El fiscal Manuel Guerra lleva adelante el proceso contra los soldados bolivianos y señaló que si bien no participan de la política, "tampoco vivimos en una burbuja". El Ministerio Público tiene diez días para acusar o no a los detenidos, que ayer se declararon inocentes
La Razón Digital / La Paz
Arraigados. Claudio Choque (20), Augusto Cárdenas (19) y José Fernández (18), escoltados por la prensa al salir de la audiencia de ayer.
El fiscal regional de Tarapacá Manuel Guerra sostuvo que el caso de los conscriptos bolivianos “es un conflicto que trasciende de lo jurídico” y anunció que tiene un plazo de diez días, a partir de hoy para definir si acusará o no a los uniformados detenidos el 25 de enero y que ayer se declararon inocentes.
Guerra informó al periódico digital Emol que ahora deberá hacer un análisis de los antecedentes que tiene de la investigación y de las variables del caso. "Si bien no participamos del mundo de la política, tampoco vivimos en una burbuja", sostuvo.
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"Nosotros nos damos cuenta de que este es un conflicto que trasciende de lo jurídico y que tiene implicancias políticas", afirmó el fiscal.
Los conscriptos José Luis Fernández Choque (18), Claudio Álex Choque Quispe (20) y Augusto Cárdenas García (19) decidieron en una audiencia conclusiva de la primera fase de investigación someterse a juicio por las acusaciones de ingreso a territorio chileno por paso no autorizado y con un arma de guerra. Los acusados rechazaron las salidas alternativas de la Fiscalía, que implicaba su libertad pero admitiendo la comisión de los delitos por los que son acusados.
La detención de los uniformados ahondó la tensión entre Bolivia y Chile. El presidente Evo Morales afirmó ayer que su colega chileno Sebastián Piñera asume una actitud de venganza y de mal vecino con la detención de los uniformados, mientras que Piñera respondió que respetan el estado de derecho.
Guerra explicó al periódico digital Emol que entre las opciones o salidas jurídicas al caso están el sobreseimiento, la acusación o el “no perseverar”. Todas estas salidas están sujetas al curso de la investigación fiscal.
A partir de lo ocurrido, la Fiscalía tiene un plazo de 10 días para definir la acusación o no. "Una opción es acusar, otra es el sobreseimiento del caso y una tercera alternativa es adoptar una decisión de no perseverar", explicó Guerra a Emol.
La salida de no perseverar se podría adoptar en caso de que el Ministerio Público considerara que no ha reunido antecedentes suficientes y serios que permitan posibilitar el enjuiciamiento de los uniformados y que a juicio de la Fiscalía, no es así.
"Si se decide sobreseer, significaría decir que son inocentes y que el hecho no es constitutivo de delito, lo que para nosotros (el Ministerio Público) sí lo es", insistió la autoridad del Ministerio Público.
"Y si tomamos la decisión de acusar, es porque efectivamente consideramos que ellos son culpables del delito pidiendo la imposición de una pena determinada", señaló y añadió que en este caso lo que corresponde es que el Juzgado de Garantía cite a una audiencia de preparación para el juicio oral, "la que tendría lugar aproximadamente después de 25 días presentada la acusación" y donde se discutirán las pruebas que serán presentadas ante el Tribunal Oral en lo Penal.
Respecto a la posibilidad de que la Fiscalía ceda ante la petición de la defensa de suspender el procedimiento a los tres soldados –ayer sólo le ofreció dicho beneficio a dos mientras que al tercero le propuso un juicio abreviado-, Guerra aseguró que no descarta ninguna alternativa "porque creemos que hacerlo sería cercenar las facultades que la ley nos otorga".
“La oferta que nosotros les realizamos el día de ayer nos parecía razonable y cumplía y satisfacía ciertos estándares de persecución que tenemos, pero no me cierro del todo a una facultad como terminar con una suspensión condicional para los tres porque sería cercenar mis facultados", afirmó el investigador, agregando que hasta ahora "evalúa todas las alternativas".