la solidaridad con los suyos.
El Deber – Santa Cruz